El duque de Aliaga admite que sus pozos irregulares junto a Doñana carecían de contadores

Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, ha admitido este jueves que sus nueve pozos clandestinos para extraer agua en su finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), junto a Doñana, carecían de contadores para medir la cantidad que extraía del dañado acuífero bajo sus tierras. Martínez de Irujo ha declarado como investigado ante el juez Pablo Aragón, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor, por un delito contra el medio ambiente, ya que es el gerente de la finca y consejero de la empresa familiar de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria.

Martínez de Irujo ha alegado que su riego entre 2014 y 2024 se ciñó a la cantidad permitida para la balsa de riego autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 605.150 metros cúbicos por año, para tres parcelas que suman 222 hectáreas de naranjos, según fuentes del caso presentes en la declaración. Los cultivos de la finca Aljóbar han cambiado y ahora incluyen olivos, que requieren menos agua, tras haber precintado los pozos el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

La ausencia de caudalímetros en los pozos de la finca Aljóbar para medir el agua extraída del deteriorado acuífero Aljarafe Sur, muy próximo al Parque Nacional de Doñana, contraviene la Ley de Aguas de 1986. El artículo 102.bis sobre el control efectivo de caudales en usos privativos del Reglamento del dominio público hidráulico fija que todo usuario privativo del agua debe tener contadores y comunicar sus datos de consumo de agua a las autoridades, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recuerda Rafael Seiz, técnico del Programa de Agua del fondo WWF.

El aristócrata latifundista ha aducido ante el magistrado que tras heredar en 2016 la finca de su abuela, Cayetana de Alba, desconocía su funcionamiento al residir sobre todo en Madrid y solo tras la denuncia de los técnicos de Confederación en 2023 intentó regularizar los pozos hoy precintados. Martínez de Irujo ha añadido que dichos técnicos habían acudido en anteriores ocasiones a su propiedad y que nunca le advirtieron de la supuesta ilegalidad que ahora denuncian. El duque de Aliaga solo ha respondido a las preguntas del juez y ha evitado a la acusación particular, representada por Ecologistas en Acción, antes de salir a toda prisa del juzgado para evitar que los fotógrafos captaran su imagen.

En octubre de 2023 el padre de Luis Martínez de Irujo, Alfonso, admitió la irregularidad de no inscribir los pozos a preguntas de este diario, aunque le quitó hierro: “Hay una serie de pozos más de los debidos, pero no es tan malo como aparenta. Hubo pinchazos hace 20 años, pero no los hice yo y desde hace cinco años [que dirige la explotación] había otras urgencias como la maquinaria. Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema”.

En esta causa, nacida hace un año y medio tras las denuncias de extrabajadores de la finca Aljóbar y una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, la Guardia Civil ha cifrado en seis millones de euros el daño ecológico causado por las extracciones disparadas de agua para naranjas gourmet. Los investigadores calculan que el robo de agua ha oscilado entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. En paralelo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla constató que el acuífero tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel de piezómetros los últimos cinco años, lo que ha supuesto daños importantes sobre el ecosistema que podrían llegar a ser irreversibles por la conexión de los acuíferos con la tierra, la fauna y la flora.

El duque de Aliaga resultó imputado en la causa después de que el juez atendiera este invierno la petición de la Casa de Alba para que su tía Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, cesara como investigada como en un principio ocurrió, por ostentar la presidencia de Eurotécnica Agraria. Tanto Luis Martínez de Irujo como su abogado, José García-Carranza, han rechazado opinar sobre su declaración ante el juez.

La extracción de agua supuestamente ilegal ha producido una cosecha de 53 millones de kilos de naranjas en la última década hasta 2024, según la contabilidad interna de la empresa de la Casa de Alba. Esos 53 millones de kilos han generado un beneficio estimado de unos 29 millones de euros en total, a un precio aproximado de 0,55 euros el kilo, estima un productor de naranjas gourmet que exige anonimato.