La Guardia Civil acusa a la Casa de Alba de causar un daño ambiental valorado en seis millones por el saqueo del agua

La Guardia Civil ha cifrado en seis millones de euros el daño ecológico que la empresa de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria ha causado por la extracción supuestamente ilegal de agua del acuífero, mediante sus ocho pozos clandestinos en una finca junto a Doñana. El instituto armado entregó hace un mes su atestado a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que acusa a la familia terrateniente de una “extracción ilícita” de al menos 3.800 millones de litros de aguas subterráneas, que está minando el deteriorado acuífero Aljarafe Sur, muy próximo al Parque Nacional. Los investigadores calculan que este presunto saqueo de agua que ha durado una década y ha generado un daño ambiental de entre 6,1 y 6,4 millones de euros, dado que el robo ha oscilado entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, entre 3.807 y 6.640 millones de litros.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla resume así el daño causado a la reserva por la familia latifundista en su finca Aljóbar, preñada de cultivos de naranjas gourmet: “El acuífero tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel de piezómetros los últimos cinco años, supone daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles debido a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices (suelo, agua, biota)”. El ministerio público aportó el informe policial derivado de la Operación Jimba en una causa que nació hace un año tras denuncias de los extrabajadores de la propia finca, que habían comprobado cómo solo dos pozos estaban autorizados, pero se regaba con ocho más. En la causa figura como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un delito contra el medio ambiente, aunque su hermano Alfonso, duque de Híjar, ya aclaró ante el juez que la finca la gestiona él junto a su hijo Luis.

Tras certificar la Guardia Civil que la finca estaba regando sus naranjos sin permiso y pese a que los pozos habían sido precintados, el pasado otoño el magistrado Pablo Aragón declinó cerrar dichos pozos y pasó la patata caliente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Esta finalmente ejecutó el cierre el pasado noviembre tras la inacción del magistrado y después de comprobar que carecían de controles volumétricos y “con indicios de despilfarro de recursos (fugas)”.

La Guardia Civil hace hincapié en que la sobreexplotación del acuífero es “muy relevante” porque el agua subterránea circula en Doñana de Norte a Sur, y el acuífero bajo el que se asienta la finca Aljóbar está hidráulicamente conectado con la gran masa Almonte-Marismas y el río Guadiamar, corazón de la red superficial que nutre Doñana. El atestado policial enumera los hábitats en torno a los humedales que han sido afectados por el supuesto expolio de la Casa de Alba. “El deterior del Parque Nacional de Doñana es cada vez más notorio”, concluye el informe.

Para valorar el daño al dominio público hidráulico, la Guardia Civil divide la cuantía en tres: el valor del recurso extraído, el valor de restauración y el valor de pérdida de los servicios ecosistémicos. La finca tenía autorizada la extracción de 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas que suman 222 hectáreas, de las cuales estaban cultivadas 205. Desde 2021 la superficie cultivada se redujo a 164 hectáreas, minoración que tienen en cuenta los agentes para dividir el daño en dos periodos, de 2014 a 2020, y de 2021 a 2024. La conclusión es tajante: “El volumen extraído de forma ilegal durante el periodo de 2014 a 2021 es de 3,8 a 6,6 millones de metros cúbicos”. A esas cifras le añaden el beneficio económico obtenido por la Casa de Alba: entre 5,8 y 6,1 millones de euros.

Los agentes destacan que el robo de agua ha provocado el descenso paulatino del acuífero, que entre otros efectos lleva a la salinización del suelo y la desertificación progresiva del entorno en la superficie, que daña y mata a la flora y la fauna. “La evaporación elimina parte de la humedad del suelo, formándose un depósito de sal en el suelo, con una serie de repercusiones directas sobre las plantas”, ejemplifican los investigadores.

Para la organización denunciante del caso Ecologistas en Acción, el daño causado a Doñana es llamativo: “El informe no solo constata los daños causados por la sobreexplotación durante 10 años a la masa de agua subterránea, sino que concluye que las extracciones han afectado a las masas de agua adyacentes, entre ellas el antiguo acuífero Almonte-Marismas y al río Guadiamar. La importancia de la sobreexplotación es relevante porque afecta a los valores ecosistémicos de Doñana, a los hábitats de interés comunitario y la avifauna”, concluye Antonio Amarillo, portavoz de los conservacionistas.