La Fiscalía pide continuar la investigación a la Casa de Alba por ocho pozos clandestinos junto a Doñana

Hace un año que la Guardia Civil denunció por delito ecológico a la empresa de la Casa de Alba Eurotécnia Agraria por ochos pozos clandestinos en una finca junto a Doñana y ahora la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla pedirá que la investigación prosiga. Los indicios recabados ratifican la acusación de haber dañado supuestamente durante al menos una década un acuífero muy próximo a la reserva natural, según el ministerio público. Mientras, la empresa ha pedido regularizar dichas captaciones antaño ocultas ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a las pesquisas judiciales que afronta.

El juez del caso, Pablo Aragón, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), preguntó hace dos semanas al ministerio público si debía continuar la investigación contra Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, como presidenta de Eurotécnica Agraria, y en breve la Fiscalía responderá que los informes técnicos respaldan la investigación en marcha, según fuentes del ministerio público.

La Guardia Civil censuró en su atestado policial entregado hace un año el beneficio obtenido por la familia terrateniente gracias a su finca Aljóbar en Aznalcázar, de 200 hectáreas con naranjas a las puertas de Doñana: “El fruto resultante de esa detracción ilegal de agua de manera continuada y en momentos en el que las precipitaciones anuales en esta comunidad autónoma han venido padeciendo un declive muy acusado, se habrían constituido como un beneficio ilícito durante años bastante lucrativo”.

Tras interrogar como testigos a tres exempleados de la finca, el Seprona de la Guardia Civil entregó sus conclusiones el pasado verano a la Fiscalía de Medio Ambiente en la capital andaluza. El ministerio público se querelló contra Eurotécnica Agraria y a continuación el magistrado Aragón citó como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, presidenta de la empresa que gestiona la finca, pero Eurotécnica Agraria pidió al juez que en su lugar declarara su sobrino Luis Martínez de Irujo, gerente de la explotación. El magistrado no respondió a dicha petición y la dejó a expensas de los resultados de los informes periciales, por lo que de momento la duquesa de Montoro permanece como investigada al ostentar la presidencia rotatoria entre los hermanos aristócratas.

El ministerio público considera que los ocho pozos han dañado supuestamente durante al menos una década la masa de agua subterránea Aljarafe Sur, muy próxima al parque nacional. La Fiscalía estima que “los riegos ilegítimos” llevados a cabo supusieron un consumo de 305.851 metros cúbicos de agua [305 millones de litros] y una cuantía de 36.702 euros, solo durante la última campaña de recogida de naranjas. Es decir, el supuesto robo de agua alcanzaría los tres millones de metros cúbicos a lo largo de la última década.

Hace una semana el abogado de la sociedad de los Alba, José García Carraca, acudió a la finca para pedir la reapertura de los ocho pozos a la Confederación en el acto de confrontación planteado por el organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, junto a Ecologistas en Acción, que había denunciado las extracciones irregulares tras el aviso de varios extrabajadores.

“Hemos pedido a la Confederación que paralice la transmutación de derechos de agua solicitada por la Casa de Alba porque el asunto está en vía judicial”, protesta Antonio Amarillo, coordinador de aguas para Ecologistas en Acción en Andalucía. Este acto de confrontación es parte del proceso administrativo por el que la Confederación podría legalizar los pozos de los Alba pese a las pesquisas policiales abiertas.

El pasado octubre el juez ordenó a la Guardia Civil precintar los pozos, pero esta primavera Eurotécnica Agraria reclamó al magistrado el desprecinto de las captaciones en base a un informe preliminar de la oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, favorable a su legalización. Con el argumento de que “la masa subterránea Aljarafe Sur se encuentra en buen estado conforme al Plan Hidrológico, no suponiendo la concesión aumento de superficie ni volumen de regadío, ni modificación en la fuente de recursos”, el magistrado accedió hace un mes a levantar las medidas cautelares.

Eso sí, el sargento del Seprona en Sevilla, encargado del desprecinto de los pozos, advirtió a los dueños de la explotación: “Sin contar con todas las autorizaciones pertinentes, los interesados no deberían hacer uso de los pozos desprecintados. Mientras una documentación está en trámite, es un proceso no finalizado y una mera expectativa de alcanzar un derecho aún no consolidado”. Ecologistas en Acción lamenta que pese a estar personados en el proceso no pudo recurrir la decisión del juez: “No pudimos pronunciarnos sobre el desprecinto y nos quejamos de una posible indefensión, ya que el juzgado no nos traslada las actuaciones”, incide Amarillo.

Este diario ha intentado recabar la versión de los hechos de los Alba y su abogado García Carraca, pero han declinado pronunciarse al respecto. Del acto de confrontación hace una semana dio fe un técnico de la firma privada Heymo Ingeniería. Preguntada al respecto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha rechazado explicar por qué no estuvo presente ningún funcionario y optó por delegar esta tarea de verificación.

La propiedad de Aljóbar, que tenía permiso oficial para el uso de dos pozos, estaba regando supuestamente con ocho captaciones, cuya irregularidad admitió el pasado octubre Alfonso Martínez de Irujo, que gestiona la finca junto a su hijo Luis: “Hay una serie de pozos más de los debidos, pero no es tan malo como aparenta (…) Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema”, reconoció el duque de Híjar.

Tras las denuncias de los extrabajadores, la finca, que producía 5,3 millones de kilos de media anual de naranjas gourmet y un beneficio anual de entre 700.000 y 800.000 euros, se transformó para albergar 94 hectáreas de cítricos y 67 de olivar súperintensivo, que consume menos agua que las naranjas de primera calidad.

Los exempleados denunciaron que ninguno de los ocho pozos clausurados tenía caudalímetros, estaban cubiertos por lonas verdes para evitar su detección satelital y llenaban la balsa 2,5 veces al año, un volumen de agua mayor del autorizado. “El contador que tiene el pozo autorizado no funciona”, declaró como testigo un extrabajador de Aljóbar el pasado 23 de junio al Seprona. En su propuesta de reordenación del regadío para aprovechar el permiso de riego de 605.150 metros cúbicos al año, los terratenientes alegan que “se instalará un contador tipo woltman de 63 mm en la tubería primaria, que sale de todas las captaciones (…) el titular del aprovechamiento se compromete a en el primer trimestre de cada año natural informar al organismo de cuenca de los volúmenes captados”.

Mientras, tras un año de pesquisas, la Fiscalía está a la espera de nuevos informes periciales de la unidad técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente que confirmen la comisión del delito contra el medio ambiente al dañar la calidad del acuífero afectado, tal y como apuntaron los técnicos de la Confederación a principios de 2023.