La Fiscalía se querella contra una firma de la Casa de Alba por ocho pozos clandestinos junto a Doñana

La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra la empresa de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria por ocho pozos clandestinos en una finca de naranjas de 200 hectáreas junto al parque nacional de Doñana. Tras la querella del ministerio público presentada hace un mes, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un delito contra el medio ambiente. Los ocho pozos irregulares de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) han dañado supuestamente durante al menos una década una masa de agua subterránea muy próxima a la emblemática reserva, por lo que el Seprona de la Guardia Civil acudió este verano para frenar las extracciones.

“Los riegos ilegítimos llevados a cabo arrojan un consumo de 305.851 metros cúbicos [305 millones de litros] y una cuantía económica de 36.702 euros”, calcula la Fiscalía sobre el supuesto robo de agua en la masa Aljarafe Sur llevado a cabo solo durante esta última campaña. El ministerio público pide extender el cómputo de agua detraída a la última década y considera que los propietarios incurrieron en un delito de desobediencia al impedir el paso a la finca a los agentes del Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando acudieron a cerrar los pozos el pasado 12 de junio. La Guardia Civil confirmó finalmente el sellado de las extracciones el pasado jueves.

“No es tan malo como aparenta”

El terrateniente Alfonso Martínez de Irujo, que gestiona la finca junto a su hijo Luis, admite la irregularidad de no inscribir los pozos, pero le quita hierro: “Hay una serie de pozos más de los debidos, pero no es tan malo como aparenta. Hubo pinchazos hace 20 años, pero no los hice yo y desde hace cinco años [que dirige la explotación] había otras urgencias como la maquinaria. Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema”, reconoce. El duque de Híjar ha presentado un escrito en el juzgado para que en vez de su hermana Eugenia declare como investigado su hijo Luis Martínez de Irujo, gerente de la finca los últimos años.

El magistrado que dirige las pesquisas, Pablo Aragón, admitirá previsiblemente el cambio de persona imputada, ya que Eugenia ha sido llamada como presidenta de Eurotécnica Agraria, cargo rotatorio de la sociedad familiar que aglutina la mayoría de las tierras de los Alba entre Extremadura y Andalucía, incluida Aljóbar. “Esa finca no es de mi propiedad y no tengo ningún vínculo ni responsabilidad con ella”, matiza la duquesa sobre la enorme propiedad, con una superficie equivalente a 285 campos de fútbol.

La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra la Casa de Alba surgió tras una denuncia de Ecologistas en Acción a principios de verano y llega tras la interpuesta hace un año y medio contra el empresario y extorero Miguel Báez El Litri por cuatro pozos junto a Doñana. En paralelo, el ministerio público ganó hace un mes un juicio contra la familia de cinco hermanos terratenientes Campos Peña, condenados a tres años y medio de cárcel y cuya finca está muy próxima a Aljóbar, ambas en Aznalcázar.

Las 200 hectáreas de naranjos cuentan con un permiso oficial de riego de 606.500 metros cúbicos de agua al año con una enorme balsa y dos pozos, uno de ellos de uso doméstico y hoy seco. La estrategia judicial de la empresa de los Alba es alegar que los ocho pozos abiertos a posteriori y sin permiso no excedieron esa cantidad de agua autorizada para extraer del acuífero. El abogado de Alfonso, José García-Carranza, rechaza que el dominio público hidráulico haya resultado dañado. “Tenemos derechos de riego y el caudal extraído es el correcto, nunca más de lo autorizado, la única discrepancia con la Confederación es cómo se extrae el agua”. El letrado asegura que cuando vetó la entrada a los agentes en la finca el pasado junio no incurrió en desobediencia, como sostiene la Fiscalía, porque la autorización judicial de los agentes para la medida cautelar del cierre de pozos había sido recurrida y no era firme.

Sin embargo, el casero de la finca hasta el pasado junio y las personas que pusieron la primera denuncia ante la Confederación rebaten la versión de la familia aristócrata. “Es imposible y mentira que los ocho pozos sacaran tanta agua como el primer pozo y sobre todo que sean capaces de llenar la balsa hasta tres veces al año”, censura Javier Benítez, trabajador de Aljóbar que permitió al Seprona entrar a la finca el pasado 7 de junio para localizar los pozos. Días después, abandonó su puesto de trabajo tras 14 años, asfixiado por la presión del gerente de la finca, según critica. “Luis [Martínez de Irujo] no me echó ni me insultó, pero me hizo la vida imposible y me humilló. El sindicato me dijo que aguantara y al final me fui con una mano delante y otra detrás tras trabajar 24 horas al día, sin vacaciones durante la primera década de contrato”, asegura.

En paralelo, uno de los denunciantes ante la Confederación, que exige anonimato, cuestiona la versión de los latifundistas: “Si el dueño pensaba inscribir los pozos, ¿para qué los camuflaba con lonas verdes y escondía los cuadros eléctricos metidos en los naranjos? ¿Cómo controla la propiedad lo extraído por los ocho pozos para saber si ha sobrepasado los 600.000 metros cúbicos si carecen de contadores volumétricos? ¿Con esa cantidad llenaban la balsa dos veces y media por campaña? Los naranjos cada vez necesitaban más aportación de agua porque crecían año a año, y porque cada vez llueve menos. Incluso se ha regado en enero y febrero para hidratar la fruta, para que no se queme con las heladas”. Una tercera persona vinculada a la finca y que también pide preservar su identidad confirma que la balsa se llenaba tres veces cada temporada.

Luis Martínez de Irujo, gerente de la finca y consejero de la empresa, rebate las acusaciones y asegura que la balsa solo se llenaba una vez y siempre sin rebasar los 606.000 metros cúbicos concedidos. “Tardamos todo el invierno en llenar la balsa. Es imposible que se llene más veces, no hemos robado agua”, defiende el duque de Aliaga.

La balsa tiene 9,5 metros de altura y una capacidad de 304.566 metros cúbicos, según fuentes del caso. Si ha sido llenada tres veces al año, esto arrojaría un total de 913.698 metros cúbicos, cantidad que sobrepasa el permiso oficial en 307.198 metros cúbicos. Esta cifra es muy parecida al cálculo de los técnicos de la Confederación Hidrográfica, que sitúan “los riegos ilegítimos” de la finca en 305.851 metros cúbicos.

En su querella, la Fiscalía solicita al juzgado que recabe un informe de la unidad técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que ambos organismos determinen el volumen extraído con los pozos y “si la detracción de aguas ha causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado, si tal detracción pudiera perjudicar gravemente el equilibrio del mismo o incluso si tal detracción pueda haber creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”. Además, le pide a la Confederación, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, que calcule el importe económico de los perjuicios ocasionados para restaurar la zona a su estado originario.

La campaña de riego en la finca Aljóbar es por goteo y se extiende desde junio hasta octubre, con una cosecha de 53,6 millones de kilos de naranjas en la última década hasta 2021, según la contabilidad interna. Esos 5,3 millones de kilos de media anual de naranjas gourmet ―de variedades navelinas, salustianas, navelate, lanelate y valencia―, generaban un beneficio anual de entre 700.000 y 800.000 euros, según fuentes del caso. Mientras, la finca Aljóbar ha recibido 1,4 millones de fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) solo en los ejercicios 2021 y 2022, según refleja el Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este último año la finca se ha transformado y de las 200 hectáreas de naranjos se ha pasado a solo 93, y próximamente contará con 67 hectáreas de olivar superintensivo en seto y 40 sin plantación, mutación que exige un riego mucho menor que antaño, confirma Luis Martínez de Irujo.

Ecologistas en Acción recogió el guante de los dos primeros denunciantes y reiteró los hechos ante la Confederación el pasado julio. “El expolio de agua se ha normalizado en grandes fincas en connivencia con la Administración responsable. Parece que ha habido cierta impunidad con apellidos de renombre durante mucho tiempo para hacer la vista gorda, esto no puede quedar al albur de que los ecologistas denuncien, porque Aljóbar ya se denunció hace años con un sellado provisional”, censura Antonio Amarillo, coordinador de aguas para esta ONG en Andalucía.

Cayetano Martínez de Irujo, consejero de Eurotécnica Agraria enfrentado a sus hermanos Eugenia y Alfonso y que dirigió la explotación entre 2009 y 2015, asegura que el organismo de Transición Ecológica estaba supuestamente al tanto de los pozos. “Yo luché mucho para intentar legalizarlos [los pozos] pero sí legalicé la balsa”, destaca. ¿Qué le respondió Confederación sobre los pozos? “Lo dejaron en stand-by, no me lo denegaron, ni sí ni no, se quedó sin responder”. Una portavoz de Confederación sostiene que no les consta dicha petición.

Aljóbar extrae agua de la masa de agua subterránea del Aljarafe Sur, limítrofe con el acuífero que alimenta Doñana y con un altísimo índice de explotación de 1.07. Este valor significa que se saca más agua del recurso disponible establecido por la Administración. “Es incongruente que con ese índice las autoridades mantengan el buen estado cuantitativo de la misma, debería declararse en mal estado pues se está sobrexplotando”, censura Rafael Seiz, coordinador de política del agua de WWF. Sobre los pozos clandestinos, aclara: “Desde la primera ley de aguas moderna de 1985, una disposición transitoria permitía mantener los pozos como aguas privadas, pero con las condiciones de no modificar de ninguna forma la concesión autorizada y de no hacer cambios en la forma de explotar esos pozos. Si se extrae más agua, esos pozos deben estar sometidos al control de la Administración a través de una nueva concesión específica”, advierte.

En paralelo a la causa penal recién abierta por los pozos clandestinos, la finca Aljóbar mantiene desde hace una década un contencioso-administrativo con el Ayuntamiento de Aznalcázar, que pelea por lograr que sus vecinos puedan recorrer un camino de herradura ―a pie o con tracción animal― que atraviesa parte de la enorme explotación agraria.

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