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Tribuna:

Arqueología y Guerra Civil

En los últimos tiempos ha crecido el interés en torno al patrimonio de la Guerra Civil Española, que, no lo olvidemos, se dio en la lejana primera mitad del siglo pasado. Los testigos directos de aquella contienda desaparecen irremisiblemente y en los próximos lustros se extinguirán. No ha de sorprender, por lo tanto, que abunden los intentos de recuperar esta memoria viva que desaparece. Numerosas iniciativas públicas y privadas dan fe de ello. También suscita interés el patrimonio mueble e inmueble vinculado a aquella contienda: campos de batalla, refugios antiaéreos urbanos, aeródromos, fosas comunes, artefactos y maquinaria bélica, prensa y documentos escritos diversos son objeto de investigación y análisis. Cuanto más se aleja cronológicamente la Guerra Civil de nosotros más se percibe un afán de comprenderla desde la perspectiva científica, patrimonial e histórica. Y, a pesar de la carga ideológica que el conflicto tuvo en su siglo, hoy este contenido empieza a diluirse para dejar paso a otro tipo de análisis, más objetivo y científico, como no podía ser de otra forma. Hoy, pues, la Guerra Civil no es ya un objeto de confrontación política, sino un tema de investigación y divulgación histórica que goza de gran interés en nuestro país.

En España se han dado pasos importantes en este sentido y buena prueba de ello son las propuestas suscritas unánimemente tanto por el Parlamento Español como por algunos parlamentos autonómicos. Sin embargo, todavía no siempre están claras las acciones y pasos que seguir para recuperar, investigar y poner al alcance de todos el ingente patrimonio legado por la Guerra Civil española.

Desde la óptica de un tratamiento científico-patrimonial resulta evidente que, a pesar de las múltiples facetas de un conflicto bélico, el legado patrimonial de una guerra es único y no se debe fragmentar ni es posible excluir de él una parte significativa. Ésta es la primera regla de cualquier enfoque científico-técnico de la cuestión.

La segunda regla, válida y respetada en toda Europa, es la incuestionabilidad de los restos del pasado bélico reciente como parte integrante y fundamental del patrimonio. En efecto, nadie duda, más allá del Pirineo, que campos de batalla, fosas, refugios y artefactos son patrimonio común que debe ser tratado científicamente como tal.

La tercera exige no diferenciar entre lo "mostrable" y lo "no mostrable" bajo cualquier excusa o falacia. Nadie está autorizado para erigirse en censor de lo aceptable o no aceptable del pasado. No se puede excluir de la investigación, del análisis y de la divulgación aquello que alguien, erigiéndose en juez, considera desagradable o morboso de este pasado.

Finalmente, hay una cuarta y última regla que nadie debería olvidar y es que aquello que requiere ser extraído del subsuelo con fines científicos sólo puede ser recuperado utilizando la metodología arqueológica.

Los ejemplos que jalonan estas reglas son ingentes en todos los países cultos y baste como muestra las sistemáticas excavaciones para recuperar los cadáveres de la batalla del Somme, la Ruta del Terror de Berlín o los campos de concentración convertidos en museo. En España tenemos el ejemplo de las defensas de Madrid excavadas recientemente por la doctora Amalia Pérez y por el doctor Jorge Morín. En este sentido, es inquietante y hasta cierto punto incomprensible la situación del patrimonio de la Guerra Civil en Cataluña. Un análisis somero evidencia que la mayoría de los principales espacios históricos de los escenarios bélicos no gozan ni siquiera de la mínima protección legal. Tampoco se impulsan políticas realistas de musealización y de divulgación; se tolera el vergonzoso saqueo de los restos materiales de los yacimientos arqueológicos de los campos de batalla; muchos de estos restos son objeto de comercio que, dada la dudosa protección legal, no es ni siquiera claramente ilícito. Ello puede suceder porque no existe en la Administración responsable de preservar el patrimonio, la Generalitat de Cataluña, la conciencia de que estos restos forman parte de dicho patrimonio y que, por lo tanto, sea necesaria su conservación.

Como muestra de ello hay que citar el caso paradigmático de la fosa común del municipio de Albinyana (Baix Penedès), en la que fueron enterrados en 1939 medio centenar de soldados republicanos. Una iniciativa conjunta de las Universidad de Barcelona y la Rovira i Virgili de Tarragona se proponía excavarla.

Estas universidades querían iniciar de forma diáfana una excavación sobre las fosas de la Guerra Civil con todas las garantías científicas, así como fijar un modelo que conjurara actuaciones descontroladas y dañinas en este campo.

Desgraciadamente, la excavación ha sido bloqueda. El alcalde del pueblo de Albinyana, donde gobierna CiU, lo ha impedido. Sin otras razones que "Presidencia de la Generalitat no lo considera oportuno", ha negado el preceptivo permiso. No hay argumentos, tan sólo temores. No sólo quedan enterrados en Albinyana los cuerpos de estos muchachos que murieron en defensa de la República; ahora también queda enterrada su memoria.

En casos como el expuesto se vulneran todas las reglas, y eclosiona el esperpento. El clamor suscitado en Cataluña por el tema de las fosas comunes, estimulado por emisiones televisivas, condujo al Parlamento catalán a hacerse eco. Así, desde el legislativo se instó al Gobierno de la Generalitat a intervenir. Curiosamente, las iniciativas de la Generalitat se han gestado a través del Departamento de Presidencia. Hubiera sido lógico que un tema de arqueología, y en definitiva científico, se vehiculara a través del Departamento de Cultura y la Dirección General de Patrimonio. No fue así. La Generalitat, con una concepción oscurantista, ha optado por situar las fosas en la órbita de lo político. El tratamiento de estas fosas se segrega del estudio del patrimonio general de la Guerra Civil. Parece ser, pues, que el tema es tratado con secretismo y ocultación; lo tratan como un tema morboso, que hay que ocultar. ¿De quién? ¿Por qué?

La política de la Generalitat al respecto puede incidir en la destrucción de este singular patrimonio. Es inconcebible que con argucias se impida a los equipos científicos universitarios intervenir en el tema. ¿Por qué quieren ocultar la historia reciente? ¿De qué tienen miedo?

Joan Santacana es arqueólogo. Firman también este artículo Eudald Carbonell y Robert Sala, de la Universidad Rovira i Virgili, y Francesc Xavier Hernández, de la de Barcelona, todos miembros del equipo que proyectaba excavar la fosa de Albinyana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de junio de 2003