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LA POSGUERRA DE IRAK

El administrador de Irak disuelve el Ejército y los aparatos de seguridad de Sadam

Bremer expropia los bienes de estos organismos y destituye a todos sus empleados

Guillermo Altares

El administrador civil estadounidense para Irak, Paul Bremer, ordenó ayer la disolución del Ejército iraquí, de los aparatos de seguridad del antiguo régimen, así como de instituciones controladas por los hijos de Sadam, como el Comité Olímpico Iraquí, además de los ministerios de Defensa y de Información. Este nuevo decreto de Bremer, que fue leído por la radio que los estadounidenses utilizan para enviar mensajes a la población, se produce dentro de una ofensiva general contra la estructura de poder en la que se apoyó Sadam.

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La administración civil estadounidense en Irak prohibió primero a los cargos del antiguo partido único, el Baaz, trabajar en la nueva organización administrativa del país y esta semana ha exigido a 200.000 funcionarios que se presenten ante las autoridades de ocupación para registrarse.

"La Autoridad civil provisional tiene previsto fundar, en un futuro próximo, nuevos organismos iraquíes de seguridad, como primer paso para el establecimiento de una nueva fuerza de defensa del Irak libre, que estará bajo control civil. Estas acciones forman parte de una vigorosa campaña con la que se quiere demostrar al pueblo iraquí que el régimen de Sadam Husein ha desaparecido definitivamente y nunca más regresará", señala la orden firmada por Bremer.

"La orden anula el servicio militar obligatorio, expropia las propiedades de las Fuerzas Armadas, que pasan a manos de la Administración civil, y destituye a todos sus empleados", agrega el texto, similar en su contundencia al que prohibía a los miembros del Baaz formar parte de cualquier estructura del Estado.

La orden de Bremer afecta, en realidad, a un Ejército que ya no existe, aunque llegó a ser uno de los más poderosos de Oriente Próximo en el periodo anterior a la guerra del Golfo de 1991. Antes de la invasión de Estados Unidos y el Reino Unido, que comenzó el 20 de marzo, contaba con unos 360.000 soldados, la inmensa mayoría, salvo las unidades de élite como la Guardia Republicana, mal armados, atemorizados ante sus propios oficiales y comisarios políticos, desmotivados y apenas alimentados. Médicos españoles del hospital de campaña del campo de prisioneros de Um Qasr, en el sur del país, relataron que asistieron a soldados con enfermedades como tuberculosis o diabetes.

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La mayoría de sus cuarteles son ahora montañas de escombros y su armamento está destrozado: las carreteras iraquíes están llenas de todo tipo de material militar, desde carros de combate hasta lanzamisiles, vehículos de transporte de tropas o piezas de artillería, calcinados por los helicópteros Apache estadounidenses. Un espectáculo similar puede contemplarse en Bagdad, donde hay misiles abandonados en varias calles.

Reclamos salariales

Esta semana, unos 300 soldados y oficiales del Ejército iraquí se habían manifestado para reclamar sus salarios e incluso habían amenazado con utilizar sus armas para ser pagados. Quizás esa fue la gota que colmó el vaso. El comunicado de Bremer, que no aclara cuándo comenzará a construirse el nuevo Ejército iraquí, señala que antes de la disolución del Ejército se pagará un mes de salario.

La policía, en cambio, sí ha sido autorizada a volver a trabajar, aunque todos los agentes han sido investigados antes de ocupar sus puestos. Hasta ahora, unos 4.000 policías han regresado y muchos de ellos han recibido armas, incluso fusiles de asalto AK-47.

La nueva orden del administrador provisional se produce un día después del levantamiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del embargo contra Irak, una noticia que ha sido recibida con alegría pero también con escepticismo por la población. "El fin del embargo es muy importante; pero lo esencial es la seguridad, la vuelta de la electricidad y del agua", señalaba ayer Saif Abdelaziz, de 63 años, dueño de una tienda de pinturas en la capital. Como él, otros comerciantes consultados señalaron que lo que necesitan para que los negocios vuelvan a funcionar es, por encima de todo, la seguridad en las calles de la capital.

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Sobre la firma

Guillermo Altares
Es redactor jefe de Cultura en EL PAÍS. Ha pasado por las secciones de Internacional, Reportajes e Ideas, viajado como enviado especial a numerosos países –entre ellos Afganistán, Irak y Líbano– y formado parte del equipo de editorialistas. Es autor de ‘Una lección olvidada’, que recibió el premio al mejor ensayo de las librerías de Madrid.

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