Los arquitectos rechazan derribar el renovado teatro romano de Sagunto

El auto que ordena ejecutar a la Generalitat Valenciana la sentencia de derribo de la polémica rehabilitación arquitectónica del teatro romano de Sagunto, diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, ha provocado una dura reacción del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. En un escrito acordado en sesión plenaria, que representa a todos los decanos, el organismo considera que "la decisión que pretende recuperar el teatro romano en su estado previo a la actuación mediante la demolición de la obra nueva incorporada, supondría materialmente, de ejecutarse, una mayor destrucción patrimonial que la que se pretende corregir". "Por ello, proponemos que se busque el cauce más razonable para mantener la actuación ya realizada, tanto para evitar el mencionado daño como el respeto que merece un trabajo arquitectónico de incuestionable corrección técnica y estética pensado para recuperar la concepción espacial y funcional del monumento".

Los decanos piden también el cambio de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que la sentencia del teatro romano "se limita a aplicar en sus términos literales", sin interpretarla: "La ley vigente de 1985 se basa en principios culturales -el restauro storico- ampliamente superados en la actualidad. Ello es motivo suficiente para solicitar a los poderes públicos y a los partidos políticos que promuevan una iniciativa parlamentaria de revisión conceptual de dicha ley". Estas consideraciones se realizan "unánimemente" por los representantes de los colegios de arquitectura, "sin perjuicio del respeto debido a la sentencia", añade el escrito firmado por Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo.

Menos agresivo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictó un auto el pasado 23 de abril que daba a la Generalitat seis meses para ejecutar la sentencia de 1993 de la propia sala, que declaraba ilegal la obra nueva en virtud de la citada ley, fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 2000. El auto mandaba demoler el muro del escenario hasta una altura de 1,2 metros y quitar las placas de mármol que cubren gran parte del graderío, lo que significa "deshacer el concepto de la intervención", en palabras de Portaceli, quien esperaba un auto menos agresivo, al igual que el alcalde de Sagunto, Silvestre Borrás, del PP.

El largo proceso judicial fue iniciado por el abogado Juan Marco Molines, posteriormente diputado autonómico del PP, quien no ha cesado en su idea de ejecutar la sentencia. Los populares incluyeron en su programa electoral de 1995 el derribo de las obras. Ahora, la Generalitat, gobernada por el PP, ha ido demorando el litigio pidiendo más tiempo para realizar informes y crear una comisión de expertos. La Generalitat ha recurrido el último auto del TSJ pidiendo un año y medio para cumplirlo.

La intervención ha sido polémica desde el principio. Y más polémica se ha generado ahora en Sagunto ante la idea de destinar cuantiosos recursos públicos para derribar una obra discutida, pero consolidada, que permite su uso.