El río sin cabras

Todavía no clareaba cuando Alonso Sánchez Fuentes escuchó tal fragor que pensó en el avance alocado de las aguas de un pantano roto. Y algo se había roto aquella madrugada del 25 de abril de 1998 varios kilómetros más arriba del valle del Guadiamar: una balsa minera que soltó seis millones de litros de lodos piríticos y aguas ácidas que avanzaron imparables y ruidosas hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana. En su descenso fluvial -afectaron a 62 kilómetros del cauce- anegaron fértiles tierras agrícolas y también los pastos arrendados por Alonso Sánchez para sus cabras en la localidad de Aznalcázar (Sevilla).

Desde el vertido, hace cinco años, ha perdido más de la mitad de cabezas. De un rebaño de 600 cabras sobreviven 330. "La mayoría, muertas de tristeza", dice sin sombra de burla. "Son animales acostumbrados a estar en el campo y no se puede estabularlos de buenas a primeras", aclara. Desde las cercas que encierran ahora a su ganadería se divisa una generosa panorámica del valle del Guadiamar y de las fincas por las que antes pastaron libremente. A diario, el pastor las libera de su encierro durante unas horas junto a la vía del tren. "El cambio ha sido malísimo, la cabra es muy delicada y no se adapta bien a la estabulación, estaban acostumbradas a mucho andar, ahora están muy flojas", indica.

Nada en el campo recuerda ahora aquellas tierras enlodadas de hace cinco años y que ahora forman parte del corredor verde. Nada excepto las cabras, los perros y el pastor Alonso, que viven su propio luto desde entonces: "Esto es mucho trabajo, era de día y de noche, pero te merecía la pena, yo podía hacer poco a poco esto, a base de préstamos, pero ahora ni así, estoy aguantando a ver lo que pasa, pero no lo aguanta cualquiera, yo no he debido nunca dos millones de pesetas en pienso y los debo ahora, lo que pasa es que soy persona de no rendirme".

Sin indemnización

El cabrero se queja de que sólo percibió una ayuda de unos 18.000 euros por gastos excepcionales tras el vertido que, sin embargo, superaron los 30.000 y de que no recibió ninguna indemnización por las expropiaciones de terrenos. Para los arrendatarios, como era su caso, se reservó un porcentaje de la tasación que el propietario de la finca debía entregar a modo de compensación. Dice Alonso que no le han dado nada a pesar de que tenía arrendadas cerca de 40 hectáreas, que fueron expropiadas por la Junta de Andalucía para construir el corredor verde. "Pero yo soy más lanzado que problemático", dice como si quisiera excusarse por no haber exigido lo suyo.

Aznalcázar fue la población más afectada por el vertido con 2.789 hectáreas contaminadas, el 60,2% del total. A gran distancia le siguieron los términos de Sanlúcar la Mayor (con 695 hectáreas, el 15%) y Villafranco del Guadalquivir (494 hectáreas, 10,66%). En Aznalcóllar, donde se rompió la balsa minera de Boliden, la tierra perjudicada no llegó a las 13 hectáreas (0,27%), aunque se convirtió en el símbolo del siniestro ambiental al tratarse del epicentro. Para mal y para bien.

"Nos ha dolido que la única que interviene aquí es la Consejería de Medio Ambiente con el corredor verde, pero no ha habido detrás un cuidado como ocurre con Aznalcóllar", lamenta la alcaldesa de Aznalcázar, Magdalena Maqueda (PSOE). Ni ella ni el teniente de alcalde, Domingo León, critican el mimo oficial hacia Aznalcóllar pero ninguno de los dos esconde cierto pesar por la desatención hacia el suyo. "Es una espina que tenemos clavada dentro", dice suavemente la alcaldesa antes de recordar que su localidad fue la más perjudicada por la riada de agua y lodo.

En la población residen 150 de los 200 agricultores expropiados. "He visto alguno llorar mientras firmaba el acta", recuerda la alcaldesa. Los agricultores "de verdad", como ella dice, han invertido el dinero en nuevas fincas, lo que ha generado un efecto especulativo sobre el resto de las tierras agrícolas. Zonas despreciadas antes, como las marismas, se han revalorizado a ojos de los cultivadores. "El vertido no provoca un crack porque es un término grande, pero la gente que ya no produce deja de dar empleo", indica León. Esa cadena de afectados sin indemnización comienza en el jornalero y sigue hasta la tienda de comestibles. Desde el vertido se han perdido 200.000 peonadas en el pueblo, según el teniente de alcalde, a razón de 40.000 por año. "Y eso ya no lo recuperamos nunca", remacha.