El gran fiscal de la CPI

El abogado argentino Luis Moreno Ocampo todavía no se ha recuperado del choque que le ha producido su nuevo puesto de trabajo para los próximos nueve años. La Corte Penal Internacional (CPI), en vigor desde el 1 de julio de 2002, le ha nombrado fiscal jefe, es decir, la cara más pública del nuevo tribunal para crímenes de guerra, con sede en La Haya.

Moreno Ocampo (50 años, Buenos Aires) tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción. Su debú se produjo en 1985, en el juicio a las juntas militares que enterró la última dictadura argentina (1976-1983). Aquel proceso histórico concluyó con las condenas a cadena perpetua de los integrantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera.

Como fiscal, el desafío que tiene por delante es mayor, si cabe, que el de demostrar la culpabilidad de los viejos dictadores argentinos. Sus atribuciones serán muy amplias, hasta el punto de que podrá presentar casos sin necesidad de consultar previamente con el Estado afectado.

Todas las naciones que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, 89 de los 139 signatarios, pueden ser investigadas. Como Irak y Estados Unidos no son miembros del tribunal internacional porque no lo aceptan, ni Sadam Husein ni George W. Bush podrían ser llevados al banquillo de los acusados. La CPI tiene jurisdicción en aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma, y se ha dado un plazo de siete años para definir como figura delictiva la agresión y la declaración de guerra.

La ausencia de EE UU

Hasta finales de mayo, el fiscal residirá en Boston, donde dicta un curso en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard sobre fiscales y corrupción, que analiza el funcionamiento de los ministerios públicos en todo el mundo. A partir de junio, cambiará de continente y se instalará en la apacible y bien comunicada ciudad de La Haya, con el objetivo de lograr la consolidación de la Corte al Penal Internacional y expandir su base de países signatarios.