El PP y toda la oposición votan juntos a favor de la Ley de Sanidad

Coalición Canaria (CC) dio ayer la sorpresa e impidió la unanimidad que se esperaba en la votación del pleno del Congreso sobre la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Los dos diputados de CC presentes en el debate se abstuvieron en la votación del dictamen de la ley, que da luz verde a su tramitación por el Senado. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, presente en la sesión (aunque no votó porque no es diputada), se mostró "muy satisfecha" con el resultado, y anunció que esperaba convencer a CC y que la ley entre en vigor en mayo.

Pese al abrumador apoyo al dictamen (dos abstenciones de CC, 249 votos a favor y uno en contra, emitido por error desde las filas del PP), consecuencia del acuerdo sobre los puntos básicos de la ley, todos los grupos que intervinieron anunciaron que mantendrían algunas enmiendas en el Senado. El Grupo Popular rechazó todas las que llegaron al pleno, pero la ministra Ana Pastor anunció al final de la votación que estaba "segura de que alguna enmienda se va a resolver [aprobar]" en el trámite del Senado.

Pastor explicó que las diferencias con CC se basaban en que "quieren seguir debatiendo el fondo de suficiencia", una partida que prevé la ley de financiación autonómica destinada a ayudar a las comunidades que no pueden garantizar los servicios que han recibido mediante transferencias.

En su intervención, la portavoz del grupo de Coalición Canaria, María del Mar Julios, indicó que su grupo estaba de acuerdo con muchos de los aspectos de la ley, pero que no iban a apoyar el proyecto porque no se garantizaba un tratamiento que reflejara la insularidad de Canarias, un hecho diferencial que incidía tanto "en la cantidad como en la calidad" de la atención sanitaria.

Atención a desplazados

La diputada canaria señaló que la financiación media por habitante y año de su comunidad (que recibió la transferencia del sistema de salud en 1994) era inferior a la media nacional. A ello hay que añadir el crecimiento de su población, y el gasto añadido que supone dar atención sanitaria a los desplazados peninsulares y extranjeros, trabajadores y turistas.

Coalición Canaria también reclama un trato especial cuando se determinen los centros de referencia (aquellos dedicados a patologías y tratamientos especialmente complicados) para evitar el impacto que supone desplazar a los enfermos y sus acompañantes a la península.

El resto de los grupos parlamentarios mantuvo, como reconoció la portavoz del PNV, Margarita Uría, "un escaso número de enmiendas". Las más numerosas fueron las del PSOE (una veintena). Los portavoces que intervinieron (BNG, CiU, PNV, IU y PSOE, además del PP) coincidieron en que sus propuestas de cambio no les impedirían votar a favor del dictamen de la ley. Iniciativa per Catalunya-Verds y Esquerra Republicana de Catalunya mantuvieron también un reducido número de enmiendas, pero sus representantes no acudieron al pleno a defenderlas.

Entre los contenidos que el PSOE todavía aspira a modificar destacan los que se refieren a la política farmacéutica, según recalcó la secretaria de Políticas Sociales del partido, Consuelo Rumí. Los socialistas piden un plan integral que incluya la formación de los profesionales, regule la actuación de los visitadores de los laboratorios a los médicos y fomente el consumo de genéricos.

PNV y CiU coincidieron en rechazar dos aspectos, de acuerdo con las intervenciones de sus respectivos portavoces, Margarita Uría y Jordi Martí. Para los dos partidos nacionalistas, la Alta Inspección que se establece en la ley -y que dependerá directamente del Ministerio de Sanidad- excede de lo fijado en la Ley General de Sanidad (o "ley Lluch") de 1986, que sigue en vigor. También pidieron la titularidad de los inmuebles (hospitales y ambulatorios) en los que prestan la atención sanitaria (Cataluña recibió la transferencia de la sanidad en 1981 y el País Vasco en 1987, pero en el lote no iban incluidos los locales).

Carlos Aymerich, del BNG, también criticó la "invasión de competencias" de la Alta Inspección, pero anunció su voto a favor del proyecto "a ver si sirve" para que en el Senado se acerquen más las posturas.

La portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, Marisa Castro, justificó la retirada de la enmienda a la totalidad que había presentado su grupo por "la actitud de diálogo y talante negociador" de Pastor. Entre las deficiencias del proyecto, Castro señaló la debilidad y falta de concreción "de momento" de la composición y competencias del Consejo de Participación Social.