La niña de nueve años violada aborta en una clínica privada de Managua

Rosa, la pequeña nicaragüense de nueve años embarazada a consecuencia de una violación en Costa Rica, se encuentra en buen estado tras practicársele un aborto en la clínica privada de Managua (Nicaragua) en que fue ingresada el pasado jueves. Esto pone fin a la pesadilla que padres e hija han vivido cuatro meses y al riesgo que el embarazo suponía para la vida de la niña, como dictaminaron los médicos. La batalla antiabortista de la Iglesia y de las ministras de Salud y de la Familia retrasó el desenlace, pero no ha prevalecido sobre el Código Penal, que prevé el aborto terapéutico.

Padres e hija han cerrado así un largo y oscuro capítulo, aunque la solución haya tenido que pasar por el trance de un aborto. La pequeña Rosa se encuentra bien, según comunicaron ayer el abogado de la familia y representantes de la Red de Mujeres contra la Violencia, siempre presentes durante el calvario.

Con nueve años, Rosa ha pasado, antes del aborto, por una violación, varias inspecciones ginecológicas, expulsiones de distintos hospitales y constantes presiones de las ministras de Salud y de la Familia. Esta última, Natalia Barilla, intentó incluso apartar a la niña de sus padres desde que se conoció el dictamen médico, quitándoles la tutela para impedir el aborto, pese a ser éste el deseo de la niña y el de sus progenitores.

Los obstáculos puestos por ambas ministras y por la Iglesia católica, quienes ignoraron las recomendaciones de los procuradores de Derechos Humanos y de la Niñez y de la procuradora de la Mujer, han retrasado la intervención quirúrgica cuando el tiempo apremiaba, dado que Rosa estaba embarazada de casi cuatro meses. Las actuaciones ministeriales han llevado a más de 90 ONG que trabajan por la infancia y la adolescencia a pedir al presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, la "destitución inmediata" de ambas responsables políticas.

"La ministra de Salud, Lucía Salvo, no ha cumplido con su papel de salvar la vida de nuestra hija", dijo el padre el pasado jueves cuando la niña fue ingresada en la clínica privada de Managua.

El informe que dio a conocer la comisión médica oficial el pasado miércoles diagnosticaba en la niña estrés, infección renal y vaginal por contagio sexual, inmadurez ósea para la continuación del embarazo y riesgo para su vida tanto si abortaba como si se mantenía el embarazo. Esta ambivalencia fue utilizada por los movimientos Provida, la Iglesia católica y las dos ministras para enarbolar la bandera contra al aborto.

Las denuncias van aún más lejos. Ana Quiroz, de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaló ayer que tienen previsto demandar a los gobiernos de Nicaragua y de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por "negar" intervención médica y una justicia pronta para la pequeña, informa EP. Los padres alegan que las autoridades sanitarias que atendieron a la menor en Costa Rica tras ser violada por un hombre de 20 años en el cafetal para el que trabajaba la familia le negaron atención.

La procuradora de la Mujer de Nicaragua, Patricia Obregón, defendió siempre la petición "reiterada y dramática" de los padres en favor de que se le practicara un aborto a la niña, y señaló que "la Iglesia católica renovada, tal y como lo apunta el Vaticano, debe tener actitudes diferentes", informa Efe.