Los médicos dictaminan que la vida de la niña violada corre serio peligro

El esperado dictamen médico sobre la interrupción del embarazo de la niña nicaragüense de nueve años que fue violada en un cafetal de Costa Rica ha optado por eludir el compromiso. Según el informe, tanto provocar el aborto como mantener la gravidez implica altísimos riesgos para la madre. Pese a que los médicos no recomiendan el aborto, el abogado, Sergio García Quintero, señaló ayer que ese riesgo es el que contempla la ley para que los padres puedan decidir. Varios hospitales de Managua vetaron ayer el ingreso de la pequeña para no abordar el aborto. De persistir el boicoteo, la familia viajará a Cuba.

La falta de resolución clara por parte de la comsión de cinco médicos, después de varias horas de debate provocó una larga discusión entre los facultativos y el abogado, los padres, el procurador de Defensa de los Derechos Humanos y la representante de la Red de Mujeres contra la Violencia. Al término de la misma, el procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez Fonseca, exigió una postura clara. A esta solicitud, el secretario general del Ministerio de Salud, Enrique Alvarado Abaunza, contestó con la propuesta de reunirse con los médicos y dar una respuesta definitiva antes de las seis de la tarde de ayer (una de la madrugada de hoy en España).

Sin embargo, para el abogado Sergio García Quintero todos estos pasos sólo consiguen dilatar el tiempo en momentos en que la niña precisa de una intervención rápida: la niña se encuentra en el cuarto mes de gestación y, según el informe médico, padece de hipertensión debida al embarazo y al estrés, y dos infecciones, una de transmisión sexual y otra renal. García Quintero, que destaca la influencia de la Iglesia católica en el Gobierno nicaragüense, defendió que el simple hecho de que la comisión mencione el riesgo que supone para la vida de la madre mantener el embarazo es motivo suficiente (y único, según la ley) para que los padres se acojan al artículo 165 del Código Penal, que autoriza el aborto terapéutico.

Acción rápida

Basándose en esta interpretación, García Quintero y la secretaria ejecutiva de Red de Mujeres contra la Violencia, Violeta Delgado, pasaron a la acción rápidamente. Mientras los ministerios de la Salud y de la Familia ofrecían dar protección a la niña y su embarazo, una vez que ésta abandonó ayer el hospital materno-infantil Fernando Vélez Paiz de Managua (Nicaragua) donde le fue practicado el diagnóstico, abogado y feminista la condujeron, junto con sus padres, al centro clínico donde tenían pagado el ingreso para proceder al aborto. Pero se encontraron con la sorpresa de que la niña fue rechazada. Según Violeta Delgado, la razón está en los obispos. "Habían amenazado a los médicos con la excomunión si practicaban el aborto". Un segundo hospital les rechazó y, en el momento de redactar esta información, la niña se encontraba en la recepción de un tercero, esperando la admisión.

Si las trabas se mantienen, los padres están dispuestos a desplazarse a Cuba con la niña y solicitar en este país la asistencia. Una decisión confirmada por el hecho de que los padres disponen desde ayer de tres salvoconductos con los que pueden viajar a México, Centroamérica, República Dominicana o Cuba. El director de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño, declaró ayer: "no sé si quieren sacar a la niña o no, yo tengo entendido que está hospitalizada", informa el diario nicaragüense La Prensa.

La archidiócesis de Managua, presidida por el cardenal Miguel Obando, dirigió ayer un comunicado a la opinión pública en el que señala: "en la decisión sobre la muerte de un niño no nacido, además de la madre, intervienen con frecuencia otras personas. También son responsables los médicos y el personal sanitario cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida".

Los padres, campesinos, también hablaron, una vez conocido el dictamen. Ambos defendieron su derecho a decidir y a que los médicos y la Iglesia católica respeten su decisión. "No estamos dispuestos a someternos a lo que ellos digan. No me importa lo que diga la Iglesia católica, no debe meterse", dijo el padre..

Prisión para el violador

En la localidad costarricense de La Suiza, Turrialba, lugar donde trabajaban los padres y la niña, fue detenido anteayer un agricultor de 20 años, de apellido Barquero, como presunto violador de la niña. El sospechoso fue señalado por la víctima como autor de la agresión. El juez ha decretado para él prisión preventiva de tres meses, y está previsto que en esta semana sea interrogado y se le practiquen varios exámenes. La niña y sus padres eran inmigrantes ilegales en Costa Rica desde hacía ocho años. Cuando ocurrieron los hechos, estaban trabajando en la recolección de café de una hacienda en Turrialba. Regresaron a Nicaragua el 12 de febrero pasado, a instancias de la Red de Mujeres contra la Violencia, después de conocer el suceso y de no conseguir durante varios meses ayuda por parte de las instituciones de ese país.

La madrileña clínica Dator, donde se practica el aborto, manifestó ayer su solidaridad con la familia ofreciendo correr con los gastos (viajes, estancia, hospitalización y operación), si están dispuestos a venir a España.