Violada y embarazada con nueve años

Hay niñas en el mundo que no sólo son conducidas a trabajar a edades tempranas, sino que son violadas y hasta corren la suerte de tener que ser madres del fruto de ese abuso. Es el caso de una nicaragüense de nueve años, forzada hace unos meses durante su estancia en una finca de Costa Rica, a la que acudió con sus padres a recolectar café.

Nicaragua está viviendo un intenso debate en el que la ley sobre el aborto y la influencia de los obispos se enfrentan a las posturas feministas. La menor fue repatriada a Nicaragua con la intervención de la Red de Mujeres en contra de la Violencia, y esta organización defiende que le sea practicado un aborto. Según la Red de Mujeres, la niña desconoce su estado dada su corta edad.

En Nicaragua sólo se permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre y lo certifican al menos tres médicos, designados por el Ministerio de Salud.

El cardenal de Nicaragua, Miguel Obando, ha pedido a la ministra de Salud, Lucía Salvo, que la niña sea examinada, además de por los facultativos que nombre su Ministerio, "por doctores responsables que no vayan a provocar un aborto". Los médicos propuestos por Obando aseguran que lo mejor para la salud física y emocional de la menor es continuar con la gestación y tener el bebé, informa ACI. digital (Agencia Católica de Informaciones en América Latina).

Uno de los facultativos avalados por el cardenal, el ginecólogo Rafael Cabrera, ya ha adelantado que descartará un aborto terapéutico. "Nadie puede asegurar que el embarazo va a matar a la menor", afirma. "Ya se han producido casos de niñas de 10 años embarazadas y llegan a feliz término en su gestación".

A principios de febrero, los obispos de Costa Rica reclamaron a las autoridades "no dejar impunes tan graves delitos", pero defendieron el respeto a la vida humana y argumentaron que el aborto "no alivia" a la mujer violada y no representa un remedio psíquico, sino que es mucho más perjudicial ya que, afirmaron, "junto al dolor de la agresión, el aborto obliga a la mujer a padecer el conflicto inevitable de haber provocado un homicidio", señala ACI.

Esta reacción fue la que impulsó a la Red de Mujeres en contra de la Violencia a gestionar la repatriación de la niña con sus padres. Violeta Delgado, líder de la organización, amenazó ayer con demandar al Gobierno nicaragüense si no se acepta practicar el aborto a la menor y adelantó que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El procurador especial de la niñez, Carlos Emilio López, solicitó la semana pasada a la ministra de Salud que formara con urgencia la comisión médica para que ésta defina si la vida de la niña corre peligro y proceder al aborto si es el caso. López fue duramente criticado por el Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida, institución cercana a la Iglesia católica y al Gobierno. Por su parte, Lucía Salvo creó el pasado jueves la junta médica, presidida por Roberto Jiménez, quien declaró que él y sus colegas evaluarán el estado de la víctima, a la que todavía no han tenido acceso, antes de pronunciarse.

La niña fue diagnosticada por facultativos de dos hospitales costarricenses, después de que sus padres la condujeran a una revisión por problemas genitales. Los médicos le detectaron, además, dos enfermedades venéreas transmitidas por el agresor, al parecer un campesino de 20 años. La menor se encuentra, con sus padres, en un albergue de la Red de Mujeres, pese a haber sido reclamada por la ministra de la Familia, Natalia Barillas, de quien depende legalmente su tutela.

Barillas declaró su preocupación porque interpreta que Violeta Delgado y la procuraduría de la niñez buscan provocar un aborto terapéutico "pese a que la misión de esta última es el interés de la niña y el bebé por nacer", dijo. El asesor del Ministerio de Salud, Manuel Ortiz, advirtió que serán sus padres los que responderán de lo que suceda.