Ciencia y Tecnología no ha pagado 22 millones del Programa Ramón y Cajal

El Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha pagado los 22 millones de euros correspondientes a los 500 investigadores seleccionados en la convocatoria de 2002 del Programa Ramón y Cajal, uno de los planes estrella del ministerio, destinado a la "recuperación de cerebros" para el sistema nacional de investigación. El ministerio afirma que los pagos se realizarán este mes o el próximo. El pago de los 308 contratos correspondientes a las universidades, 13,8 millones de euros, no ha sido firmado por CyT en 2002 y, por tanto, pasa al presupuesto del ministerio de este año.

El plan Ramón y Cajal, lanzado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como un programa estrella que iba a permitir la recuperación de cerebros españoles en el extranjero, se concretó en un plan de realizar 2.000 contratos para investigadores en las universidades y en organismos públicos de investigación (OPI) en tres años: 800 en 2001, 500 en 2002 y 700 en 2003. El plan permite agilizar la incorporación de los investigadores a la carrera científica en el anquilosado sistema español de ciencia y tecnología.

La resolución correspondiente al pago de los contratos de los OPI en la convocatoria de 2002 fue firmada antes del 31 de diciembre del año pasado y queda cargada al presupuesto de 2002, pero el desembolso se realizará a la vez que el de los contratos de las universidades, en enero o febrero, según informó el ministerio. La mejora de la gestión de CyT es objetivo prioritario señalado por el ministro Josep Piqué cuando tomó posesión del cargo el pasado mes de julio.

Los contratos del Ramón y Cajal, de cinco años de duración, suponen el pago íntegro de los salarios del primer año a cargo de CyT, mediante subvenciones a las instituciones que acogen a los investigadores del programa. En los años sucesivos, la subvención del ministerio es parcial y esas instituciones se responsabilizan del pago del resto.

En la primera convocatoria del programa, en 2001, se cumplió el último trámite para el pago de la subvención el 20 de diciembre de 2001. El año pasado, en un intento de mejorar la gestión, se adelantó la convocatoria del Programa Ramón y Cajal, que se hizo pública el 4 de febrero. En la primera quincena de julio, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva estudió las peticiones e hizo su dictamen; la comisión de selección tenía ya la lista de los 500 elegidos el 27 de julio.

Realmente se había adelantado un mes y medio todo el procedimiento con el objetivo de resolver la convocatoria antes que el año anterior. Pero a partir del verano, CyT perdió el tiempo ganado y acabó 2002 sin que el secretario de Estado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Pedro Morenés, estampase la firma en la resolución del Ramón y Cajal. Este trámite es obligatorio para proceder a su liquidación, de manera que las universidades y los OPI reciban las subvenciones necesarias para pagar a los científicos.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 18 de diciembre, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Tomás Pérez Franco, manifestó su esperanza en que se agilizarán finalmente los trámites para poder cumplir con el pago en la fecha prevista, antes del 31 de diciembre de 2002.

Jaime Lissavetzky, del PSOE, preguntó a Pérez Franco por qué no se había firmado la resolución correspondiente en cinco meses. "¿Se debe al cambio de Gobierno, al cambio del secretario de Estado, o es que están ustedes jugando al déficit cero?", dijo. Según este diputado la gestión del ministerio "es pésima" y "la calamitosa situación organizativa en la Secretaría de Estado hace recaer en los OPI y en las universidades el pago adelantado de los científicos que se han incorporado ya a su trabajo y que no han recibido la subvención".

Cuando un ministerio no gasta -no ejecuta, como se dice técnicamente- una cantidad de dinero el año presupuestado, lo pierde. Por tanto, CyT tiene que absorber en sus cuentas de 2003 los 13,8 millones de euros del Programa Ramón y Cajal 2002 correspondientes a los contratos en las unviersidades.