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La propuesta de Bruselas obligará a cambiar el plan de residuos nucleares

Enresa pide consenso a los partidos sobre el cementerio atómico

El Plan General de Residuos Radiactivos, que elaboró el Gobierno en 1999, se ha quedado obsoleto de golpe. El plan posponía hasta 2010 la decisión sobre qué hacer con los residuos de alta actividad, el combustible nuclear gastado, pero Bruselas exigirá a los Estados que en 2008 tengan un almacenamiento previsto. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pidió ayer a los partidos políticos que debatan sobre cómo elegir el lugar para el cementerio nuclear, aunque apuntó la imposibilidad de cumplir el plazo puesto por Bruselas.

El portavoz de Enresa, Jorge Lang-Lenton, resumió coloquial la propuesta de Directiva de la Comisión Europea: 'Nos ha pedido que espabilemos'. Por eso urgió a los partidos políticos a que busquen formas para decidir el lugar donde construir el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). Con esta construcción se aislan los residuos a unos 500 metros de profundidad en una zona con un estructura geológica estable. Esta es, y coinciden Bruselas, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear, la mejor solución para los residuos de alta actividad, que emiten radiaciones durante decenas de miles de años. En EE UU existe el único AGP del mundo. En Europa, sólo Finlandia y Suecia tienen proyectos serios. Bruselas exigirá que en 2018 cada país tenga uno en marcha. El diputado del PSOE Javier García Breva apoyó la decisión de la Comisión, 'porque al menos obliga al Gobierno a hacer algo'.

En España, una comisión del Senado para estudiar el tema concluyó en 1999 sin acuerdo. La comisión reconocía 'la competencia estatal para autorizar las obras necesarias'. Según Carlos Bravo, de Greenpeace, y Francisco Castro, de Ecologistas en Acción, el PP intentó buscar una forma para elegir el emplazamiento sin contar con los ayuntamientos, ya que pocos iban a querer acoger un AGP. Poco después el Gobierno pospuso la decisión hasta 2010. Lang-Lenton señaló que para elegir un lugar habrá que contar con los ayuntamientos. Aseguró que, a cambio de dinero, era de esperar que algunos municipios se ofrecieran voluntarios.

Cuando el Gobierno retrasó cualquier decisión, Enresa ya había suspendido los estudios para encontrar una zona para el AGP. Fue en 1995. Al menos, oficialmente. 'No tenía sentido hacer estudios sin un consenso sobre cómo se iba a elegir el lugar', según Lang-Lenton. Éste añadió: 'Existen más de 900 zonas posibles, el territorio español es muy favorable'.

Castro está convencido de que Enresa siguió con los estudios y ya tiene seleccionadas dos o tres zonas para el AGP: 'En 1995 terminaron los estudios de campo y ya tenían 24 zonas posibles de entre tres y seis kilómetros cuadrados. Siguieron con los estudios teóricos'. Aunque así fuera, difícilmente podrá España -y otros países de la UE- cumplir con los plazos que impondrá Bruselas. En eso coinciden todo el mundo. Lang-Lenton dijo que plazo era muy 'muy corto'.

Los ecologistas piden, aparte del fin de la energía nuclear, que los residuos se muevan lo menos posible, que se construya en cada central nuclear un Almacenamiento Temporal Independiente (ATI). Los residuos se acumulan en seco y en superficie junto a la central. Es lo que se ha hecho en la central de Trillo, donde la capacidad de las piscinas que normalmente albergan el combustible nuclear gastado se han visto superadas.

Los residuos de la central de Vandellós I se trasladaron a Francia para ser tratados y regresarán a España en 2010. De ahí que el Plan General de Residuos Radiactivos prevea también que ese año España cuente con un Almacenamiento Temporal Central (ATC) que agrupe los residuos de todas las centrales. Ahora, al decantarse Bruselas por el AGP, queda en el aire. Bravo apuntó como posibilidad que se construya un ATC en la superficie del almacenamiento en profundidad: 'Encontrar un sitio va a ser difícil y va a tener oposición. Lo normal es que no se metan en líos y que en el mismo sitio vaya el AGP y el ATC'.

La propuesta de la Comisión deja abierta la puerta de la venta de residuos radiactivos a Rusia. El parlamento ruso aprobó en 2001 la importación de desechos nucleares. Bravo apuntó: 'Esta sería una solución satisfactoria para Loyola de Palacio [comisaria de Medio Ambiente y defensora de la energía nuclear], la industria y Rusia, pero es la opción más insegura; por el transporte y por el almacenamiento en Rusia'. El portavoz de Enresa calificó la opción 'de moralmente inaceptable'. Y concluyó: 'Cada país debe ocuparse de sus residuos'.

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