Células andaluzas

La Junta de Andalucía ha decidido acoger al equipo de Bernat Soria, un investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche que lleva años trabajando en la transformación de células madre en células productoras de insulina para tratar la diabetes, para que investigue con embriones humanos sobrantes de fecundaciones in vitro congelados durante más de cinco años, límite legal fijado para su uso procreativo y a partir del cual la Junta andaluza interpreta que es posible legalmente destinarlos a la experimentación con fines terapéuticos. Esta decisión puede contribuir a desbloquear el absurdo panorama creado por la insistencia en anteponer creencias religiosas personales a reglas cívicas que sirvan para regular las relaciones entre todos los ciudadanos.

El Gobierno español se ha definido con claridad en contra de la investigación con células madre embrionarias, que, en opinión de la mayoría de los científicos, podrían ser un remedio eficaz para un gran número de enfermedades y lesiones hoy incurables. Entre ellas, la diabetes, cuyos afectados han presentado al Defensor del Pueblo una petición con más de un millón de firmas en favor de este tipo de investigación. Es cierto que, de momento, no se sabe si estas células podrán dar lugar a tratamientos eficaces, pero no es posible saberlo sin una investigación previa, para la que los científicos y la Comisión Nacional de Reproducción Asistida han sugerido utilizar los preembriones sobrantes en los tratamientos de infertilidad.

En estas condiciones, lo natural es que aparezcan salidas a una situación insostenible, como la propuesta por la Junta de Andalucía. Pero para que sea eficiente habría que disipar cuanto antes las incertidumbres jurídicas que pueden dificultar el trabajo de los investigadores. En primer lugar, habrá que aclarar que es posible una interpretación de la Ley de Reproducción Asistida que permita el uso de estos preembriones sobrantes atendiendo a su inviabilidad práctica. Y en segundo lugar, habrá que aclarar también la competencia de la Comunidad andaluza para tomar esta iniciativa sin estar sometida a impugnaciones y recursos que complicarían la buena marcha de un proyecto que debe ser de largo aliento y disponer de medios, tiempo y seguridad.