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Los historiadores exigen al Gobierno que abra los archivos de la Fundación Francisco Franco

Cultura justifica las subvenciones de 83.000 euros por el alto interés histórico de los fondos

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es la institución que más ayudas ha recibido para proyectos archivísticos en los dos últimos años del Ministerio de Cultura. Según informó ayer El Periódico de Cataluña, la FNFF ha cobrado en ese tiempo cuatro subvenciones y 83.070 euros, lo que equivale al 10,24% de las ayudas totales dadas a proyectos de ese tipo. Ayer, el ministerio lo justificó apelando a la 'enorme importancia cultural del archivo' y a la necesidad de informatizar el fondo para acabar con el veto de la familia a los historiadores. Diversos especialistas reclaman que, para desmentir las sospechas de trato de favor y evitar la expurgación de los fondos, el Gobierno exija la apertura inmediata del archivo.

'Es un cachondeo increíble', dice Javier Tusell. 'Un asunto que lleva pendiente desde la transición. La Fundación Franco tiene la subvención más alta de todas y es la única que no deja ver sus archivos. Dicen que hasta que lo tengan todo digitalizado, no van a dejar ver nada. ¿Y si al final tampoco? Digitalizar todo es carísimo, largo, innecesario. Ya han clasificado los papeles, con eso basta. El ministerio les tolera todo. ¿Y si han quemado la mitad de lo que tenían? Es hora de arreglarlo. Primero, que declaren bien de interés cultural todo lo que tienen. Así, si tocan algo será delito; luego, que fijen un plazo máximo para abrir el archivo, aunque sólo sea una parte'.

Los historiadores están en pie de guerra contra la tolerancia del Gobierno hacia la Fundación Nacional Francisco Franco, una institución (www.fnff.org) que se fundó en 1977, que preside la hija del dictador, Carmen Franco, y algunos de cuyos fines son 'difundir el conocimiento del generalísimo en sus dimensiones humana, política y militar', así como 'los logros y realizaciones llevadas a cabo por su régimen político' y 'la legalidad y legitimidad del Alzamiento Nacional'.

También, custodiar un archivo valiosísimo, que reúne unos 27.000 documentos públicos y privados, 40 años de historia de España. Aunque, según los expertos, sólo unos pocos papeles de esos miles son estrictamente privados, del caudillo: el resto pertenece a la Administración franquista. Según Enrique Moradiellos, autor de una crónica biográfica de Franco, 'fueron sacados de El Pardo por su familia, antes y tras la muerte del dictador, sin que nadie dijera nada'.

Desde entonces, la FNFF lleva 27 años poniendo trabas para que los historiadores consulten el archivo. Un tipo de documentos que en Italia (Mussolini) o Portugal (Salazar) son de dominio público, en España sólo han sido vistos, dice Santos Juliá, 'por el historiador de extrema derecha Luis Suárez Fernández'.

Y eso que lo ha intentado hasta el Congreso: en 1979, el entonces diputado del PSOE Enrique Barón logró que se aprobara una proposición para recuperar los diarios perdidos de Azaña. Javier Tusell, entonces director de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, se los pidió a la hija de Franco. Ésta negó que su padre los hubiera tenido. Mucho después, los entregó a la primera ministra de Cultura del PP, Esperanza Aguirre.

En ese contexto, el 4 de octubre de 2001, el ministerio y la FNFF firmaron un acuerdo para que el archivo fuera digitalizado y quedara abierto a los especialistas. El BOE publicó entonces una orden ministerial que recogía una lista de entidades de muy dispar ideología, entre ellas la FNFF, que recibirían subvenciones para clasificar sus archivos. De ahí provienen los 83.070 euros que el Estado ha pagado a la fundación entre 2001 y 2002 (36.030 para la contratación de personal y 47.040 para equipos informáticos).

Pagar se paga, pero la contrapartida no llega. Aunque ayer Juan Allende, portavoz de la ministra Pilar del Castillo, prometió que 'el ministerio trabajará intensamente para que los fondos estén a disposición de los especialistas en el menor tiempo posible', la FNFF se limita a decir, según El Periódico, que la digitalización comenzó hace dos años y que durará al menos otros dos.

Los historiadores tienen más prisa. Antonio Elorza: 'Que el Estado esté pagando por recuperar unos papeles que fueron sustraídos al Estado y que ese archivo no esté abierto todavía, aunque sea de forma parcial, es un escándalo incomprensible y siniestro. El Estado debe fijar plazos ya, y establecer garantías para que no haya más sustracciones de documentos'.

Elorza considera que este nuevo episodio pone de manifiesto que la política de archivos del Gobierno popular es 'prepotente, arbitraria, autoritaria, partidista y cada vez menos profesional'.

'Vergüenza'

Santos Juliá afirma, por su parte, que es 'una vergüenza' que una 'fundación subvencionada con fondos públicos siga cerrada a los especialistas'. Pero va más allá: 'Los papeles de un jefe del Estado no deben estar en manos privadas. Debe discriminarse qué es público y qué es privado'.

Tusell, Elorza, Moradiellos y Juliá coinciden en señalar que 'es una tradición de los altos cargos españoles llevarse los papeles públicos a casa'. Pero Juliá matiza: 'Esa fundación siempre ha estado cerrada. Y eso hace pensar que, cuando la abran, sólo enseñarán lo que quede después de una expurgación considerable'.

El portavoz del ministerio cree que eso es aventurar demasiado: 'No creo que alguien que pide una subvención para optimizar su archivo esté pensando en destruirlo'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de septiembre de 2002