Secuestrado en la calle y torturado hasta la muerte

Un día y medio sobrevivió en poder de la DINA, tras su secuestro, el ciudadano español Carmelo Soria, funcionario de la ONU, jefe editorial en la sede de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en Santiago. Soria militaba en el Partido Comunista de España (PCE).

Secuestrado en plena calle por militares vestidos de carabineros, mientras conducía su coche, Soria fue trasladado a la casa del agente norteamericano de la DINA Michael Townley. La casa era uno de los cuarteles secretos de este cuerpo represor. Allí lo torturaron hasta su muerte, el 16 de julio de 1976. Al día siguiente, arrojaron el auto de Soria a un canal cercano a la capital, con una botella de aguardiente para simular un accidente.

Para determinar cómo fue su muerte hubo que esperar la llegada de la democracia, en 1990. La investigación judicial no avanzó en la dictadura, a pesar del status diplomático de la víctima. Townley confesó después que a Soria le quebraron el cuello y dijo que la orden de matarlo la dio el número dos de la DINA, el general de brigada Pedro Espinoza. El general Manuel Contreras, director de la DINA, estuvo en la casa. Un testigo declaró que parecía sorprendido porque 'el fulano' no soportó 'el tratamiento'.

La Corte Suprema amnistió a los miembros de la brigada que secuestró a Soria y la investigación no determinó la responsabilidad de los mandos de la DINA. El caso generó tensiones entre el Ejército y los gobiernos democráticos. Varios de los inculpados eran oficiales de alto rango y uno de ellos, el general de brigada Jaime Lepe, fue escolta de Pinochet y después secretario de su institución. Para lograr el acuerdo fue fundamental la acusación de la familia Soria al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, que recomendó al Gobierno agotar la investigación y reparar a los parientes, pues permitió mantener activo el caso.