Los herederos de Carmelo Soria serán indemnizados por el Gobierno de Chile

La familia del ciudadano español y funcionario de la ONU Carmelo Soria, asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA, la policía política de la dictadura del general Augusto Pinochet, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno chileno. Según el pacto alcanzado por ambas partes, las autoridades chilenas se comprometen a pedir a la justicia que reabra la investigación del crimen y a pagar a los herederos de Soria una indemnización por una suma cercana a los dos millones de dólares. El rastro de los asesinos de Soria conduce hasta las más altas instancias de la tenebrosa DINA de Pinochet.

Alcanzado tras casi dos años y medio de negociaciones, el acuerdo implica también el reconocimiento de la calidad de funcionario internacional con estatuto diplomático de Carmelo Soria. La familia retirará su demanda civil de indemnización económica contra el Estado por 3,2 millones de dólares y ambas partes acogen las recomendaciones que hizo a Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que en 1999 admitió una denuncia por denegación de justicia en este caso.

La tenaz búsqueda de justicia por parte de la familia frente a este crimen, cometido durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en julio de 1976, por agentes de la DINA que torturaron y asesinaron a Soria, tuvo en la noche del jueves un importante avance. 'La buena disposición del ministro del Interior, José Miguel Insulza, facilitó lograr este acuerdo de palabra, que ahora deberá ser ratificado por escrito en septiembre', sostuvo Carmen Soria, hija de la víctima y una luchadora por la defensa de los derechos humanos, que ha dedicado su vida a este caso.

El acuerdo 'implica que se acaba la acusación por denegación de justicia ante la CIDH, pero no paraliza ninguno de los procesos individuales ni se transa [negocia] ninguna petición ante la justicia'. Esto implica que el juez Baltasar Garzón podrá seguir adelante con su investigación, explicó Soria. 'Estamos dando cumplimiento a las recomendaciones que hizo la OEA en este caso', agregó. Carmen Soria calificó de 'muy importante' el compromiso alcanzado y planteó su esperanza de que pueda servir de precedente en otros casos de atropellos a los derechos humanos cometidos en la dictadura. En las conversaciones y gestiones no participaron representantes del Gobierno español.

Respecto al destino de la indemnización, cuyo monto no quiso precisar, Carmen Soria sostuvo que 'no hay nada a la vista. Cada uno (los tres hermanos y la viuda) resolverán qué hacer'. El abogado de la familia, Alfonso Insunza, afirmó que la suma, inferior a dos millones de dólares y similar a la que el Estado pagó como compensación a la familia del canciller chileno Orlando Letelier (también asesinado por la DINA), se calculó sobre la base del lucro cesante (lo que habría ganado de no haber sido asesinado) y el daño moral ocasionado a sus parientes.

El caso está lejos de haber terminado y, de aceptar la justicia la petición de reapertura del sumario que realizará la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la investigación puede avanzar bastante más, cree Insunza. La Corte Suprema cerró el caso en 1996, por aplicación de la ley de amnistía dictada por la dictadura para los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 a dos ex agentes de la DINA procesados por este homicidio.

Queda por determinar la responsabilidad penal de otros tres inculpados, todos miembros de la unidad de la DINA que cometió el asesinato, dos generales de brigada y un teniente coronel, y sobre todo el jefe y subjefe de este organismo, los generales Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Todos ellos se encuentran hoy fuera del Ejército, en situación de retiro.

Insunza recuerda que testigos vieron a Contreras en el lugar del crimen, el domicilio de un ex agente de la DINA, el ciudadano de Estados Unidos Michael Townley, al día siguiente del asesinato. 'Hay importantes diligencias pendientes', afirma el abogado. Entre ellas, tomar declaración al encargado del cuidado de la vivienda donde torturaron a Soria. También es necesario que declare Tonwley desde Estados Unidos, donde hoy reside acogido al programa de protección de testigos tras haber sido condenado por el homicidio de Letelier, plantea Carmen Soria. También espera que se nombre un juez con dedicación exclusiva al caso. En otros procesos por crímenes de la dictadura estos magistrados han logrado buenos resultados.

Refugiado de guerra

La evidencia que ha recopilado la justicia apunta contra los jefes de la DINA. El propio Townley ha declarado que recibió una llamada en su domicilio del comandante Eduardo Iturriaga, hoy general retirado, avisándole de que llevaban un detenido. El abogado Insunza sostiene que el asesinato de Soria, un ex refugiado de la guerra civil española, militante comunista, de 54 años en el momento del crimen, constituyó en plena dictadura de Pinochet 'un aviso de la impunidad de la DINA a los comunistas: nadie, ni siquiera alguien con estatus diplomático estaba a salvo'.

El acuerdo amistoso que lograron los parientes de la víctima y el Gobierno chileno está contemplado por la CIDH, ante la cual tendrá que suscribirse por escrito en septiembre, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la familia Soria. El abogado Insunza considera 'aceptable el acuerdo, porque contempla una forma de reivindicación de la víctima y de reparación a sus familiares'. Parte de las peticiones de la familia Soria es que Insunza siga como abogado del caso, en el cual trabaja ya 11 años.