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Un grupo humanitario acusa a EE UU de malos tratos a los detenidos por el 11-S

La organización Human Rights Watch denuncia casos de palizas y humillaciones a los presos

La 'guerra contra el terror' lanzada por el presidente de EE UU, George W. Bush, tras los atentados del 11-S ha ido acompañada de detenciones arbitrarias, violaciones de derechos fundamentales, maltrato físico y psíquico a los detenidos, confinamientos en celdas de aislados durante largos periodos sin mediar acusación formal, pruebas, ni abogados a cientos de ciudadanos de origen árabe, detenidos en su mayoría por infracciones de la legislación migratoria, según un informe de la organización de derechos humanos de EE UU Human Rights Watch (HRW) hecho público ayer.

De los cerca de 1.200 detenidos del 11-S en EE UU, 752 fueron encarcelados por infracciones migratorias, mientras el Gobierno continuaba investigándoles. La organización considera que en la actualidad puede haber 74 presos, según datos de la Administración. A pesar de permanecer semanas e incluso meses en prisión, ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con el terrorismo y la mayoría han sido deportados a sus países de origen, sin que el Gobierno haya revelado los nombres ni el número de detenidos, según el informe de HRW.

Varios de los presos aseguran haber sufrido malos tratos durante su cautiverio, según HRW, que confirma que al menos dos de ellos fueron brutalmente golpeados por funcionarios de prisiones y otros tres por delincuentes comunes con los que compartían confinamiento. 'Hayas participado o no , si el FBI te ha detenido es suficiente para mí. Te voy a hacer lo que tú hiciste', le dijo un funcionario de prisiones a Amjad Alí Jaffri, un paquistaní, antes de estamparlo contra una pared y hacerle saltar un diente por los aires. Un tercio de los detenidos también asegura haber sufrido humillaciones e insultos.

Los detenidos sufrieron además hacinamiento, no se les permitió la visita de sus familiares ni de sus abogados, se les privó de dormir, se les prohibió hacer ejercicio y recibieron comidas insuficientes o inadecuadas a su religión. Los prisioneros también se quejan de la falta de facilidades para practicar su culto. El informe de HRW, de 99 páginas, documenta, además, la falta de asistencia médica adecuada que, según la organización, provocó la muerte de un detenido, que sufría problemas cardiacos.

'El Gobierno de EE UU no ha respetado los valores que el presidente Bush declaró que habían sido atacados el 11-S', aseguró ayer a este diario la directora del programa de HRW en EE UU, Jamie Feller. 'Han ignorado los límites del poder del Estado para llevar a cabo detenciones, paradigma de los países libres y democráticos', añadió, 'y se ha invertido la presunción de inocencia: sólo se ha puesto en libertad a los detenidos después de probar su inocencia'.

La mayoría de los detenidos procede de Pakistán, Egipto, el norte de África y el sureste asiático. La organización de derechos humanos sostiene, a través de entrevistas realizadas a detenidos y a sus abogados, que la mayoría de las detenciones se debieron a motivos de nacionalidad, religión o sexo. Fueron las llamadas de vecinos, temerosos ante la presenciade ciudadanos árabes que consideraban sospechosos, o la actuación arbitrariade la policía lo que motivó la mayoría de las detenciones, carentes de fundamento legal. Alí Alikhan, un iraní que volvía a Colorado tras pasar sus vacaciones en el parque Yellowstone, fue detenido el 15 de septiembre por exceso de velocidad. Al comprobar que su visado había expirado, fue encarcelado e interrogado sin abogado. Permaneció detenido durante 120 días, 35 de ellos aislado.

HRW pidió ayer al Gobierno de EE UU que divulgue los nombres de los detenidos desde el 11-S, que ponga fin a las audiencias secretas y que se informe a los detenidos de sus cargos. Esta semana se cumplía el plazo de la juez Gladys Kessler que pidió a la Administración que revelara sus identidades. Ayer, Kessler dejó en suspenso su propia orden y pasó la petición al Tribunal de Apelaciones por lo que el Gobierno dispone de varios meses hasta la resolución que adopte esa corte.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de agosto de 2002