Bush aplicará la Convención de Ginebra a los presos talibanes

George W. Bush decidió ayer que los detenidos afganos en la base de Guantánamo (Cuba) estaban amparados por la Convención de Ginebra, pero excluyó de esa cobertura legal a los detenidos de Al Qaeda. En cualquier caso, se negó a considerarles como prisioneros de guerra. El cambio de postura de Bush, efectuado tras intensas presiones de los aliados europeos y las organizaciones humanitarias, mantuvo en cierta medida la indefinición jurídica sobre los derechos de las personas recluidas. 'En términos prácticos, la vida de los detenidos no cambiará', afirmó el portavoz de la Casa Blanca.

Había dos posiciones enfrentadas en la Administración estadounidense. Los duros, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se negaban a que se les reconociera algún derecho a los detenidos. Otro sector, encabezado por el secretario de Estado, Colin Powell, insistía en que había que definir de alguna forma la situación de los combatientes apresados, más allá de su vaga condición de 'ilegítimos'. Powell había escuchado varias veces las críticas de los gobiernos europeos, en el sentido de que resultaba imposible que un grupo de personas viviera al margen de toda jurisdicción y todo derecho: a los presos de Guantánamo no se les aplicaban las leyes afganas, ni las estadounidenses, ni las internacionales.

Otro elemento que pesó a la hora de forzar el cambio de opinión de Washington fue el temor a que los soldados estadounidenses que pudieran ser detenidos en el futuro por tropas enemigas fueran considerados ajenos a la Convención de Ginebra.

Bush optó por la filigrana jurídica del término medio. Su portavoz, Ari Fleischer, anunció que el presidente de EE UU creía apropiado reconocer a los talibanes los derechos contenidos en la Convención de Ginebra, ya que Afganistán se adhirió a ella en 1949, aunque el régimen talibán no hubiera sido internacionalmente reconocido.

'Al Qaeda, en cambio, es una organización terrorista internacional, no un Estado firmante de la Convención', explicó Fleischer para justificar la exclusión de los no afganos.

La clave radicaba en que a ninguno de los detenidos se les reconocería la condición de prisioneros de guerra. 'En términos prácticos, la vida cotidiana de los detenidos en Guantánamo no cambiará en absoluto', admitió Fleischer. Como prisioneros de guerra, los detenidos habrían tenido derecho a, entre otras cosas, percibir un pequeño emolumento, a realizar ejercicio físico, a disponer de instrumentos musicales, a ponerse en contacto con abogados y, sobre todo, a negarse a ser interrogados, más allá de su nombre y su unidad.

La decisión de Bush permitía a las tropas estadounidenses mantener una discrecionalidad casi absoluta en su trato a los detenidos, salvo en lo más genérico de la Convención, como lo referente a torturas, malos tratos, atención sanitaria y alimentación suficiente.

'Tanto los talibanes como los miembros de Al Qaeda de cualquier país seguirán siendo tratados con respeto a sus derechos humanos, como siempre ha hecho EE UU con sus detenidos', dijo el portavoz de la Casa Blanca.

Una pequeña rendija se abrió, sin embargo, para los detenidos afganos, según distintos especialistas jurídicos. El reconocimiento de que estaban amparados por la Convención de Ginebra podría permitirles apelar a la justicia internacional y reclamar que se les admitiera la condición de prisioneros de guerra.