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Uribe decreta el estado de excepción en Colombia para frenar a las FARC

Grupos de derechos humanos temen que la medida degenere en un estado de sitio

Colombia amaneció el lunes bajo el régimen de conmoción interior, el estado de excepción. El Gobierno puede tomar medidas especiales para conjurar la grave crisis de orden público. Un nuevo impuesto y una ampliación de presupuesto financiarán el fortalecimiento de la fuerzas militares. La declaración de estado de conmoción interior permite al presidente Álvaro Uribe, por un periodo de tres meses, prorrogables otras dos veces, asumir funciones legislativas y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la situación. Se teme que el estado de excepción afecte a la estabilidad institucional.

Se veía venir. La lluvia de granadas de fabricación casera que cayó sobre Bogotá, el pasado 7 de agosto, en plena toma de posesión presidencial justificaron, tal vez de manera anticipada, la implantación del estado de excepción. Éste permite al presidente Álvaro Uribe, durante un periodo de tres meses prorrogables hasta por dos periodos iguales, asumir funciones legislativas y adoptar medidas para conjurar la situación. Grupos de derechos humanos consideran que esta declaración de estado de conmoción interior 'amenaza la estabilidad institucional y la seguridad del Estado'.

La medida se adoptó después de un largo consejo de ministros dominical que terminó en conferencia de prensa a la medianoche. Hasta ahora se conoce sólo uno de los decretos de conmoción: el que crea un nuevo impuesto para la seguridad. Para esta semana se espera el paquete completo de medidas. Ya se adelantó algo: se podrán escuchar las llamadas telefónicas a móviles y fijos. 'Sabemos que muchos de los planes terroristas se coordinan por este medio', declaró la ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez.

Se crearán mecanismos para agilizar los registros, inspecciones y allanamientos de sospechosos de haber cometido actos terroristas o pertenecer a este tipo de organizaciones. El Gobierno podrá recurrir, además, al toque de queda y a la restricción de circulación de personas y vehículos a determinadas horas. Esta figura permite también limitar la celebración de reuniones y reducir o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. En resumen, explicaron los ministros en la conferencia de prensa, se busca 'rapidez para desarticular los grupos terroristas que están afectando a la nación'.

Las medidas fueron, en general, bien recibidas por todos los sectores políticos y económicos, y vistas con reserva por los organismos de derechos humanos. 'Con los hechos de terrorismo urbano, las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización guerrillera marxista] demostraron que su actuación no tiene límites. Esto justifica el régimen de excepción', opina el ex ministro y ex alcalde de Bogotá Jaime Castro. Para el ex candidato presidencial de izquierda Luis Eduardo Garzón, 'desafortunadamente, las FARC están justificando medidas de este corte'. Alberga Garzón el temor de que, en lugar de perseguir a las FARC se termine persiguiendo a los que se sospeche que son su apoyo'.

La polémica abierta ahora es si el decreto deberá ser revisado o no por la Corte Constitucional para definir si las motivaciones dadas por el Gobierno son suficientes. Fernando Londoño, el superministro, como se le llama, pues quedó a la cabeza de las fusionadas carteras del Interior y Justicia, asegura que no es necesario este visto bueno del Tribunal Constitucional al que él ha puesto en tela de juicio en varias oportunidades. Sostiene Londoño: 'Nos parece inimaginable una decisión de la Corte limitando la capacidad de reacción de la sociedad colombiana'.

Ley de Seguridad Nacional

Londoño ha criticado duramente la efectividad de la conmoción interior. Para él, es necesario ampliar las atribuciones del Gobierno durante situaciones de emergencia. El temor es el regreso al estado de sitio. Colombia vivió esta amarga experiencia antes de la nueva constitución de 1991. Con consejos verbales de guerra, donde los militares juzgaban a los civiles y la retención administrativa -el Gobierno retenía sin dar explicaciones a nadie a los que consideraba conspiradores- se dio pie a un sinfín de arbitrariedades.

Las medidas transitorias que se adopten en los próximos días serán complementadas por la Ley de Seguridad Nacional y el estatuto antiterrorista. Para la primera se anunció ya una reforma constitucional, pues la Corte Constitucional ya la había rechazado. La ley incluye la posibilidad de dar a las fuerzas militares atribuciones judiciales.

El Gobierno está cumpliendo, de manera rápida, con su perfil de 'mano dura'. El fin de semana hizo también cambios en la cúpula militar y colocó a la cabeza generales con fama de militarotes de los más duros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de agosto de 2002