Colombia, ante opciones estratégicas

Con la llegada al poder de Álvaro Uribe se abren en Colombia dos posibilidades para acabar con la violencia: la reforma amplia de las instituciones con el fin de reconstruir el Estado, o sólo reformar el sistema de seguridad para derrotar a las guerrillas. La segunda opción incluirá a este país en la 'guerra contra el terrorismo' de EE UU y agudizará un conflicto que no se resolverá con la fuerza y fórmulas sencillas. Las negociaciones de paz necesitan un sistema estatal democrático.

La mayor parte de los votantes dieron en mayo pasado su apoyo al programa de Uribe, que combina fuerza y negociación. El nuevo Gobierno podría reiniciar el proceso de paz, pero en el medio plazo no habrá negociación que sirva, aunque esté apoyada en unas Fuerzas Armadas más poderosas, que no vaya acompañada de una reforma y consolidación del Estado democrático y sus garantías.

Una negociación de paz puede durar años, pero debería incluir a sectores armados y no armados

O el Estado recupera su legitimidad, o aumentará el número de grupos violentos

Colombia es un Estado paradójico: tiene Gobierno, Administración, elecciones, Parlamento y leyes, pero las condiciones básicas del Estado moderno no se cumplen. El Gobierno no controla administrativamente parte del territorio y, por lo tanto, en esas zonas no rige la ley ni el orden oficial; no se cobran impuestos legales ni se proveen servicios a la población. Cada una de esas funciones está usurpada por grupos de guerrilla como las FARC y el ELN, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) u organizaciones criminales. Cada uno de estos grupos impone sobre la población formas coactivas de apoyo, sistemas ilegales de recaudación y reglas de funcionamiento social. Las FARC y las AUC compiten por el control de tierras, ciudades y sectores de la población que operan en algún tramo del narcotráfico.

Cada vez más gente en este país cree que la violencia le da un marco de referencia económico (aunque inestable y peligroso), unas normas (de la guerrilla o los paramilitares o los narcos) y una protección que no le ofrece el Estado. O este último recupera su legitimidad o aumentará el número de grupos violentos.

La economía del país está distorsionada por la producción y exportación ilegal de droga. La productividad ha decaído y ha aumentado el desempleo y la pobreza. Grandes extensiones de tierra son controladas por los narcotraficantes para la agricultura intensiva, abandonando la producción alimentaria. Las inversiones extranjeras se orientan hacia el creciente sector del petróleo, principal producto legal de exportación, por delante del café y el carbón.

En diversos foros que se han realizado en los últimos meses en Colombia, París y Washigton se manifestó la preocupación por los escenarios futuros. Hay una coincidencia en que es necesaria una reforma del Estado y se teme que Uribe preste más atención a reforzar las Fuerzas Armadas y la policía con el apoyo de Washington que a contar con un sistema más eficaz de justicia. Más aun, si la guerra se agudiza, el nuevo Gobierno podría imponer el estado de sitio y esto acabaría con las pocas garantías jurídicas todavía vigentes.

Existen antecedentes para alcanzar acuerdos y buscar apoyo social a una reforma. Hay una historia de negociaciones entre gobiernos y guerrillas desde los años ochenta y de intentos de adaptar la Constitución y la administración del Estado. Y existe una activa sociedad civil constituida por actores no armados, en la que Uribe podría apoyarse y a la que la comunidad internacional debería apoyar.

Igualmente se teme a la propuesta de Uribe de crear milicias civiles para luchar contra el terrorismo. Esta experiencia ha sido fatídica en Guatemala, Perú o Argelia, y en un país con una fuerte tradición violenta puede producir todavía más descontrol para el Estado. Con menos garantías jurídicas, milicias populares, el apoyo entusiasta de EE UU a la guerra a través del Plan Colombia, y con las alianzas cruzadas que hay entre Fuerzas Armadas y paramilitares y entre guerrillas y narcotraficantes, el país le puede estallar al nuevo presidente entre las manos.

En Colombia se necesita más Estado a través de más justicia, mejor administración, eficaces mecanismos de devolución del Estado hacia la sociedad, control democrático de las fuerzas de seguridad, nuevas negociaciones, un sistema de verificación de los movimientos, inversiones y mecanismos económicos y financieros del negocio de la violencia y el narcotráfico. Y, por último, el uso de esa fuerza si fuese preciso. Todo esto creará el marco de negociación, y no al revés.

Uribe quiere más fuerza para que las otras partes negocien. Las FARC y el ELN tienen la misma teoría tradicional de la guerra. Los paramilitares buscan convertirse en actores legítimos de un proceso de paz o dinamitarlo. Una negociación de paz puede durar años, pero tendría que incluir tanto a sectores armados como no armados.

La negociación debería ser sobre la tierra que produce café, coca y que es rica en oro, petróleo, esmeraldas y otros recursos. La fuerza se usa para desplazar grupos de miles de personas y quedarse con su tierra. El narcotráfico, que se suele señalar equivocadamente como la causa del conflicto, está vinculado a la tierra y la pobreza, y la falta de opciones para decenas de miles de personas que trabajan en todos los escalones del sistema de tráfico ilícito de poder integrarse en otros trabajos.

El Gobierno Uribe debería abandonar la política de castigo a los productores, promover pactos de erradicación y sustitución gradual. El nuevo Gobierno podría también recordar a EE UU y Europa que hay oferta porque existe una fuerte demanda desde sus sociedades. A partir del 11 de septiembre de 2001 el Gobierno de EE UU ha vinculado la guerra contra las drogas con la lucha a las guerrillas.

Colombia corre un serio peligro si el nuevo presidente orienta su política solamente hacia la lucha contra el terrorismo y así confirma que su país debe estar en la lista de los objetivos de la guerra contra el terrorismo global del Gobierno estadounidense. Desde 1998, Colombia está recibiendo la mayor ayuda militar de Washington del mundo, con excepción de Oriente Próximo. La política estadounidense está orientada crecientemente al uso de la fuerza y a la presión antes que a la cooperación y las negociaciones. Colombia quedaría atrapada por la violencia externa e interna. Ante este panorama, Europa y gobiernos de América Latina deben asistir y sugerir a Uribe que reforme vertical y horizontalmente el Estado; que promocione la sociedad civil y, a la vez, deben servir de contrapeso a la política de Washington. La fuerza sin un proyecto de Estado puede llevar al nuevo Gobierno al fracaso, y la zona andina de América, a una fuerte desestabilización.

Mariano Aguirre es director del Centro de Investigación para la Paz (CIP), Madrid, y miembro del Transnational Institute (TNI), Amsterdam.