La UE y Japón rechazan el plan de EE UU para reducir los aranceles agrícolas al 25%

La UE y Japón dieron ayer un portazo a la propuesta estadounidense para reducir del 62% al 25% de media los aranceles a los productos agrícolas en un plazo de cinco años. El plan fue presentado por EE UU, con el apoyo de Canadá y Australia, en la reunión que mantuvieron ayer los ministros de Agricultura de las cinco potencias en la ciudad japonesa de Nara. Representantes de Bruselas dejaron entrever que, con su jugada, Washington trata de distraer la atención sobre las multimillonarias subvenciones que EE UU ha estado dando a sus agricultores.

EE UU ha abierto una dura batalla con su propuesta para hacer una profunda reforma del sector agrícola, en un periodo de cinco años, que incluye la eliminación de los subsidios a la exportación y una reducción sustancial de los aranceles y medidas de apoyo interno. El comisario europeo de Agricultura y Pesca, Franz Fischler, reaccionó de inmediato y manifestó su 'posición inicial de rechazo', aunque añadió que Bruselas aún está examinando la iniciativa de EE UU con detalle. En el mismo sentido actuó el ministro de Agricultura japonés, Tsutomu Takebe.

Fischler criticó que esas propuestas 'exijan mayor esfuerzo al resto de los países que a EE UU' y se manifestó extrañado de que el Gobierno estadounidense haga estas propuestas, 'a la vez que evita cualquier compromiso para reducir en su país los apoyos a la exportación, que distorsionan el mercado o para disminuir el abuso de ayudas internas practicado por EEUU'.

Intereses

El comisario añadió que Washington 'quiere reinventar el cálculo de las ayudas nacionales para adaptarlas a su interés'. 'Es duro comprobar cómo las nuevas propuestas cuadran con la Farm Bill [ley agrícola estadounidense que aumenta los apoyos a los agricultores de este país], que va hacia una mayor distorsión del mercado'. La Comisión Europea asegura que en la propuesta 'hay una falta de preocupación de EE UU por los intereses de los países en desarrollo y, además, no refleja los aspectos agrícolas no comerciales'.

Washington arremetió contra la UE y la acusó de haber dedicado más de 2.000 millones de dólares a subsidios a las exportaciones agrícolas en 2000 frente a tan sólo 20 millones que desembolsó el Gobierno estadounidense. La Casa Blanca se queja de que, aunque los aranceles se han reducido en todo el mundo en los últimos años, los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) siguen siendo muy altos: el arancel mundial medio en agricultura es de un 62%, mientras que en EE UU la media es de un 12%, según el Gobierno.

EE UU ha propuesto utilizar una fórmula de reducción de aranceles -conocida como la fórmula suiza-, que recortará más los aranceles más elevados que los bajos y garantizará que ningún arancel sea superior a un 25% al cabo de los cinco años. Esas reducciones se efectuarían sobre los aranceles que realmente se aplican y no sobre los máximos autorizados, según Washington.

En cuanto al apoyo interno, EE UU propone simplificar el actual sistema de cálculo utilizando una fórmula que limite el uso de ese tipo de apoyo siempre y cuando sea distorsionante del comercio a un 5% del valor total de la producción agrícola. Washington aboga asimismo por eliminar las empresas de comercio estatales porque abusan de su condición de monopolio y quiere que se eliminen los privilegios financieros de que disfrutan y forzarlas a un régimen de transparencia. En concreto, EE UU argumenta que ese tipo de monopolios estatales, como el Canadian Wheat Board (especializado en el comercio de trigo), se benefician de derechos o privilegios especiales en sus ventas al extranjero. Esos privilegios que pueden crear 'incentivos perversos' para los exportadores y productores que resultan en distorsiones del mercado y pueden constituir además 'subsidios ocultos' a la exportación.

Los representantes de Bruselas, sin embargo, se preguntan por qué Washington exige a esas empresas estatales una transparencia que no trata de imponer a poderosas multinacionales que se dedican al comercio agrícola, industrial y financiero, como es el caso del gigante Cargill.

EE UU también ha propuesto prohibir los impuestos a la exportación de productos agrícolas, aunque se exceptuaría de esa prohibición a los países en desarrollo siempre y cuando esos gravámenes sirviesen para generar ingresos del fisco. Actualmente, las reglas de la OMC permiten a los países gravar las exportaciones de ciertos productos agrícolas con pocas restricciones. Washington arguye que esos gravámenes pueden distorsionar el mercado cuando se aplican en periodos de escasez mundial de determinados productos o se utilizan para limitar las exportaciones de productos básicos.