Un juez ordena la detención de 30 ex militares argentinos por secuestro y tortura

El juez federal argentino Claudio Bonadío, que investiga el destino final de unos 20 militantes de la organización Montoneros desaparecidos durante la dictadura militar y en el marco del Plan Cóndor, ordenó ayer la detención de 30 militares retirados -que podrían llegar a ser 42, según el fiscal Guillermo Marijuan, aunque no todos militares-. Los detenidos eran responsables en los años setenta del servicio de inteligencia del Ejército de Tierra y entre ellos figuran Leopoldo Galtieri, presidente de la nación cuando se decidió la invasión de las islas Malvinas, en 1982, los ex comandantes Cristino Nicolaides y Carlos Guillermo Suárez Mason, el general retirado Juan Ramón Mabragaña y el ex jefe de la Policía Federal Raimundo Romero Ojeda.

El ex presidente Leopoldo Galtieri es el único que permanecía hasta ahora en libertad. Los demás están detenidos bajo arresto domiciliarios por distintas causas, como la de robos de niños nacidos en cautiverio.

Entre los desaparecidos, supuestamente secuestrados y asesinados luego de ser torturados en dependencias del Ejército, se encontraban el hijo del escritor David Viñas y un hijo de Marcos Zucker, un popular actor de cine y de teatro. La investigación se inició por la denuncia de la esposa de Viñas, Claudia Allegrini, y de los familiares de las víctimas, todas ellas integrantes de las llamadas Tropas Especiales de Infantería de la organización Montoneros que conducía desde el exilio el dirigente Roberto Perdía.

Los testimonios recogidos durante la investigación demuestran que los militantes fueron secuestrados en distintos sitios dentro y fuera del país y desde entonces permanecen desaparecidos, entre ellos Lorenzo Viñas, Ricardo Zucker y su esposa Marta Libenson, Julio Genoud, Horacio Campiglia, el sacerdote José Adur y Mónica Pimus de Bimsock. El Gobierno brasileño había reconocido los secuestros en su territorio de Viñas, Campiglia y Pimus de Bimsock y había indemnizado a los familiares.

El juez Bonadío investiga los procedimientos conjuntos de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur en el marco del llamado Plan Cóndor y fue uno de los jueces que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Las leyes ya habían sido derogadas por el Congreso en marzo de 1998, al cumplirse 22 años desde el golpe de Estado de 1976, pero sus efectos protectores cesaban desde ese momento en adelante y mantenían abierto el paraguas de impunidad sobre el pasado.

Los 'carapintadas'

En otro expediente, el juez Gabriel Cavallo fue el primero en declarar la 'inconstitucionalidad y la nulidad insanable' de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, aprobadas en diciembre de 1986 y junio de 1987 durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, después de los alzamientos protagonizados por los sectores carapintadas del Ejército de Tierra. En aquel momento, las leyes libraron de proceso a 1.180 militares y policías sospechosos por sus distintos grados de participación en los campos de concentración que montó la dictadura para el secuestro y la tortura de los detenidos, donde murieron asesinadas y desaparecieron unas 30.000 personas. El juez Cavallo consideró que la desaparición forzada de personas era 'un delito de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable'. A su juicio se trata de un 'acto de genocidio', tal como lo había interpretado la Audiencia Nacional de España al confirmar las atribuciones del juez Baltasar Garzón para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo las dictaduras de Argentina y Chile.

Los abogados defensores de los militares bajo proceso presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal del país aún no confirmó la inconstitucionalidad de las leyes declarada por los jueces federales.