El ex dictador argentino Galtieri, detenido por secuestro y desapariciones

El ex general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de Argentina entre 1981 y 1982, permanece desde ayer en prisión preventiva bajo la acusación de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de militantes Montoneros. Galtieri, que cumplirá 76 años el próximo lunes, fue absuelto en el juicio por violaciones a los derechos humanos contra el ex general Jorge Videla y el resto de los miembros de las juntas de la dictadura militar en 1984. Sólo había sido condenado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12 años de prisión por 'negligencia' tras la derrota argentina en la guerra de las Malvinas.

Era una de las caras terribles de la dictadura militar argentina y estaba en libertad. Los generales actuales le invitaban todavía a festejar junto con ellos el Día del Ejército de Tierra. Se le recordaba en cada aniversario de la guerra por la soberanía de las islas Malvinas en 1982, cuando en su condición de comandante en jefe y presidente de la nación desafiaba a las tropas inglesas con su voz alcohólica y trasnochada. 'Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla', gritaba desde los balcones de la Casa Rosada, la sede del Gobierno.

La orden del juez federal Claudio Bonadío, que investiga el destino final de 18 militantes de las llamadas Tropas Especiales de Infantería (TEI) de la izquierda peronista desaparecidos a comienzos de 1980, se cumplió de inmediato.

Galtieri, que se benefició, como todos los demás militares procesados, por los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem a fines de 1991, fue trasladado en principio a la sede del regimiento de Granaderos a Caballo.

El juez dispuso la prisión de otros 41 ex oficiales militares y civiles integrantes del servicio de inteligencia del Ejército de Tierra, conocido como el batallón 601. Desde allí se montó el operativo que en el marco del llamado Plan Cóndor, de colaboración con las Fuerzas Armadas de la región, disponía el intercambio de información, la persecución y el asesinato de opositores políticos en cualquiera de los países del Cono Sur suramericano: Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.

Entre los 36 militares acusados, además de un ex oficial del Ejército y de cinco agentes civiles, se encuentran también el ex comandante en jefe del Ejército de Tierra Cristino Nicolaides y el ex jefe del Cuerpo del primer cuerpo de Ejército Carlos Suárez Mason, que ya cumplen arresto en su domicilio por el robo de niños nacidos en cautiverio. Ambos son mayores de 70 años y la justicia argentina podría conceder también a Galtieri el beneficio de permanecer detenido en su propia casa.

La llamada 'contraofensiva' de la organización Montoneros se inició a fines de 1979, cuando comenzaron a regresar al país los militantes que habrían logrado huir luego de que la dictadura militar iniciara la cacería de opositores entre 1976 y 1978. El servicio de Inteligencia del Ejército fue alertado por los agentes a su servicio y desde el batallón 601 se planificó la represión.

El juez Bonadío retomó en 1999 un expediente de 1983, cuando Claudia Allegrini, la esposa de Lorenzo Viñas, hijo del escritor David Viñas, desaparecido tres años antes tras ser detenido en la ciudad brasileña de Uruguayana, reclamó que se investigara el destino final del cuerpo de su marido. Ese día también fue detenido en el mismo lugar el sacerdote católico Jorge Adur.

Entre las víctimas se encuentran, entre otros, Ricardo Zucker, hijo del actor Marcos Zucker, su esposa, Mónica Pinus de Binstock, y Horacio Campiglia, secuestrados y desaparecidos en el aeropuerto de Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980. Por esta misma causa Claudio Scagliuzzi, el hijo de un oficial del Ejército y agente de espionaje, permanece detenido en Barcelona. El juez Bonadío ha reclamado nuevamente su extradición a España.

El amparo de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas entre 1986 y 1987, libraron de proceso a 1.180 militares y policías sospechosos de distintos grados de participación en los campos de concentración que montó la dictadura para el secuestro y la tortura de los detenidos, donde murieron asesinadas y desaparecieron unas 30.000 personas, pero no benefician a civiles que colaboraron con los militares como Scagliuzzi. Las leyes fueron derogadas por el Parlamento en 1998 y declaradas inconstitucionales por dos jueces federales, Bonadío y Gabriel Cavallo. El recurso de los abogados defensores ante el Supremo aún no fue resuelto por el máximo tribunal del país.

Los acusados

Entre los acusados hay un solo militar en actividad: un oficial del que no se ha revelado la identidad todavía. Los portavoces del Ejército advierten que podría demorar todavía 'un par de días' el arresto de todos los acusados porque algunos de ellos viven en provincias. Los principales acusados son Raimundo Romero Ojeda, ex jefe de la Policía Federal, el general Juan Ramón Mabragaña, el general Jorge Olivera Rovere, los oficiales Enrique José del Pino, Santiago Hoya, Arias Duval y el temible Turco Julián, uno de los agentes de espionaje que trabajaba para el Ejército de Tierra y reconoció públicamente haber participado en secuestros, torturas y asesinatos.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su 'satisfacción enorme' por la detención de Galtieri. 'Se estaban buscando pruebas para hacerlo responsable por un campo de concentración en Santa Fe, pero hasta ahora no había sido detenido', dijo. 'Es una satisfacción enorme que un juez como Bonadío, que tiene el antecedente de haber declarado inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia debida y mantiene un compromiso claro de hacer justicia, haya promovido la investigación por el Plan Cóndor y la desaparición de militares Montoneros secuestrados cuando regresaban al país'.