Un juez procesa a Videla por 'asociación ilícita' para ejecutar el Plan Cóndor

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó que se mantenga la prisión preventiva de Videla y un embargo de sus bienes por valor de un millón de dólares (unos 200 millones de pesetas). Por esta misma causa, en la que se investiga la desaparición de unas 80 personas, el juez pidió a la Interpol la captura internacional con vistas a la extradición del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, asilado político en Brasil; del general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena detenido en Chile, y de tres oficiales uruguayos y un ex agente de la policía de ese país, a los que el Gobierno de Uruguay decidió no arrestar.

Además de los testimonios, el juez tiene pruebas documentales de los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor recogidas por el ciudadano paraguayo Martín Almada, una víctima de la represión que ejerce actualmente como profesor de derechos humanos en la Universidad de Kansas. Los llamados 'archivos del terror', descubiertos en el octavo piso del Palacio de Justicia de Asunción (Paraguay), revelan en detalle los alcances de la organización.

En un oficio dirigido al entonces jefe de la policía paraguaya, general Francisco Britez, fechado en Asunción el 13 de abril de 1981 y firmado por el jefe del Departamento de Investigaciones, se describe la acción de militantes políticos, y allí puede leerse: '... pero ante la posibilidad de que sean detectados y tomados por las Fuerzas Armadas militares argentinas, dentro de la Operación Cóndor, están analizando y buscando un lugar seguro donde realizar sus reuniones principales y la gran convención'.

En declaraciones telefónicas recogidas por el periódico La Nación de Buenos Aires, el profesor Almada recuerda que se enteró de la existencia del plan conjunto cuando uno de los oficiales que le torturaban le dijo: 'Usted está en las garras del Cóndor'. Según Almada, 'Contreras presentó formalmente la Operación Cóndor entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile, en la primera sesión de la que participaron representantes de los países del Cono Sur, y dijo que tomaba como modelo a la Interpol de París'. El plan represivo contó con la colaboración de la CIA y el FBI, de la secretaría de espionaje del Gobierno argentino y de la organización paramilitar conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

El pasado noviembre, cuando un tribunal argentino juzgó y condenó a reclusión perpetua al ciudadano chileno Enrique Arancibia Clavel por su 'participación necesaria' en el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, exiliados en Buenos Aires después del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet, el proceso demostró también la colaboración de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal de la oposición política. En la requisa de la casa de Arancibia en 1978, sospechoso entonces de ser 'espía' al servicio de Chile, la policía encontró cinco carpetas con informes enviados por el ex agente de la policía política chilena en los que se incluían listados de ciudadanos muertos y desaparecidos en Argentina. 'Se tienen por computados 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 hasta la fecha, según el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército'.

La nueva orden de procesamiento acaba con las últimas esperanzas de Videla para conseguir su libertad. Sus abogados habían presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, basado en la sentencia de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura en 1985, donde quedaba establecido que 'no podrá renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados [Videla y el resto de los comandantes de las juntas militares] por los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes de las respectivas fuerzas'. Videla fue entonces condenado a reclusión perpetua como autor responsable de 66 homicidios, 306 privaciones ilegales de la libertad, 93 casos de torturas y 26 robos, y liberado de prisión en 1990 por los decretos de indulto que firmó el entonces presidente, Carlos Menem.

El borrador del texto elaborado en la secretaría penal de la Corte Suprema consideraba los argumentos de la defensa en el sentido de que Videla no podía ser procesado nuevamente por delitos que ya habían sido juzgados y en su condición de comandante de la dictadura. Según el juez Canicoba Corral, cuando se decidió la aplicación del Plan Cóndor en la región, Videla ejercía el cargo de 'presidente', además de ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían advertido de que, en caso de que la Corte llegara a anular la prisión preventiva ordenada por los jueces federales Adolfo Bagnasco y Roberto Marquevich cuando se inició la investigación del robo de niños nacidos en cautiverio, recurrirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.