El ex dictador argentino Leopoldo Galtieri, detenido en Buenos Aires
Galtieri se ha presentado en un regimiento bonaerense 24 horas después de que el juez Bonadío dictara su detención
El ex dictador argentino Leopoldo Galtieri ha sido puesto hoy bajo arresto por su presunta responsabilidad en el secuestro, la tortura y el homicidio de una veintena de guerrilleros montoneros durante la última dictadura militar (1976-1983).
El ex presidente de facto se ha presentado en un regimiento de Buenos Aires un día después de que el juez Claudio Bonadío, a cargo de la investigación, librase una orden de detención que también incluye a otros 41 militares y ex policías, según han informado fuentes judiciales.
Todos los buscados estaban en el Servicio de Inteligencia del Ejército durante el gobierno militar y los hechos por los que Bonadío ordenó su detención sucedieron en 1980.
Galtieri, que esta misma tarde puede ser trasladado a los tribunales para prestar declaración ante el magistrado, gobernó durante la guerra que Argentina libró con el Reino Unido en 1982 por la posesión de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, y terminó con la rendición de las tropas argentinas tras dos meses de combate.
Contrario a la ley de Punto Final
En 1986, el ex dictador fue sentenciado por un tribunal militar a 12 años de cárcel por "negligencia" e "impericia" en su actuación durante la guerra, pero tres años después quedó en libertad gracias a un indulto del entonces presidente de Argentina, Carlos Menem.
La orden de captura dictada por el juez Bonadío también incluye al ex general Guillermo Suárez Mason, al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, al general retirado Juan Ramón Mabragaño y al ex jefe de la Policía Federal Raúl Ojeda.
El magistrado lleva una causa en la que busca determinar el destino final de unos 20 montoneros que fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. El proceso abierto a estos militares se enmarca en el conflicto por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas a mediados de los 80 y que supusieron la impunidad para miles de acusados de violaciones de los derechos humanos. El juez Bonadío considera nulas estas leyes.
