Decenas de alcaldes dimiten en Colombia ante las amenazas de muerte de las FARC

Decenas de alcaldes han dimitido en Colombia en los últimos días presionados por la amenaza de muerte por parte de la primera guerrilla del país, las FARC. Los gobernadores no han aceptado las dimisiones y el Gobierno estudia un plan para que los alcaldes despachen desde los comandos militares de cada zona. Más de 110 alcaldes están amenazados por una ofensiva guerrillera que pretende crear, gracias al vacío de poder, una nueva zona de despeje bajo su control. 'Nuestra consigna es no dejar funcionar a ningún alcalde', dice un comunicado de las FARC.

Hasta el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus esta amenazado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lo que se considera el mayor desafío al régimen institucional del país, han desatado una cadena de amenazas contra alcaldes y funcionarios municipales. Su pretensión es obligarlos a renunciar y generar un vacío de poder en amplias zonas del territorio nacional.

La crisis afecta ya a 15 de los 32 departamentos y el caos es tal que nadie se atreve a dar una cifra precisa de cuántos funcionarios han abandonado sus despachos y cuántos están gobernando por control remoto, vía fax, teléfono móvil o Internet. La mayoría se ha instalado en las capitales departamentales, donde encuentran un mínimo de protección. En el departamento de Antioquia son 23 los alcaldes que han presentado su dimisión al gobernador. En Caldas, oeste del país, lo han hecho los alcaldes de Pensilvania, Samana y Victoria. En la provincia de Arauca, otros 97 han advertido que dimitirán antes del fin del ultimátum de la guerrilla. Mockus, el alcalde de Bogotá, ha rechazado cualquier intención de dimitir.

'Es un acto de extremo autoritarismo, una falta de respeto a la democracia. Es pedirles a los ciudadanos que renuncien a su derecho al voto', dijo Mockus al conocer que su nombre, junto al de 10 alcaldes de Cundinamarca, figura en una carta amenazante firmada por el bloque oriental de las FARC.

'Nuestra consigna es no dejar funcionar a ningún representante del Estado en ninguno de los municipios', dice un comunicado interceptado por las autoridades. Según este comunicado, todos los frentes guerrilleros tienen la orden de 'capturar o ajusticiar' a quienes no cumplan la orden de renunciar.

Los amenazados están entre la espada y la pared. El Gobierno se niega a aceptar las renuncias y delegó la responsabilidad en los gobernadores. Éstos, a su vez, reunidos en Medellín el fin de semana, acordaron no aceptar el chantaje. En algunos departamentos como Arauca, al noroeste del país, los paramilitares anunciaron que matarán a quienes claudiquen ante la presión.

'No se puede confiar'

En Antioquia, los 23 alcaldes que renunciaron en masa y de común acuerdo plantearon encuentros con los comandantes insurgentes para llegar a un arreglo. Pero el Gobierno tampoco acepta estas conversaciones: 'A pesar de las buenas intenciones con estos acercamientos, el país conoce de sobra que no se puede confiar en la palabra de las FARC', asegura el ministro de Defensa, Gustavo Bell.

La cadena de amenazas se inició el mes pasado. Caquetá, Putumayo y Huila, al sur del país, fueron las primeras regiones donde las FARC pretendieron este llamado 'despeje a la fuerza'. Ayer, lunes, se supo que hasta el procurador general (fiscal de los funcionarios públicos) fue declarado objetivo militar.

'Las FARC aprenden cada vez más de Bin Laden. Hacer terrorismo es fácil, más aún este tipo de amenazas', dijo a este periódico el ministro del Interior encargado, Nelson Amaya. 'No estamos dispuestos a aceptar la presión de la guerrilla', agregó. Para este funcionario, la amenaza de las FARC es contra todos 'los 40 millones de colombianos', y asegura que el Estado tiene herramientas para hacer frente a la grave situación sin acudir, como lo han pedido muchos, a la conmoción interior. Explica que hay distintos niveles de riesgo: el alcalde de Bogotá, por ejemplo, tiene 20 escoltas, lo que garantiza su seguridad.

El analista Alfredo Rangel, experto en seguridad, cree que la única manera de enfrentar este reto 'inmenso para el Estado' es un inmediato incremento del pie de fuerza disponible, mediante el llamado de un suficiente número de reservas'. El analista asegura que las FARC continuarán socavando la economía y resquebrajando y diluyendo la estructura democrática del Estado.

Marcos Romero, también analista, cree que la crisis evidencia una 'disputa de legitimidades', y recuerda que históricamente las FARC han dado, mediante actos violentos, la despedida y la bienvenida a los Gobiernos. El próximo 7 de agosto tomará posesión el nuevo presidente, Álvaro Uribe.