Contra la fortificación del Norte

En la cumbre alternativa nadie cuestiona el derecho universal a emigrar. Esa es la primera gran diferencia que les aleja del sanedrín de mandatarios europeos que discutieron en el Palacio de Congresos y Exposiciones las líneas básicas de una política común en materia de inmigración, que entre sus objetivos pretende limitar la entrada en la Unión Europea y combatir la inmigración clandestina. 'El acuerdo de Sevilla es un pasito más hacia la Europa fortaleza', critica el portavoz del eje de inmigración, Carlos Haynes.

Sentada la primera gran divergencia, los colectivos antiglobalización plantean muchas otras. Discuten en primer lugar la capacidad de acogida de los países comunitarios, cuyos responsables políticos tienden a describir como saturada. 'No hay datos estadísticos fiables, sólo demagogia política porque es muy rentable', aduce Haynes, que destaca el caso español, donde la presencia de inmigrantes es minoritaria comparada con otros países europeos y atendiendo incluso a las necesidades del mercado de trabajo.

'No podemos hacer todo lo posible para que no vivan y luego impedir que salgan'

Un inmigrante tampoco es lo mismo para un antiglobal que para Silvio Berlusconi, el presidente italiano. Los dirigentes políticos, como ha ocurrido en España en los últimos meses, establecen relaciones perversas entre inmigrantes sin papeles y delincuencia. En el eje se denunció tal asociación, al tiempo que se reivindican políticas que miren más por los derechos humanos que por la visión policial. 'Frente a las barreras defendemos la integración', plantea el portavoz. Una visión radicalmente distinta a la diseñada en Sevilla donde, según Haynes, se avanza hacia una fortificación de la UE en sintonía con lo ya acordado en Schengen.

Aunque el movimiento antiglobalización antepone el derecho a emigrar como un principio elemental, las razones políticas y económicas que impulsan los desplazamientos demográficos desde el Sur hacia el Norte entroncan con una de las grandes cuestiones que ha provocado el origen del movimiento: la desigual distribución de la riqueza y la explotación de los países del Tercer Mundo.

La cooperación al desarrollo es, pues, uno de los instrumentos defendidos durante las actividades del eje, en clara contraposición con la intentona -finalmente frustrada- del presidente español, José María Aznar, de penalizar a los países del Sur que no combatiesen la inmigración clandestina. 'Afortunadamente no se ha aprobado esa barbaridad, pero aún así la UE camina cada vez más contra la inmigración', indica Haynes.

Eric Toussaint, presidente del comité por la anulación de la deuda externa en el Tercer Mundo, explicó que sólo con la cesión del 0,7 (real) del PIB de los 30 países más ricos y la abolición de la deuda externa se podría liberar casi medio billón de euros para esos países. 'Es fácil poner en marcha esas políticas alternativas sin que supongan un gran quebranto para la economía mundial', sostuvo Haynes.

La actual cooperación al desarrollo, tal y como está diseñada por los países ricos, no satisface a quienes propugnan un modelo de mundialización más justo y equilibrado, que probablemente frenaría los flujos migratorios desde el Sur hacia el Norte. 'No podemos hacer todo lo posible para que no vivan en sus países y luego impedirles que no salgan', concluye el portavoz.