Argentina busca un acuerdo de emergencia con el FMI para cubrir sus compromisos hasta septiembre
Es tal el desacuerdo sobre demasiados puntos en discusión, que probablemente Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcancen un acuerdo básico antes del próximo 16 de julio, cuando comienzan a vencer los plazos para pagar los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito que suman 5.000 mil millones de dólares hasta el próximo septiembre, y dejen el resto para más adelante.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, viaja hoy a Washington para resolver allí los 'aspectos políticos' de la negociación. Los objetivos del Gobierno argentino se han reducido a mínimos y sólo espera no tener que disponer de sus escasas reservas, estimadas ya en menos de 10.000 millones de dólares, para evitar la extensión de la suspensión de pagos (ahora sólo con los acreedores privados) al propio Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de los que precisamente espera que le renueven los préstamos cancelados a fines del pasado año.
Si el FMI acepta resolver con registros contables los 5.000 millones de vencimientos de este año y prorroga automáticamente los de 2003, el Gobierno argentino podría recibir entre 3.000 y 5.000 millones en dólares en nuevos préstamos del BID, el Banco Mundial y de gobiernos extranjeros, como Italia y España, para prefinanciar exportaciones, iniciar la reforma del sistema financiero y frenar con algo de crédito la caída de la economía, en recesión desde hace más de cuatro años y medio.
Con tres meses de alivio por delante, el Gobierno confía en que podría concluirse un acuerdo más amplio sobre la política monetaria, la fiscal y el montaje del llamado 'hospital de bancos' que reclama el FMI, asuntos sobre los que ambas partes mantienen diferencias sustanciales. A su vez, los técnicos del Fondo Monetario tendrían más tiempo para evaluar la marcha del Plan Bonos, el canje de dinero por títulos de deuda que los bancos comenzaron a ofrecer el pasado lunes a los ahorradores, los pactos fiscales con las provincias para que reduzcan un 60% de su pasivo, la evolución del tipo de cambio y su incidencia en el alza del coste de la vida.
Mientras tanto, el Gobierno argentino sigue cumpliendo con los reclamos del Fondo. El presidente Eduardo Duhalde vetó el artículo cuarto del proyecto de derogación de la Ley de Subversión Económica, aprobado por el Congreso, que se traspasaba al Código Penal. Ese artículo imponía una condena de seis meses a dos años de prisión 'por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere o prestare su consentimiento o concurso para la realización de los delitos mencionados'. La ley objetada por el FMI había permitido a los jueces investigar y someter a proceso a los banqueros acusados de promover o encubrir fugas de dinero.
