La huelga de autobuses de Barcelona perjudica a más de 350.000 usuarios

El incumplimiento de los servicios mínimos dejó ayer a la capital catalana sin autobuses en la primera jornada de huelga indefinida de los conductores de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). La empresa solicitó a la Generalitat un laudo de obligado cumplimiento alegando que se trata de una 'situación excepcional', petición que, de momento, ha sido rechazada. El Ayuntamiento mostró su 'preocupación' por el cariz que ha tomado el conflicto e hizo un 'llamamiento a que se respeten los servicios mínimos'. Las víctimas son los más de 350.000 usuarios que todos los días se desplazan en autobús.

'No se puede designar un árbitro el primer día de huelga', afirma la Generalitat

La huelga indefinida de los autobuses de Barcelona llega tras el fracaso de cuatro reuniones entre el comité de empresa y TMB con la Generalitat como mediadora para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio. Las negociaciones se encuentran encalladas en el aumento del salario base. Los trabajadores piden un aumento mínimo del 20%, mientras que TMB ofrece el 3,25%.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat se ofreció la semana pasada para ejercer de árbitro en el conflicto, propuesta que fue aceptada por la empresa pero rechazada por los trabajadores. Ante este rechazo, TMB solicitó ayer a la Generalitat que designe un árbitro que dicte un laudo de carácter obligatorio alegando que se trata de una 'situación excepcional'. Sin embargo, la Generalitat afirmó que descarta tomar esta decisión por el momento por respeto al derecho de huelga de los trabajadores.

Los empleados de TMB decidieron ayer a las cuatro de la madrugada no cumplir los servicios mínimos decretados por la Generalitat, del 50% del servicio en hora punta y del 25% el resto del día. Concentrados frente a las cocheras y rodeados de una fuerte presencia policial, los empleados acordaron de forma unánime no respetar los servicios mínimos a sabiendas de las consecuencias que el incumplimiento podía tener. A mediodía, y ante el anuncio de TMB de expedientar a los conductores que incumplieran los mínimos, el comité de huelga se reunió frente a las cocheras del Triangle Ferroviari y ratificó su postura.

Los empleados de TMB anunciaron que el cumplimiento de los servicios mínimos en el día de hoy se decidirá en nuevas reuniones esta madrugada, aunque el sentir general durante todo el día de ayer era el de no modificar su postura de incumplirlos.

La falta de los servicios mínimos causó mucha confusión entre los usuarios a primera hora porque en todas las paradas de autobús de la ciudad una hoja informativa de TMB informaba con detalle de los servicios mínimos establecidos por la Generalitat. La confusión se convirtió en indignación al saber que, por segundo día consecutivo tras el paro de siete horas del lunes, ningún autobús circularía por la ciudad. 'Tienen derecho a hacer huelga, pero no nos pueden dejar tirados', decía una mujer. 'Yo tengo que ir al ambulatorio de Manso, no tengo ni metro ni autobús y no me puedo gastar lo que me queda de la paga en un taxi. Tendré que ir andando', decía una anciana en una parada del paseo de la Zona Franca.

De los 350.000 barceloneses que todos los días se desplazan en autobús, los más perjudicados fueron los que cubren trayectos en los que no hay metro ni servicio de ferrocarriles. Es el caso de quienes viven o trabajan en la Zona Franca, los barrios de El Carmel, Vallcarca, Ciutat Meridiana, Bon Pastor y algunas áreas de la zona alta de la ciudad.

Estos ciudadanos no tuvieron otro remedio que recurrir al coche particular, caminar o pagar taxis, solución que fue muy mal recibida por los perjudicados Así, algunos usuarios utilizaban el metro hasta donde podían y luego tenían que tomar un taxi para llegar a su lugar de destino. De este modo, los taxis incrementaron su actividad en unas 30.000 carreras y el metro, que funcionó todo el día con la frecuencia de paso de las horas punta, sufrió una notable sobrecarga de usuarios, especialmente a primeras horas de la mañana.

A pesar del cariz que está tomando la huelga, el Gobierno catalán no ve todavía motivos para designar un árbitro que ponga fin al conflicto, petición en la que la empresa insiste desde el lunes. El director de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jaume Abat, afirmó ayer que por el momento no se plantea designar un árbitro, ya que lo considera una 'medida excepcional que sólo puede aplicarse cuando hay un grave perjuicio hacia el conjunto de la sociedad'. El consistorio considera que la ciudad ya está en esa situación

Abat descartó que esta posibilidad sea inmediata por respeto al derecho de huelga de los trabajadores y también 'porque un juez podría declarar ilegal un laudo tan rápido. La huelga es un derecho reconocido en la Constitución'. Abat aseguró que el Ejecutivo catalán 'no puede designar un árbitro el primer día de huelga' y agregó que, en todo caso, la decisión se tomará en función de la postura que adopten los trabajadores, a la espera de saber si cumplirán hoy los servicios mínimos decretados por Trabajo.

De todos modos, Abat no precisó el tiempo que considera necesario que dure el conflicto para plantearse la designación de un arbitraje obligatorio. En todo caso, si lo decidiera, debería elevar la propuesta al Consell Executiu, que debería designar el árbitro encargado de dictar el laudo. Así ha sucedido recientemente en una huelga de autobuses en Madrid.

El portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, pidió 'la máxima rapidez' en solicitar el laudo alegando que deben respetarse también los derechos de los ciudadanos que sólo pueden desplazarse en autobús, que a su juicio suponen el 20% de la población de Barcelona. 'La Generalitat tiene en sus manos decidir, y esperamos que sea una cuestión de horas o de días', añadió.

También se sumó a esta petición la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC), que recibió ayer un centenar de quejas de usuarios de autobús. El director en funciones de la OCUC, Albert Pons, aseguró que el incumplimiento de los servicios mínimos decretados está causando un 'grave perjuicio público que alguien tendrá que pagar'. La OCUC no descarta emprender acciones legales contra los trabajadores de TMB y contra la empresa, 'que también es responsable de esta situación'.

Por su parte, el conseller en cap, Artur Mas, culpó del conflicto al consistorio barcelonés y le conminó a que 'no escurra el bulto' y haga cumplir los servicios mínimos con 'todos los medios legales a su alcance', que incluyen, 'si no hay otro remedio', los despidos.