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El Parlamento italiano autoriza privatizar los museos y el Gobierno prepara la venta de bienes culturales

'Hay cosas sin interés, que pueden venderse o derribarse', dice el ministro de Cultura

La situación económica de Italia, lastrada por una fabulosa deuda pública que supera el 110% del PIB, pesa negativamente en los presupuestos del Ministerio de Cultura, cuya deuda asciende este año al 0'2% del PIB. Una suma escandalosa, según su titular, Giuliano Urbani. Para llenar las arcas vacías de su ministerio, Urbani ha logrado la luz verde del Parlamento para privatizar completamente la gestión de los museos. El ministro, además, elabora en colaboración con su homólogo de Economía una lista de bienes protegidos para poder venderlos.

Desde que llegó hace diez meses al departamento de Cultura, Urbani ha puesto en marcha una verdadera revolución. Ha cambiado las cúpulas de la Bienal de Venecia -un ente autónomo del que no hace comentarios 'porque no es de mi competencia'- y de Cineccitá Holding, el ente que se ocupa de la promoción y financiación pública del cine italiano. Urbani asegura que Cineccitá cambiará completamente su funcionamiento a partir de noviembre, para ajustarse más a las necesidades del cine italiano. 'Hasta ahora, el rendimiento ha sido bajo y eso tiene que cambiar', explica.

El Gobierno se queja del mucho dinero gastado y el escaso beneficio global de los filmes subvencionados. Los mismos criterios de rentabilidad han decidido a Urbani a cambiar la cúpula del Centro Sperimentale de Cine de Roma, que pasa a ser dirigido por cinco expertos de distintas áreas (desde sociólogos a actores y publicitarios). 'No es cierto que hayamos repartido el poder entre los distintos partidos del Gobierno, a mí no me importa a quién votan los miembros de la nueva cúpula', asegura el ministro, que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses también a las críticas de uno de sus secretarios de Estado, Vittorio Sgarbi. 'Pero el criterio que ha funcionado hasta ahora, de que el centro estuviera dirigido por los críticos de cine, ha dejado de ser válido', dice.

Otra de las iniciativas polémicas de Urbani, la de poner en manos privadas la gestión completa de los museos del país, ha superado todos los escollos, incluido el del Parlamento, y se ha convertido ya en ley. 'En estos momentos estamos discutiendo con los sindicatos y con el anterior equipo los términos de la ley. Más adelante precisaremos las competencias exactas que quedarán en manos de los gestores privados, pero en torno al verano todo estará listo para iniciar el proyecto', explica el ministro.

Urbani asegura que no habrá problemas 'porque el gestor tendrá que someterse a la autoridad de los superintendentes', es decir, los responsables de Cultura en las diferentes áreas y provincias. 'Un gestor no podrá decidir, por ejemplo, el cambio de emplazamiento de un cuadro, o el número de obras que se pueden prestar al extranjero en una exposición'.

La lista

No menos ambicioso es el proyecto que se confía al ente Patrimonio Italia, un 'contenedor' en el que se reagruparán los bienes patrimoniales susceptibles de ser vendidos, incluso aunque la venta vaya acompañada de su demolición. 'No se trata, obviamente, del Coliseo', bromea Urbani, sino de inmuebles o estructuras que están protegidas pero que, a su juicio, 'carecen de especial interés artístico'. El ministro cita el ejemplo de algunos edificios construidos en los años treinta. 'El fascismo ha dejado un legado impresionante, nadie pone en duda el valor artístico del Eur , pero hay también cosas sin interés, que pueden venderse y hasta derribarse', explica. Las leyes italianas no consideran obra de arte ninguna pieza artística con menos de 50 años de antigüedad; por tanto, el problema no se plantea con las obras recientes.

Urbani reconoce que la lista de bienes susceptibles de venta 'tiene que hacerse con sentido común y con mesura', pero existe ya una evaluación aproximada del valor de este patrimonio. 'Se calcula en el triple de la deuda pública italiana', es decir, tres veces y media el PIB, del país que asciende a casi 1'2 billones de euros. Unos recursos que, obviamente, irían a parar a las arcas del Tesoro italiano, pero de los que el Ministerio de Cultura recibiría también su parte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de abril de 2002