Los jueces de Navarra investigan si pudieron evitar el crimen de Villava

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rafael Ruiz de la Cuesta, ha abierto una investigación tras el asesinato a manos de su marido de Alicia Arístregui, el pasado día 9, para depurar posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de 'un anormal funcionamiento' de los juzgados navarros. La víctima había denunciado a su marido 20 veces por amenazas sin obtener un resultado efectivo.

El magistrado Ruiz de la Cuesta calificó la acción de Jesús Gil Peláez, asesino confeso de Alicia, de 'terrorismo individual', y dio a conocer que ha convocado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el próximo lunes para investigar si existen indicios de responsabilidad disciplinaria de los jueces. 'Si hubiera pruebas, las aportaríamos al Consejo General del Poder Judicial', añadió.

Alicia Arístregui, de 37 años y en trámites de separación, presentó una veintena de denuncias judiciales y policiales desde enero pasado contra su ex marido, Jesús Gil Peláez, de 39 años. Tanto ella como sus familiares advirtieron a la policía y a los jueces de que los malos tratos eran cada día más frecuentes y que las continuas amenazas de muerte podían materializarse en cualquier momento. La única resolución judicial adoptada en ese tiempo data del pasado 9 de enero, y consistió en un auto de un juzgado de instrucción de Pamplona prohibiendo a Gil Peláez acercarse a menos de 500 metros de su ex esposa.

Tras la muerte a cuchilladas ocurrida en una calle de Villava, localidad en la que residía la pareja antes de la separación, los hermanos de la víctima denunciaron públicamente que los juzgados de Pamplona 'no hicieron nada de nada' por proteger a Alicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra indicó ayer que la investigación está orientada a aclarar si 'por parte de los jueces se podía haber hecho más' con relación a las medidas cautelares adoptadas antes del crimen. La resolución de esta investigación interna abarcará, según Ruiz de la Cuesta, la actuación en el caso de los juzgados de instrucción, el juzgado de Familia y el ministerio fiscal. Sus conclusiones se conocerán la próxima semana. El máximo responsable judicial de Navarra insistió en la necesidad de que las víctimas de la violencia de género pongan en conocimiento de la autoridad competente si los agresores vulneran las medidas cautelares impuestas por los juzgados.

Sentencias contundentes

El caso de Villava fue ayer abordado por la secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa. Para Dancausa, que aplaudió la iniciativa del Tribunal de Navarra, 'veinte denuncias tenían que haber producido más celo'. En el calendario de Asuntos Sociales contra la violencia doméstica está previsto crear una comisión, junto con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, 'para hacer un seguimiento de este tipo de casos donde las sentencias tendrían que ser más contundentes', señaló Dancausa. La comisión estudiará las sentencias que puedan conducir a posturas discrepantes.

Asuntos Sociales ha iniciado, asimismo, la creación de un registro informatizado en las fiscalías que unificará las diferentes denuncias efectuadas por una misma mujer. Ello permitirá juzgar como delito lo que en muchos casos se está considerando falta por no disponer de un sistema centralizado que acumule las denuncias.