Una sentencia judicial permitirá reconstruir la muralla de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha comunicado al Ministerio de Hacienda que concederá la licencia para la reconstrucción del tramo de muralla que se derrumbó en junio de 2000, obra a la que se oponía el equipo de gobierno popular. Una sentencia judicial ha respaldado el proyecto del ministerio, según el dictamen técnico del arquitecto Francisco Jurado, frente a las decisiones mantenidas firmemente por el alcalde y su equipo.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, al que recurrieron frente al Ayuntamiento el Ministerio de Hacienda (propietario de la muralla, perteneciente al Patrimonio del Estado) y afectados de las casas, estableció que 'no son conforme a derecho y procede su anulación' de los decretos de la alcaldía que determinaron la situación de ruina de los edificios adosados y el desalojo de los vecinos, porque se deduce que con sus informes técnicos el Ayuntamiento no ha acreditado el estado de ruina de los edificios.

Al tiempo, la decisión judicial ha dejado expedito el paso para que el Ministerio de Hacienda pueda restaurar el desplome de la muralla, con el torreón que presta asiento al espacio literario del Huerto de Calixto y Melibea, que el Ayuntamiento mantuvo cerrado durante año y medio como medida de presión, a pesar de ser uno de los puntos más visitados por los turistas.

Tras el derrumbamiento del lienzo de muralla en la Puerta de San Pablo la noche del 4 de junio de 2000, surgieron dos posiciones encontradas en torno a la recuperación de ese muro medieval. Por un lado, el alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote (PP), y su equipo de gobierno, encontraron en el desplome el pretexto para desalojar a los vecinos de una docena de viviendas adosadas desde hace un siglo (el efecto del desplome afectaba sólo a dos), sobre las que ya habían manifestado la intención de expropiación para dejar expedita la muralla. Desde ese criterio, con apoyo de los técnicos municipales, era necesario derribar las viviendas para poder reconstruir el lienzo amurallado.

Por otra parte, los decretos de la alcaldía ahora anulados por el juzgado no sólo toparon con la esperada oposición de los vecinos de las casas y negocios, sino también con el Ministerio de Hacienda, que, como propietario de la muralla, pretendió restaurar el monumento. No obstante, se encontró con la oposición del alcalde y su grupo, ya que desde Hacienda se entendía que se podían ejecutar las obras de restauración sin el derribo de los edificios, de acuerdo con un informe técnico favorable emitido por el arquitecto Francisco Jurado (el responsable de la restauración del Acueducto de Segovia, sinagogas y mezquitas en Toledo, murallas de Zamora y Atienza, castillo de Bétera y obras notables en Madrid y Granada, entre otras intervenciones), que evaluó entonces los costes en 180.000 euros, dictamen que también respaldó el arquitecto de la dirección general de Bellas Artes, José Sancho Roda.

Derribo del depósito

Éste no es el primer enfrentamiento del equipo municipal del PP con grupos relacionados con la defensa del patrimonio cultural. Especial virulencia alcanzaron con motivo del derribo del depósito de aguas de la calle de Campoamor, una estructura de hormigón construida en 1914 por el arquitecto Santiago Madrigal y que, según el profesor José Ignacio Díez Elcuaz, supuso un hito en España por lo innovador del material y sus dimensiones. En función de ese valor como referencia constructiva de principios de siglo y como elemento de primer orden en la memoria colectiva, la asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio articuló una campaña para evitar el derribo proyectado por el Ayuntamiento, con la petición de que se estudiaran alternativas para su uso, en medio de una zona ajardinada. El equipo de gobierno, a pesar de los miles de firmas y la campaña en medios de comunicación, decidió el derribo, para despejar un solar en parte del cual se construirán viviendas de promoción privada.