¿Quién gana y quién pierde en la crisis argentina?

El autor hace un repaso general sobre los efectos de la crisis y la devaluación argentina en las familias y en las empresas del país suramericano.

Las familias que más pierden son las que estaban empleadas en el sector privado

La gran mayoría va a salir perdiendo, al menos a corto plazo, pero unos más que otros

Lo primero que conviene adelantar es que con una devaluación del peso, que ya es superior al 50% y que será probablemente mayor cuando la flotación sea, finalmente, libre, es decir, sin control de cambios y sin corralito, todos los argentinos van a salir perdiendo, ya que su poder adquisitivo será menor con el mismo salario o renta en pesos. Todos serán más pobres. Además, al ser una economía que tenía dos monedas de curso legal, el peso y el dólar, la devaluación tiene un efecto redistributivo de la renta entre los argentinos, ya que aquéllos que ahorraron en dólares son ahora más ricos que los que ahorraron en pesos, y los que se endeudaron en dólares son más pobres que los que lo hicieron en pesos.

Sin embargo, para tener una visión más completa hay que tener en cuenta el efecto conjunto de la devaluación, de la recesión, de la pesificación, de la suspensión de pagos, de la previa inversión forzada de los recursos de los fondos de pensiones en deuda pública y, posteriormente, de su canje 'forzado' y del corralito.

Las que han salido relativamente más beneficiadas han sido las familias que ahorraron en dólares y los invirtieron fuera del país o incluso las que los metieron en un calcetín en sus casas y los mantienen en efectivo, dispuestos a llevárselos o a cambiarlos por pesos cuando la devaluación llegue a un mayor nivel. Asimismo, aquéllas que tomaron préstamos en pesos dentro del país o, más todavía, las que tomaron préstamos en dólares, ya que pagaron tipos de interés más bajos, puesto que, finalmente, siguen debiendo lo mismo en un caso y otro, ya que estos últimos se han pesificado a un tipo de cambio muy favorable de un dólar un peso. Estas familias son, en su gran mayoría, de renta alta o medio alta.

Las que han salido perjudicadas han sido las que tenían sus ahorros invertidos en fondos de pensiones y, además, recibían sus salarios a través de una cuenta bancaria y, temporalmente, las que mantenían sus ahorros en depósitos en dólares o en pesos en un banco nacional. En el primer caso, se ven afectados por la suspensión de pagos y por su correspondiente quita, que es muy probable que supere el 50% y, en ambos casos, por el corralito, que impide utilizar sus ahorros y que no saben con seguridad cuándo ni cómo se los van a devolver. A éstos se les ha intentado compensar con una pesificación más favorable, ya que se les ha aplicado un tipo de cambio de un dólar-1,4 pesos, aun así, no tan favorable como el tipo de cambio del mercado libre, que supera los dos pesos. Estas familias son, en su gran mayoría, de renta media o media baja.

Sin embargo, las familias que han salido perdiendo más son las que estaban empleadas en el sector privado y que, con la recesión, han visto sus salarios caer en términos absolutos o han perdido su empleo y se encuentran sin ningún tipo de subsidio de desempleo o renta mínima compensatoria, convirtiéndose en familias depauperadas forzadas a vivir de la limosna o de algún trabajo informal y precario muy mal pagado. Estas familias van a pasarlo todavía peor este año, ya que el crecimiento económico va a ser mucho más negativo, y la inflación, más elevada. Por tanto, va a haber más despidos en empresas que van a quebrar o que van a reducir sus costes para hacer frente a sus deudas en dólares.

Mientras tanto, las familias que tenían alguno de sus miembros empleados en el sector público han podido mantener su empleo, aunque con un salario absoluto más bajo que hace un año. Ésta es una de las paradojas de la crisis argentina, en la que, mientras el sector privado ha tenido que ajustarse a la convertibilidad reduciendo costes a través de pagar menores salarios o, sobre todo, despidiendo a sus trabajadores para poder seguir compitiendo y sobrevivir al corsé que imponía la convertibilidad de un peso-un dólar, el sector público, especialmente el provincial, ha seguido aumentando su gasto no primario (por el aumento de la carga de intereses), su empleo (en parte para compensar la caída del privado) y su endeudamiento a costa de los contribuyentes, que son los que tienen que hacer, finalmente, frente al pago de dicha deuda.

Las empresas que salen perdiendo más son los bancos, que, si no fuese por que se introdujo y se mantiene el corralito, podrían estar todos quebrados, ya que, lógicamente, no todos tenían los dólares, ni ahora los pesos, para hacer frente a las retiradas de depósitos. Además, la devaluación y la consiguiente pesificación de activos y pasivos a distinto tipo de cambio les ha introducido un descuadre en su balance, que tiene que ser compensado de alguna manera que aún no está todavía del todo clara. Lo lógico es que reciban un bono del Estado argentino, garantizado en dólares, para compensarles de los cuatro pesos que pierden por cada dólar por dicho descuadre. Sin embargo, la pesificación de sus activos en dólares al tipo uno a uno va a reducir su tasa de morosidad y de falencia interna, y algo les puede compensar. En todo caso, la quiebra de empresas va a ser muy elevada y los bancos tendrán que hacer frente a las correspondientes provisiones, ya que la deuda privada exterior es de 50.000 millones de dólares, que ahora, como mínimo, se les duplica en pesos y, que, a menos que tengan dólares en el exterior, difícilmente podrán pagarla.

Por otro lado, el banco central se ha quedado con sus reservas en dólares al tipo de cambio oficial pero ficticio de uno a 1,4, cuando el tipo de cambio libre está a más de dos. Finalmente, para limitar la reacción social por el mantenimiento del corralito, el Gobierno ha introducido la indexación de los depósitos con la inflación, para que no sufran pérdida de poder adquisitivo; pero se ha hecho simétrica para evitar un mayor descuadre, es decir, se han indexado también los préstamos y, además, ésta se ha circunscrito sólo para el stock de ambos y no a los nuevos que se contraten a partir de ahora, con lo que su impacto irá desapareciendo con el tiempo. El mayor problema de la indexación es que va a dificultar la futura política monetaria del banco central, que tiene, necesariamente, que guiarse por un objetivo directo de inflación. Sin embargo, mientras el corralito siga vigente, la inflación no va a ser elevada ni la devaluación muy profunda. El problema se planteará más adelante, tanto para la política monetaria como, sobre todo, para los mismos bancos, que estarán un periodo muy largo sin poder captar depósitos por el temor de los ahorradores a que vuelvan a imponerles, en un futuro, otro corralito u otro tipo de limitación a la disponibilidad de los mismos. La única solución para evitarlo es, lógicamente, obligar a la domiciliación de los recibos y de las nóminas; de no ser así, no habrá depósitos y, por tanto, créditos durante mucho tiempo.

Las empresas sufrirán la fuerte recesión interior, que va a acrecentarse este año, con lo que sus ventas van a caer todavía más, especialmente las que venden bienes de consumo a personas que ven limitadas sus compras por el corralito y por el menor consumo derivado de la recesión y de la fuerte contracción del presupuesto público. Las empresas que tienen sus costes de producción mayoritariamente en pesos y son exportadoras, como ocurre con las que explotan recursos naturales, salen, en principio, favorecidas. Tal es el caso de las exportadoras de productos agrícolas y ganaderos, de minerales y de petróleo y sus derivados. Sin embargo, por un lado, la mayoría de estas empresas exportadoras tienen la mayor parte de sus costes interiores en dólares y no en pesos, ya que dependen de insumos importados y, por otro, el Gobierno ha introducido un impuesto del 10% a todas las exportaciones y del 20% a las de crudo. Su impacto negativo en las exportaciones de petróleo va a ser muy superior al 20%, ya que, al tener la mayor parte de la producción de crudo argentino una calidad inferior a la media del mercado y un acusado descuento sobre el precio de referencia internacional (WTI) y, además, ser sus costes de producción más elevados por la antigüedad de sus cuencas, especialmente las del Sur, una imposición de tal tamaño va a reducir, más que proporcionalmente, sus exportaciones, con lo que salen perdiendo tanto el Gobierno, que recaudará menos de lo previsto, como las petroleras, que tendrán menores ingresos y reducirán su producción y su empleo, especialmente las que exploten los crudos más marginales en términos de calidad.

Las empresas suministradoras de servicios públicos, electricidad, teléfono, agua, gas, etc., han salido ganando hasta ahora, ya que tenían sus contratos de suministro indexados a la inflación del dólar, que ha sido, consistentemente, superior a la del peso. Sin embargo, ahora ven congeladas sus tarifas en pesos, sin que exista, de momento, ninguna cláusula de indexación con sus costes, que necesariamente van a ser crecientes por el porcentaje de insumos importados en dólares, tanto de bienes de equipo como de combustibles, y, además, por el aumento de sus costes de financiación derivados de sus deudas, mayoritariamente contraídas en dólares en los mercados internacionales. Como, además, van a tener un problema importante no sólo de menor demanda, por la recesión, sino también de falta de pago de sus servicios, por la mala situación financiera de la mayoría de sus clientes, van a terminar, probablemente, perdiendo buena parte o todo lo ganado con anterioridad, lo que va a provocar que reduzcan su inversión y su empleo.

En definitiva, la gran mayoría ha salido perdiendo y va a seguir perdiendo, al menos a corto plazo, pero unos más que otros, ya que, como era de esperar, la devaluación en un sistema con patrón bi-monetario (con dos monedas de curso legal), suele ser muy injusta dependiendo de qué posición se tenía en las dos monedas. De ahí la rebelión social, que se queja del tratamiento discriminatorio que sufren unos ciudadanos frente a otros, unas empresas frente a otras, el sector privado frente al público y, sobre todo, de la violación repetida de dos de las reglas sagradas de una constitución democrática: la defensa de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos, que van a afectar negativamente y, por muchos años, a la credibilidad de los ciudadanos, nacionales y extranjeros, en las instituciones básicas de la economía argentina.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research).