Chávez inicia la purga de militares disidentes y reprime las protestas

El presidente Hugo Chávez ordenó pasar a retiro o dar de baja a los oficiales y generales disidentes. Al mismo tiempo, los llamados círculos bolivarianos (brigadas de choque chavistas) se encargan de reprimir a los sectores sociales que se manifiestan contra las últimas medidas fiscales y monetarias o que piden la dimisión del presidente. La semana se cerró con tres altos oficiales declarados en rebeldía, que el Gobierno retiró de las Fuerzas Armadas, y cuatro heridos (tres estudiantes y un cámara), agredidos con piedras y hierros por las bandas gubernamentales. Mientras tanto, el alto mando militar convocaba ayer, viernes, una conferencia de prensa para apelar a la calma de los venezolanos.

Los altos oficiales sancionados el jueves fueron el coronel de aviación Pedro Soto, que hace dos semanas pidió la dimisión de Chávez; el general Alberto Poggioli, quien estaba dirigiendo el aeropuerto internacional de Maiquetía, y el general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda, quien hasta el jueves era el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa estatal que está considerada como la mayor de América Latina.

Al conocer la orden de retiro, el coronel Soto la desacató, desafió públicamente a Chávez y anunció que va a continuar activo en la Fuerza Aérea. Desafiante, Soto retó a Chávez: 'Ese presidente totalitario ha querido separarme de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese presidente a mí no me puede pasar a retiro, y, si quiere, que él venga a quitarme el uniforme en cualquier parte que me encuentre'.

El general Poggioli no se pronunció en público contra el Gobierno, pero trascendió que su retiro del cargo se debe a que forma parte del movimiento de militares disidentes. En cuanto al general del Ejército Guaicaipuro Lameda, declaró que había dimitido de la presidencia de PDVSA y pedido el retiro del Ejército a principios de febrero en una carta dirigida a Chávez. En ella, Lameda pedía al presidente que rectificara el rumbo de su política y no convirtiera a PDVSA en la 'caja chica' del Gobierno para cubrir el déficit fiscal.

Tras su retiro del Ejército, el general Lameda dijo que el presidente Chávez 'está entrampado en su propia trampa' al polarizar la sociedad en dos bandos, cuyos enfrentamientos, constató, terminaron en sangre el mismo jueves por la noche. Dijo Lameda que era peligroso que el mandatario anunciara que 'la revolución contaba con un ejército de armas, tanques y fusiles', y afirmó que si el Ejército se activa es para 'causar bajas' en la población.

En la mañana del jueves, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela preparaban una manifestación nocturna, denominada Marcha de Antorchas, cuando se produjo la explosión del coche de una profesora de odontología. El llamado Grupo 23 de Enero, fecha de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, reivindicó la acción. Por la tarde, activistas del círculo bolivariano trataron de impedir la marcha de los estudiantes a base de agredir a manifestantes y periodistas que cubrían el acto.

El rector de la Universidad Giuseppi Gianetto fue secuestrado durante varias horas en su despacho. Gianetto acusó al Gobierno y a Lina Ron, cabecilla de un círculo bolivariano, de impedir que saliera la marcha estudiantil: 'Están armados con pistolas y fusiles. Esto es fascismo para impedir las protestas mediante el terror'. Megáfono en mano y acompañada de 50 activistas, Lina Ron declaraba a la radio: 'La Universidad es del pueblo. Los estudiantes no pueden pedir que el presidente Chávez renuncie'. '¡No pasarán!', gritaba furibunda, y sus acompañantes agredían a los cámaras para evitar que los grabaran.

Además de los pronunciamientos de militares disidentes, el mismo jueves un alto funcionario policial dimitió de su cargo por oponerse a la gestión de Chávez. Se trata de Gustavo Egui Bastidas, que hasta esta semana fue subcomisario de la Disip (policía política) y jefe de la contrasubversión. Egui declaró que rechazaba el apoyo del Gobierno a la guerrilla colombiana, el espionaje telefónico a los militares, políticos y periodistas, y los maletines con tubos, supuestamente explosivos, que la policía entregaba a los 'círculos bolivarianos'.

El cardenal de Caracas Ignacio Velasco declaró a la revista italiana Famiglia Cristiana que no se puede aceptar 'la agresividad verbal del presidente, su falta de respeto a las personas y las instituciones y la incitación al odio entre clases'.