El ex presidente de Enron se niega a declarar ante la ira del Senado

Kenneth Lay, el amigo de George W. Bush que hace un año pudo entrar en el Gobierno republicano, optó ayer por callar y aguantar una lluvia de insultos en el Senado. El ex presidente de Enron no tuvo más remedio que comparecer ante un comité investigador, tras recibir una convocatoria ejecutiva, pero invocó la Quinta Enmienda y ejerció el derecho a no prestar un testimonio que pudiera perjudicarle. 'Estoy profundamente turbado por ejercer esos derechos', dijo, 'porque puede pensarse que tengo algo que ocultar, pero no puedo hacer caso omiso a las instrucciones de mis abogados'.

La comparecencia de Kenneth Lay era uno de los momentos más esperados en la investigación, cada vez más amplia, que realizan ambas cámaras del Congreso en torno a la quiebra de Enron. Se sabía ya que Lay se negaría a declarar. Lo que el público y los parlamentarios querían era la imagen de un hombre todopoderoso unos meses atrás, con pleno acceso a la Casa Blanca y una enorme influencia sobre Bush, sentado humildemente y expuesto a la ira pública. También se esperaba que los senadores de la comisión, durísimos con todos los testigos anteriores, quizá para que no se notara que durante años recibieron generosas donaciones de Lay y Enron, fueran especialmente severos con el supuesto principal responsable de la quiebra más voluminosa de la historia. Y, en ese sentido, los senadores, especialmente los republicanos, otrora principales beneficiarios del dinero de Lay, no decepcionaron.

'Yo diría que es usted un payaso, pero no sería justo con los payasos', le espetó el republicano Peter Fitzgerald, quien, en plena diatriba, le llamó también 'estafador'. El demócrata Byron Dorgan recordó que la quiebra de Enron había tenido 'un impacto devastador' en miles de trabajadores y millones de accionistas, y que se había cometido 'un fraude contra la confianza' del público. 'Obviamente, señor Lay, la rabia aquí es palpable', comentó el demócrata John Kerry.

Lay lo soportó todo en silencio. Tras él se sentaba su hija. Su mujer, que le calificó de 'víctima' en una entrevista televisada, prefirió no viajar a Washington. Menos insultantes que los exabruptos de la comisión, pero más duras de oír, debieron resultarle a Lay las palabras de otro testimonio del día, el profesor William Powers, miembro del consejo de Enron y autor de un reciente informe sobre las causas de la catástrofe. Powers repitió que abundaban los indicios de ilegalidad en la gestión de la empresa y afirmó que sobre Lay, como fundador, presidente y firmante de numerosos documentos, pesaba 'una responsabilidad especial'. Lay fue el quinto directivo de Enron que se acogió a la Quinta Enmienda ante el Congreso; Jeff Skilling, que ocupó la presidencia de la compañía durante una breve época, sí accedió a declarar, pero resultó poco convincente: una de las comisiones estudia la posibilidad de acusarle de perjurio. Toda esa serie de comparecencias son el prólogo de un futuro proceso penal, que comenzará en cuanto el FBI complete la investigación criminal.

Una de las consecuencias indirectas del caso Enron ha sido la reactivación de las propuestas parlamentarias sobre reforma de la ley de financiación política, para evitar la influencia excesiva de las empresas sobre los partidos. Un proyecto aprobado ya en 2001 por el Senado se votará hoy o mañana en la Cámara de Representantes; la opinión pública lo apoya masivamente, pero George W. Bush ha dado instrucciones a los republicanos para que lo frenen 'discretamente' con maniobras dilatorias.