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El Congreso obliga a comparecer al ex presidente de Enron bajo amenaza de prisión

Un informe de la compañía energética aporta pruebas de la existencia de un presunto fraude

El caso Enron se envenena día a día. El Congreso se enfureció ayer por la incomparecencia del ex presidente de la compañía, Kenneth Lay -quien ayer dimitió también del Consejo de Administración de Enron-, ante un subcomité del Senado y anunció la emisión hoy de una convocatoria ejecutiva, cuyo incumplimiento implicaría prisión por desacato al Parlamento. Las revelaciones contenidas en un informe interno convencieron a senadores y representantes de que los directivos de Enron cometieron un fraude sostenido, e incrementaron el riesgo político para la Casa Blanca.

Lay presentó esta madrugada (hora española) su renuncia al puesto que todavía ostentaba en el Consejo de Administración de Enron. En un escueto comunicado el ex vicepresidente de la compañía aseguraba que se va "por el bien de los trabajadores, del presente y el pasado, de la compañía, y de los accionistas".

Lay era amigo personal de George W. Bush, quien le llamaba "Kenny Boy", y fue durante años el principal financiador de sus campañas electorales. "Lay intenta ocultarse otra vez", afirmó el senador republicano Peter Fitzgerald, del Subcomité de Comercio ante el que el empresario debía haber comparecido ayer por la mañana. Kenneth Lay se ofreció voluntariamente hace un mes a declarar ante cualquier órgano parlamentario, pero el domingo por la tarde su abogado, Earl Silbert, envió una carta al Senado en el que informaba del cambio de opinión de su cliente.

"No puede esperarse que participe en unos procedimientos cuyas conclusiones ya han sido sacadas, antes de darle oportunidad de explicarse", decía la carta. "Entiendo que Lay no desee declarar ante nosotros; a la vista del informe, es comprensible", ironizó el senador demócrata Byron Dorgan, presidente del subcomité.

Cuentas falseadas

La publicación del informe interno de Enron, encargado por el consejo de la compañía a un técnico ajeno a la empresa, provocó el domingo durísimas declaraciones por parte de numerosos parlamentarios. El informe, de 217 páginas, indicaba, entre otras cosas, que las cuentas se habían falseado para añadir hasta mil millones de dólares en falsos beneficios, y que los directivos de Enron habían creado una tupida red de empresas en las que ocultaban parte de la deuda de la sociedad matriz. Los directivos utilizaban también esa red para extraer de Enron pagos por servicios ficticios que, en muchos casos, pasaban directamente a sus bolsillos. El ex director financiero de Enron, Andrew Fastow, se embolsó por ese mecanismo unos 30 millones de dólares, según el informe.

Fastow ha sido convocado para el próximo jueves ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, aunque se espera que invoque el derecho constitucional a no declarar en perjuicio propio y mantenga silencio. El antiguo director financiero ha contratado los servicios jurídicos de David Boies, uno de los abogados más caros de los Estados Unidos, defensor de Al Gore en la disputa legal sobre los resultados de las últimas elecciones.

Hasta ahora, Lay ha afirmado que desconocía lo que estaba ocurriendo en Enron, una empresa que él mismo había formado, a partir de la fusión de dos sociedades de distribución de gas. En una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, su esposa aseguró que la familia estaba arruinada y que Lay era una víctima más del colapso, ya que no había vendido sus acciones antes de la bancarrota (el pasado 2 de diciembre) y se había visto obligado a ofrecer en subasta todas sus propiedades.

Luego se descubrió que familiares directos de Kenneth Lay habían especulado con las acciones y que el ex presidente de la compañía energética mantenía un formidable patrimonio, no amenazado por subasta alguna.

El informe interno hace muy poco verosímil la ignorancia alegada por Lay, dado que los presuntos fraudes no constituían incidentes marginales en el funcionamiento de la empresa, sino una de sus actividades principales. "Enron era una gran pirámide, un gigantesco juego de trileros", afirmó el senador Peter Fitzgerald tras leer el informe. "El informe presenta un caso muy claro de fraude", comentó por su parte el senador Jon Corzine, un especialista en gestión empresarial por su experiencia como antiguo máximo ejecutivo de Goldman Sachs, una firma de Wall Street.

El colapso de Enron, que un año atrás era la principal compañía energética del mundo por capitalización (70.000 millones de dólares), atrajo desde el principio la atención del FBI, además de las autoridades bursátiles.

La destrucción de documentos comprometedores, tanto en la sede de la propia sociedad como en la de sus auditores de Houston (Tejas), reforzó la impresión de que el caso podía ir más allá de la mala gestión y adentrarse en terreno penal.

Tras el informe, pocos dudan de la existencia de responsabilidades criminales en este asunto. "Quizá alguien tendrá que ir a chirona por todo esto", manifestó el representante Billy Tauzin. "El informe indica perfectamente el camino al Departamento de Justicia para que plantee acusaciones criminales", comentó John Fahy, un auditor que anteriormente trabajó como fiscal federal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de febrero de 2002