El asesor económico de Bush estuvo a sueldo de Enron en la campaña electoral

Ni el presidente George Bush ni el vicepresidente Dick Cheney, beneficiarios de las contribuciones financieras de Enron, tenían acciones en la compañía tejana, pero al menos una treintena de miembros de su Administración habían realizado inversiones o prestado servicios en ella, lo que subraya la estrecha relación entre la compañía y Washington. La mayoría vendió sus participaciones antes de la suspensión de pagos, obligados por la ley al asumir funciones públicas, aunque Karl Rove, gran estratega y consejero de Bush, participó en discusiones sobre política energética mientras conservaba valores de Enron.

Lawrence Lindsey, principal consejero económico del presidente Bush, dirigía antes de llegar a la Casa Blanca una consultora económica que tenía como cliente a la empresa energética Enron, compañía de la que él recibía 50.000 dólares anuales como miembro de su consejo consultor.

En conversación con The Washington Post, Lindsey reconoce que el presidente de Enron, Kenneth Lay, le convenció de lo positivo de determinadas actuaciones en el sector de la energía. Cuando pasó a colaborar con el candidato George W. Bush, Lindsay introdujo las ideas de Lay en el programa republicano.

Entre 30 y 35 responsables políticos o consejeros de la Administración de Bush tenían vínculos con Enron, que iban desde un pequeño paquete de acciones, como en el caso de Donald Rumsfeld, el jefe del Pentágono, a las decenas de millones de dólares en inversión de Thomas White, vicepresidente de Enron antes de asumir la jefatura del Ejército en el Pentágono. Un portavoz oficial cree que White se deshizo de las acciones en el plazo de tres meses después de entrar en la Administración.

De ser así, White evitó grandes pérdidas, dado lo nutrido de sus intereses. En cambio, John Wolf, secretario adjunto para la no proliferación, se califica de víctima del caso Enron en The New York Times. Compró acciones en la primera mitad del año 2001, cuando cotizaban entre los 55 y los 65 dólares, y las vendió a finales de octubre, cuando ya había trascendido el escándalo y se pagaban a 10 dólares.

Donaciones

White y Wolf no tienen responsabilidades económicas ni el más alto acceso, como Lindsey, Rove, el representante de Comercio, Robert Zoellick, o el consejero en el Departamento de Comercio Theodore Kassinger, todos consultores de Enron, o el secretario de Energía, Spencer Abraham, que recibió donaciones para su campaña política.

El consejero Rove, según el rotativo de Washington, tenía acciones de Enron valoradas entre 100.000 y 250.000 dólares, cuando participó en reuniones sobre política energética. Vendió 1.350 el 7 de junio, tras esperar varios meses el dictamen interno sobre conflicto de intereses en la Casa Blanca. Un abogado ha dicho que las discusiones en que participó Rove eran genéricas, sin conflicto de intereses con sus inversiones en el sector.

La política energética de la Casa Blanca fue presentada en mayo, después de que consejeros del vicepresidente Cheney y ejecutivos de Enron mantuvieran media docena de reuniones. El propio Lay se reunió con Cheney a mediados de abril. Henry Waxman, un congresista demócrata, dice haber detectado 17 medidas adoptadas por el grupo de trabajo que reflejan los criterios e intereses de Enron.

Según él, está claro que ninguna compañía se benefició tanto como Enron. Waxman ha pedido infructuosamente a Cheney que ofrezca información sobre lo tratado con Enron. Charles Lewis, director del Center for Public Integrity, que lleva cuenta de las contribuciones financieras que reciben los políticos, comenta que las inversiones y las antiguas relaciones profesionales de responsables de la actual Administración con Enron suscitan como mínimo preguntas sobre qué sabían que pudiera afectar a la compañía y a sus propios intereses. 'No estoy diciendo que haya uso de información privilegiada, comenta a The New York Times. Pero un buen número de ellos tenía acciones de Enron y no es irrazonable preguntar cuánto tenían, cuándo vendieron y por qué'.

Intereses financieros

La personas propuestas para trabajar en la Administración estadounidense deben por ley revelar sus intereses financieros, que son sometidos al análisis de abogados o, en el caso de cargos que requieren la aprobación del Capitolio, por el propio Congreso.

'Los problemas que pueda suscitar una determinada inversión dependen del trabajo que corresponda realizar al nominado', señala a The New York Times Thomas Zorn, jefe de unos de las entidades fiscalizadoras. 'Las acciones de Enron pueden ser un problema en un sitio y no en otro'.

No lo fueron en la subsecretaría de Estado para diplomacia, regida por Charlotte Beers, con un activo papel en la formación de la alianza internacional contra el terrorismo. Beers pasa por ser una de las personas con mayor capital en la actual Administración, gracias a una cartera que ronda los 38 millones de dólares. Invirtió con tiento y diversificó el riesgo, pero se pilló los dedos con Enron. Aunque no tenía más de 250.000 dólares invertidos en la compañía tejana, los vendió a finales de año, cuando su valor bursátil era mínimo.