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La quiebra de la empresa energética Enron salpica al presidente Bush

El escándalo amenaza al presidente de EE UU, a Cheney y a tres ministros

George W. Bush se enfrenta al primer gran escándalo de su presidencia. El caso Enron, la quiebra repentina de una gigantesca empresa energética estrechamente ligada a la Administración republicana, obligará a la Casa Blanca a someterse a una larga investigación judicial y parlamentaria con unas consecuencias políticas potencialmente explosivas. El propio Bush, el vicepresidente, Dick Cheney, y tres ministros se han visto ya salpicados. El Senado emitió ayer 51 citaciones a ejecutivos y auditores de Enron para iniciar una serie de comparecencias.

No hay, por el momento, evidencia alguna sobre la posible comisión de delitos por parte del presidente y sus colaboradores más directos. Pero las relaciones entre Bush y Enron, cuyo colapso ha llevado a la ruina y a la pérdida de las pensiones de jubilación a miles de trabajadores, son peligrosamente intensas.

Enron fue la principal fuente de financiación de la carrera política del actual presidente, con unas donaciones estimadas en 623.000 dólares (685.300 euros) entre 1993 y noviembre de 2001; el presidente de Enron, Kenneth Lay, es amigo personal de Bush desde la época en que éste era gobernador de Tejas; y las propuestas de Enron constituyeron la base del plan energético elaborado hace un año por el vicepresidente Dick Cheney, bajo la supervisión directa de Bush.

La trama va, sin embargo, mucho más lejos. Enron era hasta hace tres meses la mayor compañía energética del mundo. Sus acciones se cotizaban, un año atrás, a 85 dólares. Todo era falso: la compañía estaba en realidad al borde de la ruina, y logró ocultarlo manipulando la información facilitada a sus auditores de Arthur Andersen, con la posible complicidad de éstos. La firma auditora admitió el jueves que había destruido numerosos documentos de Enron, lo que la Comisión del Mercado de Valores de Nueva York calificó de 'gravísimo'. Sólo en noviembre comenzó a saberse que la corporación energética sufría gravísimos problemas. Los acontecimientos que ocurrieron por esa época atraen especialmente la atención de las autoridades judiciales y de la opinión pública. Los 20.000 empleados y 4.500 jubilados de la empresa, cuyos ahorros estaban depositados en acciones de Enron, asistieron impotentes al desplome de la cotización (una acción vale ahora unos pocos centavos), sin poder vender porque la legislación sobre fondos de pensiones se lo impedía. No tardó en saberse que los principales ejecutivos de Enron sí habían liquidado sus inversiones en la empresa, justo antes de que reventara la crisis, y se habían embolsado en total más de mil millones de dólares. ¿Qué tiene que ver la Casa Blanca con eso? De momento, que lo sabía todo y no hizo nada.

Bush admitió el jueves que había hablado personalmente con Kenneth Lay, el presidente de Enron, en abril, pero que éste no le había comentado nada sobre los problemas de la compañía. Eso es difícil de creer, tratándose de amigos.

El Departamento del Tesoro admitió ayer que Lawrence Whaley, uno de los principales ejecutivos de Enron, habló 'seis u ocho veces' con el subsecretario Peter Fisher entre octubre y noviembre, para pedirle que intercediera ante un grupo de bancos con el fin de que renovaran los créditos a la corporación; según el Tesoro, Fisher 'no intercedió' ni informó a Bush.

No informaron al presidente

Tampoco informaron al presidente, según la versión oficial, los secretarios del Tesoro, Paul O'Neill, y de Comercio, Donald Evans (amigo personal tanto de Lay como de Bush desde los tiempos de Tejas), cuando recibieron llamadas de Enron. Eso es aún más difícil de creer. Según el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, Bush sólo recibió información 'genérica' sobre la crisis y decidió no hacer nada.

Para limitar el daño político, Bush ordenó el miércoles que se revisara la legislación sobre fondos de pensiones, con el fin de que no se repitiera un desastre como el de los empleados de Enron.

También ordenó la creación de una oficina especial dentro del Departamento de Justicia para investigar posibles fraudes en Enron: el fiscal general, John Ashcroft, se autoexcluyó de esa investigación porque él también era un veterano receptor de las donaciones económicas de la empresa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de enero de 2002