El acuerdo afgano

Tras nueve días de intensas negociaciones articuladas con tesón por el mediador Lakhdar Brahimi, ayer se dio en Bonn el primer paso para encauzar el futuro de Afganistán, en cuyo territorio sigue librándose aún la guerra declarada por Estados Unidos contra el régimen talibán y su socio criminal, Osama Bin Laden. El acuerdo de Bonn, que obliga a compartir el poder a las cuatro facciones reunidas bajo los auspicios de la ONU, puede sentar las bases para que este país de Asia central, uno de los más castigados del mundo, comience a construir un futuro en el que la guerra no sea el único árbitro del poder. La experiencia, sin embargo, aporta el dato de que hasta cinco compromisos más o menos solemnes entre los jefes tribales afganos han sido papel mojado desde 1989, cuando la URSS retiró sus tropas tras diez años de guerra.

El pacto de Bonn, que hoy mismo puede ser refrendado por el Consejo de Seguridad, establece que un consejo interétnico de 29 miembros guiará el país durante los próximos seis meses y alumbrará las primeras instituciones rudimentarias de gobierno. Estará dirigido por un jefe de la etnia mayoritaria pastún, Hamid Karzai, próximo al ex rey Zahir, pero sus carteras clave caen bajo el control de la Alianza del Norte, la fuerza militar respaldada por EE UU que domina la mayor parte del territorio. Este precario embrión de orden, que nada tiene que ver con la idea de un Gobierno de unidad nacional, dará paso a una asamblea tradicional de notables, que elegirá un Parlamento interino antes de redactar una Constitución y organizar elecciones, quizá en un par de años.

El acuerdo de Petersberg es tan modesto como esperanzador. Modesto no sólo porque lo estimen así los propios representantes de la ONU, que enfatizan la diferencia entre el compromiso logrado en los salones de la antigua capital alemana y su puesta en práctica en un país desmembrado, en el que combaten diferentes ejércitos feudales -incluso ahora mismo entre sí, en Jalalabad y Mazar-i-Sharif-, cada uno obediente a su cabecilla. Su precariedad anida también en el hecho de que la Alianza norteña, étnicamente minoritaria, pero dueña del territorio, copa los puestos clave: Interior, Defensa, Exteriores. Y en que cabe interrogarse sobre la aparente avenencia de su líder, Burhanuddin Rabbani, que, de ser el teórico presidente del país reconocido por la ONU, pasa a un puesto de figurante. El propio Rabbani, desde Kabul, ha ido marcando en buena medida la agenda de Bonn con sus exigencias.

Pero el pacto es también esperanzador, aunque infinidad de cuestiones importantes estén por perfilar. Si el germen de Gobierno se instala sin problemas en la capital afgana, algo previsto el 22 de diciembre, podrá comenzar su desmilitarización y la distribución regular de ayuda humanitaria a millones de personas, e iniciarse la restauración de una suerte de orden no sectario, las dos cosas que los afganos necesitan más desesperadamente. El despliegue de una fuerza internacional con mandato de la ONU, otra de las previsiones, tendrá que esperar a que Washington lo considere oportuno. El mando estadounidense, centrado en el desplome total talibán y la eventual captura de Bin Laden, ha puesto el veto a que en las actuales circunstancias lleguen nuevos soldados a Afganistán.

Bonn está sideralmente lejos de Kabul, y se ha sembrado una semilla de concordia con la esperanza de que arraigue en un terreno laberíntico y distante. En cualquier caso, por rudimentario que sea inicialmente el nuevo orden, pactado al fin y al cabo bajo la tutela de las potencias democráticas, siempre mejorará la infamia talibán y la anarquía dominante durante una década. Como los afganos tienen todos los motivos para desconfiar de grandes promesas, la conferencia sobre la reconstrucción de su país que acaba de comenzar en Bonn debe llenar de sustancia el marco político general. La comunidad internacional no puede hacer hoy ningún regalo mejor a Afganistán que decidir una rápida, generosa y eficaz ayuda económica.