A medio gas

La importancia del gas como combustible para consumidores, fábricas y compañías eléctricas obligaba a no dilatar más la liberalización del mercado gasístico español, controlado por Enagás, empresa que gestiona los restos del monopolio de la red de distribución, y por Gas Natural, una sociedad dependiente de Repsol cuyo activo principal son los contratos con Argelia. Tal como la concibió el Gobierno, la liberalización consiste básicamente en disponer que para enero de 2003 los consumidores puedan elegir suministrador, en limitar la participación de Gas Natural en Enagás a no más del 35% del capital y en obligar a Gas Natural a la subasta del 25% del contrato de gas con Argelia, pero sólo hasta el año 2003.

El problema es que este esquema liberalizador es insuficiente y se está aplicando con un retraso que raya en la negligencia. La presencia de otros accionistas en Enagás cuando Gas Natural venda en Bolsa el 65% del capital no garantiza la disposición libre de la red a otras comercializadoras potenciales, puesto que Gas Natural mantiene una cómoda posición dominante. Además, el objetivo principal de la liberalización parece ser el de repartir la túnica del contrato con Argelia, una vieja aspiración de las compañías eléctricas que ahora se va a ver satisfecha gracias a la complacencia del legislador. Tal objetivo no transmite una imagen de confianza en el futuro del mercado.

Si, como se supone, el consumo de gas en España se va a multiplicar por 2,5 hasta el año 2010 por el aumento de la demanda doméstica y las inversiones en plantas eléctricas de ciclo combinado, subastar la cuarta parte de un contrato ya existente no resuelve el problema de fondo. El Gobierno podía haber apostado por otras políticas más activas como, por ejemplo, estimular a las empresas a que negocien más y nuevos contratos con otros países suministradores.

Así, el eventual efecto benéfico del plan de liberalización queda muy reducido por el incomprensible retraso de la Administración en articular las condiciones de la subasta. La puja tenía que haberse realizado en enero de 2001, pero el Gobierno no la ha resuelto hasta octubre. Como las condiciones de la subasta limitan el reparto hasta 2003, resulta que las empresas ganadoras han perdido en teoría casi un tercio del periodo de uso y rentabilización del gas. El Ministerio de Economía tampoco ha elaborado un cuadro completo de tarifas y peajes por el uso de la red de distribución, con lo que las empresas no pueden calcular cuáles serán los márgenes de rentabilidad del gas.

Las liberalizaciones de los mercados energéticos son siempre complejas, porque requieren desmontar con prudencia y rapidez los monopolios de distribución (gasoductos, almacenaje y transporte) y porque la fijación de los precios suele estar condicionada por decenios de prácticas monopolísticas. Pero los Gobiernos de Aznar han pretendido resolverlas de un plumazo, con leyes y decretos sin la profundidad necesaria para crear auténticos mercados libres. La del gas confirma esta tendencia a liberalizar en falso y siempre a favor de las empresas dominantes.