El pacto de Sanidad con las farmacéuticas fija un ahorro máximo de 50.000 millones anuales

En los próximos tres años, el Ministerio de Sanidad podrá impulsar el uso de genéricos (fármacos sin marca, más baratos) y actuar sobre los precios de referencia (por encima de los cuales la sanidad pública deja de costear los medicamentos) para contener el gasto farmacéutico. Pero sólo hasta cierto punto. El pacto que la ministra Celia Villalobos firmó ayer con la industria farmacéutica impone un límite máximo de 50.000 millones de pesetas anuales al ahorro que las arcas públicas podrán obtener con esas medidas. Es decir, el ahorro no superará un 4% del gasto.

El otro punto principal del llamado 'Plan integral de medidas de control del gasto farmacéutico y uso racional del medicamento', que ya trascendió en días anteriores, es que la industria aportará entre 8.000 y 17.000 millones anuales a la investigación pública en cáncer, cardiología y genómica. En términos aproximados, la aportación será de 8.000 millones si el gasto farmacéutico crece un 6%, y de 17.000 millones si crece un 9%.

Pero la cuantía en que crezca el gasto farmacéutico dependerá de otras acciones de la Administración que no guardan relación con esas aportaciones de la industria. Una de las principales es el impulso que el Ministerio de Sanidad imprima al uso de los medicamentos genéricos: fármacos que, con la patente expirada, se venden sin marca a precios más baratos que los originales. Los genéricos están muy escasamente implantados en España. Suponen entre el 3% y el 5% del mercado. En otros países europeos esos porcentajes superan el 50%.

Otra medida de contención del gasto es la progresiva inclusión de grupos de medicamentos en el sistema de precios de referencia, por el que la sanidad pública se niega a costear totalmente los fármacos a partir de cierto límite de precio, siempre que exista un equivalente más barato.

Más autorizaciones

Sanidad podrá emplear estos dos mecanismos durante los próximos tres años. El acuerdo firmado ayer permite impulsar los genéricos 'mediante la mejora de los procedimientos administrativos de autorización y el estímulo de su utilización'. Y también 'el establecimiento de nuevos conjuntos [de medicamentos] dentro del actual sistema de precios de referencia'.

Pero el pacto impone un límite a esos mecanismos: la repercusión máxima conjunta de esas medidas se fija en 167.000 millones de pesetas (en precio de venta al público) durante los tres años del acuerdo. Esto implica un ahorro máximo para la sanidad pública de unos 50.000 millones anuales (el sistema público no costea siempre la totalidad de los fármacos; de ahí que la cifra de venta al público no se corresponda exactamente con el ahorro del sistema).

La intención original de Villalobos no era alcanzar un acuerdo de este tipo, sino seguir aplicando medidas coyunturales como las de los últimos cinco años. Éstas consistían en imponer a la industria la devolución de una parte de sus beneficios -un promedio de unos 30.000 millones anuales, aunque los detalles son compli-cados- a las arcas públicas. Fue la patronal de los laboratorios, Farmaindustria, la que propuso en abril negociar una alternativa en que sus contribuciones económicas tuvieran un carácter finalista, destinadas a financiar proyectos de investigación, y que de paso estuvieran integradas en un marco más predecible.

La industria se ha quejado desde hace años del carácter arbitrario, errático y coyuntural de los recortes que Sanidad decidía imprimir cada año a sus beneficios, y también de la absoluta falta de control que el ministerio ejercía sobre ese dinero, que se ingresaba en la Tesorería General del Estado sin especificar su destino.

Las negociaciones han sido muy complicadas, según reconocen ambas partes. La ministra Villalobos se opuso radicalmente al acuerdo desde el principio, y la negociación sólo se desbloqueó después de que la industria apelara al área económica del Gobierno, que se mostró más receptiva que Sanidad a sus planteamientos.

Borrador aceptado

Tras esos contactos con la vicepresidencia económica del Gobierno, Farmaindustria presentó en junio a Sanidad un borrador de acuerdo que no difiere en ningún aspecto esencial del texto firmado ayer. Con una excepción notable.

La industria pretendía que sus aportaciones a la investigación fueran gestionadas, evaluadas y vigiladas por una fundación, en la que hubieran estado representadas las empresas farmacéuticas y la Administración. El objetivo era evitar la opacidad anterior sobre el destino del dinero. Pero Villalobos se negó a aceptar este punto.

A falta de esa comisión de seguimiento, la industria constituirá su propia fundación, no ya para evaluar ni gestionar el dinero, sino sólo para vigilar su destino. Las empresas no tendrán capacidad decisoria sobre la distribución de sus aportaciones. El acuerdo sí recoge el compromiso de destinar esas partidas a tres investigaciones prioritarias: cáncer, cardiología y genómica.

El pacto también recoge las inversiones de la industria en I+D, que ascenderán a unos 75.000 millones anuales. Pero ésta es una cifra similar a la que ya venía invirtiendo por ese concepto en años anteriores.