Expertos y oposición dudan de que el pacto farmacéutico aminore el gasto

El acuerdo para controlar el gasto farmacéutico que hoy mismo firman el Ministerio de Sanidad y los laboratorios será recibido con un profundo escepticismo por los expertos y la oposición, que no creen que las aportaciones económicas de las empresas a la investigación pública aborden el fondo de la cuestión. La opinión mayoritaria es que contener el gasto requiere restringir los nuevos medicamentos.

Durante los próximos tres años, las empresas farmacéuticas aportarán entre 8.000 y 17.000 millones de pesetas anuales a la investigación pública en cáncer, cardiología y genómica. Por comparación con esa cifra, el gasto farmacéutico de la sanidad pública ascenderá este año a 1,2 billones.

El ex vicepresidente de la Comisión Abril de análisis y evaluación del sistema sanitario, Enrique Costas Lombardía, cree que el acuerdo 'supone un marco de expansión ilimitada del gasto'. Además, las aportaciones de la industria sólo representan entre un 0,7% y un 1,6% de sus ingresos, una vez descontado el ahorro de impuestos asociado. 'Me sorprende lo barato que le ha salido a la industria el pacto', confiesa este economista.

La verdadera contención del gasto requiere unas medidas muy distintas, según Costas. 'Más de la mitad del crecimiento anual de la factura farmacéutica se debe a la introducción de nuevos fármacos en el sistema, cada vez más caros', explica. 'Pero la gran mayoría de esas supuestas novedades farmacológicas no implican ninguna mejora respecto a los medicamentos preexistentes. Es imprescindible filtrar rigurosamente ese torrente de nuevos fármacos inútiles'.

Costas insiste en que el ministerio debe imponer estudios sistemáticos que comparen el coste y la efectividad de los nuevos medicamentos antes de su aprobación por la sanidad pública, en línea con los países más avanzados en este terreno, como Francia, Italia, Finlandia, Australia y Canadá. También propone una política de genéricos (fármacos sin marca, más baratos) mucho más agresiva.

El presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle, tampoco cree que el acuerdo sirva para contener el gasto farmacéutico. 'La industria dice que gasta mucho en I+D, pero una parte sustancial de esos recursos se dedica a pseudoensayos clínicos, que no son en realidad más que campañas de marketing'. Las medidas verdaderamente necesarias, según este especialista, son controlar la 'propaganda' con que los laboratorios bombardean a los médicos para que receten sus productos; que sea la Administración, y no las propias empresas fabricantes, la que informe a los médicos sobre las propiedades de los nuevos medicamentos; y potenciar mucho más los genéricos.

La responsable de sanidad en la ejecutiva del PSOE, Consuelo Rumí, coincide en que el pacto no sirve para contener el gasto, y también en las medidas que sería necesario adoptar, pero añade un ángulo: 'El Gobierno ha ignorado por completo a las comunidades autónomas en las negociaciones, lo que es particularmente preocupante a sólo meses de que concluyan las transferencias'.