Sanidad vuelve a recortar a Barbacid 1.200 millones del presupuesto previsto
El año pasado, la crisis se acabó resolviendo con dinero 'recaudado' de Farmaindustria
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que dirige Mariano Barbacid, ha vuelto a ver frustradas sus expectativas de financiación pública. Barbacid contaba con 3.592 millones de pesetas para 2002, pero los Presupuestos Generales del Estado le han recortado esa cifra en 1.200 millones. El recorte compromete gravemente los planes del centro, incluida la nueva unidad de biología estructural -que iba a dedicarse a la creación de nuevos fármacos antitumorales- y el programa de biochips, que ahorrará miles de millones a la sanidad pública desde 2004.
El regreso de Barbacid a España, tras 24 años de investigación oncológica de vanguardia en Estados Unidos, fue presentado por el anterior Gobierno del PP como un logro político y un ejemplo del nuevo modelo de investigación biomédica, basado en una práctica científica de primera línea, bien financiada y con aplicaciones directas a la sanidad pública española.
Un ejemplo perfecto son los biochips que ya está produciendo y utilizando el CNIO. Los biochips sirven para determinar la ficha genética exacta de cada tumor, y se utilizarán en un plazo de tres años para decidir la terapia óptima en cada caso. Las empresas norteamericanas que los fabrican cobran cerca de medio millón de pesetas por tres biochips de un solo uso, que además no están optimizados para esa función diagnóstica. Barbacid está fabricándolos a 60.000 pesetas, y espera recortar ese coste a una décima parte al producirlos en serie.
Ya el año pasado, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, cercenó en 1.000 millones los presupuestos públicos del CNIO para 2001 (de 3.300 a 2.300 millones). Barbacid estuvo a punto de dimitir.
Villalobos desactivó la crisis gracias a una aportación extraordinaria de la industria farmacéutica, a través de su patronal Farmaindustria, por un importe cercano a los mil millones recortados de los presupuestos generales.
El 19 de junio pasado, en la presentación oficial de los biochips organizada por el Ministerio de Sanidad, Barbacid cifró en 3.592 millones sus previsiones de financiación pública para 2002, y manifestó la necesidad de que esa partida estuviera especificada en los presupuestos generales del Estado, precisamente para evitar bandazos financieros imprevistos.
No ha sido así. El apartado de los presupuestos generales para 2002 correspondiente al Ministerio de Sanidad para 2002 no reserva para el CNIO los 3.592 millones necesarios, sino sólo 2.400 millones.
Un recorte de 1.200 millones es una cuestión muy grave para un centro de investigación que aún necesita dotarse de infraestructuras y equipamientos. Baste recordar que una sola máquina de análisis de proteínas, que el CNIO deberá comprar para su nueva unidad dedicada al desarrollo de fármacos contra el cáncer, cuesta cerca de mil millones de pesetas.
Ninguna fuente, ni ministerial ni empresarial, pudo explicar ayer si el recorte de 1.200 millones podrá ser compensado con nuevas aportaciones de los laboratorios farmacéuticos. Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad están ultimando un acuerdo económico cuya conclusión más probable será una aportación por la industria de 15.000 millones anuales durante los próximos tres años, que deberían ser dedicados a la investigación biomédica pública. El acuerdo será anunciado en las próximas semanas.
Pero es imposible saber si el CNIO se beneficiará de esa partida privada. Según fuentes de Farmaindustria, el año pasado las empresas aportaron 5.000 millones que en teoría iban a ser para el CNIO. Pero este centro sólo recibió 900 millones de ese dinero. Sanidad repartió el resto entre diversos grupos del Instituto Carlos III, también dependiente de ese ministerio.
El centro de Barbacid tiene previsto irse integrando poco a poco en la sanidad pública. Durante los próximos tres años, los investigadores del CNIO prevén analizar muestras de miles de pacientes de cáncer, incluidos en ensayos clínicos en toda la red hospitalaria pública, para establecer cómo se correlacionan las propiedades de cada tumor con su ficha genética. Esas correlaciones se utilizarán luego para decidir el tratamiento de cada nuevo caso.
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