Duras críticas de toda la oposición a la ley universitaria por 'retrógrada' y 'centralista'

El primer debate del proyecto de la Ley de Universidades estuvo salpicado ayer de duras críticas al texto del Gobierno por parte de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y Coalición Canaria. CiU dio una de cal y otra de arena. Sostuvo que el proyecto 'queda muy lejos de lo que necesita la Universidad ', aunque expuso condiciones para aceptarlo. El resto de de los grupos (el 40% de los diputados) dijeron que la ley 'refleja una añoranza del pasado', 'es elitista', 'no respeta las competencias autonómicas', 'es intervencionista' y 'centralista'. Las nueve enmiendas a la totalidad fueron rechazadas. Pilar del Castillo dijo que el Gobierno está abierto a modificar el proyecto.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, que estuvo escasamente acompañada en los escaños populares durante el debate, hizo una exposición general del contenido de su proyecto. Aseguró que el texto llevará a una 'universidad moderna' y que tiene entre sus objetivos el acercamiento al marco europeo. También dijo que la ley 'denota de manera inequívoca la confianza de la sociedad en las universidades', a pesar de las manifestaciones vertidas en los últimos días por el propio presidente del Gobierno sobre el 'progresismo trasnochado' de los miembros de la universidad que rechazan su reforma universitaria.

Lejos de esa afirmación de la ministra está además una de las medidas más criticadas de la ley, el cese inmediato, en cuanto entre en vigor, de los actuales rectores y claustros, elegidos democráticamente, un aspecto que estuvo presente reiteradas veces en la sesión de ayer.

De hecho, la retirada de esta medida, incluida en la ley justo antes del verano como disposición adicional, es una de las condiciones que puso el portavoz de CiU Ignasi Guardans para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo con el fin de que la ley pase, según dijo, 'del suspenso alto', que tiene hoy, a 'un aprobado'. Algunos rectores y representantes políticos socialistas han calificado esta disposición adicional como 'una venganza' del Gobierno hacia los rectores por oponerse de forma unánime a su ley.

Las otras cuestiones que a Guardans le parecen 'inasumibles' de la ley popular son 'el papel de la Agencia Nacional de Evaluación y Cualificaciones' -que es 'incompatible' con la agencia que ya tiene Cataluña (además de Andalucía) porque 'viola las competencias autonómicas'-; el perjuicio que puede producir la ley a la enseñanza virtual, el 'margen de inseguridad jurídica' y el sistema de becas universitarias centralizado. Precisamente ayer hizo pública el Tribunal Constitucional una sentencia que da la razón a la Generalitat de Cataluña en su reivindicación de que las comunidades autónomas son las que deben gestionar las becas universitarias.

El portavoz de CiU criticó la propuesta de ley del PSOE (por la que votó en contra), dijo que en las nueve enmiendas presentadas 'no hay un modelo alternativo de universidad ideal', hizo un llamamiento para que se evitara el dogmatismo y para que no se diga que con el proyecto del PP todo vaya a ser 'un caos' porque 'no está tan lejos de la LRU y no es una revolución'.

La diputada socialista Carme Chacón aseguró que 'hay un desacuerdo unánime' hacia el proyecto 'retrógrado' de Pilar del Castillo' y que el Gobierno 'está demonizando a todo aquel que discrepa de su proyecto'. Esto significa, según el PSOE, que la ley 'está condenada al fracaso por la desconfianza mostrada por el Gobierno hacia la universidad española', que será la que la tenga que poner.

Chacón reprochó al Ejecutivo que 'haya eliminado la selectividad sin decir cómo va a ser a partir de ahora el acceso a la universidad y si va a haber una reválida'. La falta de financiación de la ley y de una solución para la descoordinación entre Ciencia y Tecnología y las universidades, así como la merma de la autonomía universitaria fueron también criticados por el PSOE.

'Modelo de los cincuenta'

La intervención del portavoz del PNV Xose Joan González de Txabarri fue muy contundente. Calificó el proyecto de 'retrógrado', 'similar a un modelo de los años cincuenta', 'elitista', 'sin perspectiva europea', 'controlador', 'uniformista' y 'antiautonómico'. Recriminó al Gobierno que en todo el texto 'no se haga una sola mención a la existencia del bilingüismo', ignorando que 'el 40% de la población del Estado es bilingüe', y solicitó 'una ley de bases'.

Por parte de IU, Luis Carlos Rejón, aseguró que el proyecto no se puede 'rehabilitar' porque es como un edificio viejo; y, por el Grupo Mixto, defendieron también esta tesis los portavocez del BNG, EA, Partido Andalucista, IC y la Chunta Aragonesista.