Más de 5.000 profesores firman un manifiesto contra la ley de Universidades

Más de 5.000 profesores universitarios han firmado hasta la fecha dos manifiestos contrarios al proyecto de Ley de Universidades, una norma que consideran "confusa y de difícil aplicación" que de no ser retirada "puede crear un conflicto de carácter general".

Así lo ha afirmado hoy el catedrático de Historia Contemporánea Javier Tussell, firmante de uno de los manifiestos, quien ha pedido "calma y consenso" para seguir adelante con el proyecto de ley orgánica, en trámite parlamentario, pese a que "el Ministerio de Educación ha actuado de una forma que no tiene fácil solución".

En conferencia de prensa para presentar ambos documentos, -enviados al jefe del Gobierno, José María Aznar-, el historiador y otros cuatro catedráticos de universidades de Valencia, Barcelona y Madrid han pedido que representantes de la Universidad española comparezcan en el Parlamento para dar su punto de vista sobre el proyecto, que se prevé aprobar en el Parlamento a finales de este mes.

Los manifiestos, a los que la comunidad universitaria puede sumarse enviando un correo electrónico a manifiesto@universia.net o a www.uv.es/contralalou, coinciden en criticar que la ley "resta mucha capacidad de autogobierno a las universidades" y no asegura la pretendida calidad de la enseñanza. Además, los firmantes se oponen al nuevo sistema de selección del rector y del profesorado.

Según Tusell, es una norma "confusa y de difícil aplicación, es probable que alguna universidad se niegue a aplicarla", lo que puede crear "un conflicto de carácter general. Tememos una conflictividad grave o gratuita simplemente porque no se nos ha querido escuchar".

"Nuestras pretensiones son apaciguar la urgencia y que se dé tiempo a la discusión sosegada en el Parlamento", ha agregado Tusell, quien se ha mostrado a favor de la intervención de Aznar o de las Cortes en esta cuestión.

Resultados catastróficos

En esta línea, el catedrático de la Universidad de Valencia Antonio Martínez Andreu, ha añadido que el Ministerio de Educación "debería oír a la Universidad, oír lo que opinan más de 5.000 profesores y no empecinarse en una tramitación parlamentaria que es inadmisible".

Esta "urgencia desenfrenada por aprobar la LOU" también fue subrayada por el catedrático de la Universidad de Barcelona Miguel Angel Aparicio, que ha pedido la comparecencia de la institución universitaria en el Parlamento y ha pronosticado "resultados catastróficos" a consecuencia de los "enormes errores" contenidos en la ley.

Asimismo, el catedrático de la Universidad de Valencia Francisco Montes, cuya institución promovió el primer manifiesto contra la ley orgánica, ha señalado que en su opinión personal la norma destila una "desconfianza total hacia la Universidad, y lo único que pretende es poder entrar en ella para gobernarla".

Por otro lado, José González Calbert, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ha denunciado que el proyecto de ley sólo mencione que el "profesor tiene el derecho y el deber de investigar", cuando la Universidad pública concentra "el 70% de los fondos" destinados a Investigación y Desarrollo (I+D).

Al documento promovido por la Universidad de Valencia se han sumado hasta el momento unas 3.200 firmas, mientras que al segundo -surgido de modo "espontáneo" y colgado en Internet desde mediados de septiembre, se han adherido cerca de 2.000.