Los rectores creen que la reforma aprobada por el Gobierno no es la que necesita la universidad española

La reforma universitaria del Gobierno propicia 'la separación entre sociedad y universidad' y es 'muy reglamentarista y poco abierta'. Esto impide que cada universidad pueda adaptar los cambios a sus circunstancias particulares, señaló ayer el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, tras hacer público el análisis realizado por los rectores del texto definitivo de la Ley de Universidades (LU), aprobada por el Gobierno a finales de julio.

La conferencia de rectores no decidió ayer si apoyará o no 'como organismo' las huelgas generales y manifestaciones anunciadas por las organizaciones de estudiantes contra la ley, que tendrán lugar a partir de octubre. Sin embargo, De la Plaza manifestó que cada rector tiene autonomía para decidir si apoya las protestas de los colectivos de su universidad, algo que algunos de los máximos responsables de estas instituciones no descartan, según señalaron a este periódico.

En la reunión de la CRUE (formada por 65 de las 68 universidades españolas) celebrada ayer en Madrid, a la que asistieron 59 rectores de universidades públicas y privadas, este organismo acordó hacer llegar a los grupos parlamentarios sus propuestas de cambio de la ley para que puedan incluirlas en las enmiendas que presenten en el Congreso de los Diputados. El lunes próximo acaba el plazo para realizar enmiendas a la totalidad del proyecto y el martes, para las parciales. El PSOE y los nacionalistas vascos han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad. En cuanto a las parciales, todos los grupos tienen previsto llevar al Congreso un buen paquete. CiU pedirá, por ejemplo, que se suprima del proyecto que los rectores y claustros tengan que dimitir al aprobarse la ley.

Los rectores ya presentaron antes del verano propuestas alternativas a la ley del Gobierno y según De la Plaza, 'tras analizar el texto definitivo, se observa que no han recogido ninguna'. Para los rectores, el proyecto de ley 'no ofrece el marco necesario para que la universidad dé un salto cualitativo en calidad, autonomía, gobierno, profesorado y financiación'.

En referencia a las críticas a las universidades vertidas por el Gobierno, de la Plaza destacó con cifras el avance que han vivido en los últimos años: en 1990, la contribución científica de las universidades españolas era del 1,5% y a finales de esa década, del 2,6%. Además, desde finales de los ochenta, el creciento anual de la producción científica española ha sido del 8,4%, frente al 2,2% que creció la media de la UE.