Berlusconi acepta una investigación limitada sobre la violencia en Génova

El Gobierno de Silvio Berlusconi y la oposición italiana (a excepción de Refundación Comunistas) llegaron ayer a un acuerdo para la creación de una comisión informativa sobre los incidentes de la pasada cumbre del G-8 en Génova. Estos parlamentarios, sin embargo, tendrán solo una capacidad limitada a enviar un informe al Gobierno sobre los hechos, sin los efectos de una comisión de investigación con sus correspondientes responsabilidades políticas, solicitada por la oposición. Por esto, la oposición pretende hoy presentar una moción de censura contra el ministro de Interior, Claudio Scajola.

Cinco mandos policiales italianos, de los 13 que deberán prestar declaración en calidad de testigos, sobre el registro efectuado por la policía a la sede del Foro Social de Génova la noche del sábado 21, durante la celebración de la cumbre del G-8, declararon ayer ante el juez. Según los policías, el registro fue una reacción a la agresión que aseguran sufrieron por parte de jóvenes alojados en el centro.

El ataque con piedras a un coche de la policía que patrullaba por la zona hizo presuponer a las autoridades que en la sede se encontraban personas 'relacionadas con el ala violenta de los manifestantes', según el testimonio recogido por el fiscal Francesco Lalla, quien afirmó que 'no existen contradicciones entre las declaraciones de los policías'.

El registro de la Escuela Diaz, sede del Foro Social, agrupación que engloba a unos 800 grupos antiglobalización, se saldó con con un centenar de detenidos, la mayoría de los cuales aseguran haber sufrido malos tratos, como afirman las denuncias presentadas.

Trifulcas políticas Tras los primeros resultados de la investigación, el ministro italiano de Justicia, Roberto Caselli, declaró que no se produjeron irregularidades durante el asalto policial a la Escuela Diaz, pero que 'quizás sí se cometió algún error'. El líder opositor Piero Fassino, ex ministro de Justicia, respondió: 'No estamos en presencia de un error sino de algo mucho más grave'.

Por su parte, el ex primer ministro izquierdista Massimo D'Alema, que en relación a la Alianza Nacional (de origen fascista e incluida en la coalición de Gobierno) se interrogaba si a través de las fuerzas del orden la derecha 'no habría querido mandar una señal al país' y agregaba que AN 'tiene relaciones dentro de las fuerzas del orden' y que 'en democracia no se puede hacer uso de los aparatos [del Estado]'. Luciano Violante, de los Demócratas de Izquierda (DS), se preguntaba: '¿Qué hacía el vicepresidente del Consejo de Ministros, Gianfranco Fini en Génova?'.

Como 'razonamientos aberrantes' definió Fini las preguntas de D'Alema, asegurando que además eran ofensivas para las fuerzas del orden, 'cuya fidelidad a la Constitución está fuera de discusión', y que se habían batido para 'defender a las instituciones'.

El presidente de la Cámara de diputados, Pier Ferndinando Casini, perteneciente a la coalición gobernante, aseguró que sobre los incidentes de Génova hay una exigencia de conocer la verdad, 'y por lo tanto el Parlamento debe dar respuestas'. Las afirmaciones de Casini reabrieron la esperanza de que se llegue a un acuerdo entre Gobierno y oposición para que se suspenda el voto de censura sobre el ministro de Interior, Claudio Scajola, a cambio de la institución de una comisión de investigación sobre la actuación policial. No hubo acuerdo y se decidió que hoy se debatirá en el Senado la moción de censura contra Scajola

Ayer dio comienzo la identificación de los manifestantes que destruyeron e incendiaron establecimientos en Génova. Las imágenes y fotografías de los actos vandálicos serán confrontadas con las de los detenidos por las fuerzas del orden, incluidos unos treinta jóvenes que aún permanecen detenidos.